Acá y en todo el mundo los pronósticos económicos se hacen cada vez más sombríos. China cayó 6,8 % en el primer trimestre de este año; no tenía la evolución del PBI en rojo hace 44 años. En EE. UU., que tiene un desplome de su economía mucho más veloz que el de 2008, las solicitudes de desempleo llegaron a 22 millones en cuatro semanas. Antes de conocerse esta pérdida abrupta del empleo en Estados Unidos, según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo aumentará al menos en 25 de millones de personas este año en todo el mundo. Acá en la Argentina, donde la profundidad de la caída está aún por verse, solo considerando las denuncias que publican distintos medios que recoge el Observatorio de Despidos durante la Pandemia hay, por lo menos, más de 16.000 trabajadores despedidos o suspendidos. Esto es solo la punta del iceberg de los efectos de la pandemia que las patronales aprovechan para iniciar una ofensiva que va cobrando cada vez mayores dimensiones. Son 12 millones quienes solicitaron la ayuda de emergencia del gobierno de solo 10.000 pesos, de los cuales 8 millones la recibirán.
En todo el mundo se votan paquetes multimillonarios, la mayor parte de los cuales se dirige a salvar a las empresas inyectándoles dinero y reduciéndoles impuestos, y hasta pagando salarios. Las sumas comprometidas en algunos países alcanzan el 10 % del PBI, aunque numerosos analistas, incluso los mismos que hasta semanas atrás elogiaban siempre la austeridad fiscal, evalúan que lo hecho hasta ahora puede ser insuficiente y no evitar las quiebras de empresas. Lo que es seguro, es que estamos en todo el mundo ante un salto del gasto, que incluso en la UE llevó a la suspensión por el momento de los estrictos pactos fiscales, que prohíben déficits mayores al 3 % del PBI.
En la Argentina, país al borde del default, que por tanto no puede recurrir a la emisión de deuda en gran escala, ni tampoco tiene los amplios márgenes de emisión monetaria con los que cuenta EE. UU., el anuncios de medidas de estos días (de una escala obligadamente mucho más modesta que en otros países, de 2 o 3 puntos del PBI) metió en el debate nacional una cuestión que en los últimos años entró en discusión en varios países, empujada por la crisis de las políticas neoliberales y el flagrante aumento de la desigualdad: se trata de la propuesta de cobrar impuestos progresivos a los patrimonios de los millonarios.
Mientras el gobierno nacional acaba de ofrecer una reestructuración de deuda que es menos agresiva de lo que se esperaba para los acreedores, aunque todavía requerirá probablemente más concesiones para ser aceptada, y viene de pagar 7.000 millones de dólares a los especuladores, más de tres veces el presupuesto anual de salud de Nación, un grupo de legisladores del Frente de Todos presentarían en el Congreso un proyecto de Ley impositivo que gravaría con muchos recaudos a los patrimonios de 12.000 personas con fortunas mayores a los 3 millones de dólares, un universo que implica el 1,1 % del total de los contribuyentes del impuesto a los bienes personales. El diputado oficialista Carlos Heller –luego de reunirse con Alberto Fernández, Máximo Kirchner y Martín Guzmán–, anticipó que este impuesto recaudaría apenas USD 3.800 millones, lo cual cubriría los ingresos de quienes cobren el magro Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10 mil (8 millones de personas calcula el gobierno) por solo tres meses.
Como era de esperar la respuesta de los empresarios fue negativa ante el proyecto. Ellos hablaron a través del abogado del “diablo”, Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, quien consultado al respecto sostuvo que “hay que entender que estamos en contra de que haya más impuestos y estamos a favor de que haya más incentivos para que crezca la inversión”. Considerando que la inversión (Formación Bruta de Capital Fijo) viene a la baja desde el 2018, luego de un estancamiento que comenzó en 2012 y que hoy en la industria la capacidad ociosa es de al menos el 40 %, las palabras de Funes de Rioja en medio de la pandemia, ratifican que los empresarios solo están pensando en cómo mejorar sus negocios; mientras despiden trabajadores o les rebajan sus salarios como hizo el empresario nacional más rico del país, Paolo Rocca de Techint, que contó además con el aval del ministerio de Trabajo y el sindicato.
En la Argentina la emergencia sanitaria se suma a la “emergencia económica” que declaró el gobierno de Alberto Fernández apenas asumió. Allí mostró que, lejos de pretender que sean los grandes ganadores de la era Macri, que previamente se la habían “llevado en pala” bajo el ciclo kirchnerista, sería a sectores de quienes cobran un haber jubilatorio y sectores medios a quienes se exigiría la mayor “solidaridad”… en favor de los usureros de la deuda. A los banqueros no les pidió nada, y al agropower apenas migajas. Fernández volvió a fijar las retenciones a la soja en valores cercanos a los que regían en los gobiernos kirchneristas y, en menor medida, lo hizo con las del maíz, el petróleo y la minería. Restituyó las alícuotas de bienes personales vigentes en 2015 que van del 0,5 % para patrimonios que excedan los 2 millones de pesos al 1,25 % para los que superen los $18 millones, un impuesto que con toda furia alcanza al 1 % del total de la recaudación pública (y afecta por igual a clase media y a los más ricos del país) y hacia las provincias congeló las alícuotas de ingresos brutos que benefician a grandes empresarios, convalidando las rebajas efectuados con el Consenso Fiscal 2017.
Pese a las quejas de siempre de los liberales que consideran que los impuestos en Argentina sobre los empresarios son propios del infierno, el gobierno en lo que respecta a afectar los intereses de los grandes ganadores con el macrismo como los bancos, los especuladores financieros o las empresas privatizadas de servicios públicos, ha mantenido un especial cuidado. Incluso el Programa de Emergencia al Trabajo y a la Producción contempla una reducción de los aportes patronales del 95 % o el diferimiento de su pago, alcanzando no solo a las empresas chicas, sino también a las grandes. Esta medida que desfinancia el Anses a favor de los empresarios, además prevé fondos para pagar salarios por aproximadamente 380.000 millones de pesos y con un aval del decreto 329/2020 para que puedan suspender y aplicar rebajas salariales. Con estos antecedentes el proyecto de gravar las grandes fortunas que impulsan legisladores del Frente de Todos representaría solo un gesto hacia un sector de la población que esperaba que el gobierno se plante frente a los empresarios ante los cuales se mostró cediendo, luego de calificarlos de miserables.
Y el mismo proyecto del oficialismo, curiosamente (o no tanto) no tuvo ninguna mención por parte de Máximo Kirchner en la reunión de jefes de bloque con Alberto Fernández de este último viernes. Los ricos, ¿pondrán su monedita ante la crisis, o todo era una cortina de humo en medio de la discusión sobre cómo sigue la “cuarentena sin GPS” que aplicó el gobierno sin siquiera acompañarla de testeos masivos y otras medidas clave?
Que la crisis la paguen los ricos
La situación de emergencia sanitaria con los hospitales devastados durante décadas de ajuste, con casi 16 millones de personas en la pobreza y 3,5 millones en la indigencia exige una respuesta urgente. El gobierno apela como herramienta de financiamiento del gasto público a la emisión monetaria del Banco Central para financiar a las empresas (y previamente para el pago de la deuda); mientras toma fondos del ANSES continuando con el desfinanciamiento del sistema jubilatorio de los gobiernos anteriores. Por el contrario, los recursos para atender la emergencia sanitaria, económica y social deben salir de las fortunas de los millonarios como deja en claro el Frente de Izquierda.
Según la revista Forbes solo las 20 personas con mayores patrimonios del país concentraban en 2019 una riqueza superior a 41.700 millones de dólares, esto equivale al 13 % del PBI. Entre los seis primeros del ranking se encuentran Paolo Rocca y familia –Grupo Techint– (U$S 8.000 M); Alejandro Bulgheroni y familia –petrolera PAE– (U$S U$S 6.200 M); Gregorio Pérez Compac y familia de Molinos Río de la Plata (U$S 3.000 M); Alberto Roemmers –laboratorios– (U$S 2.800 M); Jorge Pérez de Related Group (U$S 2.600 M) y Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre, (U$S 2.500 M). Estos empresarios, entre otros, son partícipes de la fuga de capitales que entre 2003 y 2015 llegó a 102.000 millones de dólares y en los cuatro años siguientes alcanzó los U$S 81.000 millones. Sus fortunas llevadas al exterior, muchas veces sin declarar ante la AFIP como se dio a conocer recientemente con 950 cuentas que tienen activos por U$S 2.600 M, o conservadas bajo la forma de dólares, es el resultado de las ganancias millonarias de las empresas. Las 500 empresas de mayores ventas del país acumularon 67.300 millones de dólares de ganancias netas en el período 2016-2018. Entre algunos ejemplos, podemos mencionar las empresas farmacéuticas, energéticas, mineras y petroleras [1] o los bancos que el año pasado tuvieron ganancias por 314.044 millones de pesos.
Para el Frente de Izquierda se trata de dar una salida integral a la emergencia sanitaria y social, por este motivo, los legisladores Nicolás Del Caño y Romina Del Plá presentaron en el Congreso un proyecto que propone aplicar un conjunto de impuestos a los dueños del país. Entre ellos, el más importante es el que recaería sobre unas 15 mil de las personas más ricas del país, una ínfima parte de la población (apenas, el 0,04 %). El impuesto es aplicable a partir de un patrimonio total mayor a $ 100.000.000 (cien millones de pesos) al 31 de diciembre de 2019. En él se incluyen todos los bienes (automóviles, yates, etcétera), incluidas las tenencias accionarias o participaciones societarias a precios de mercado al 31 de diciembre de 2019. Mientras que los inmuebles urbanos y rurales serán válidos conforme a su valor fiscal en función de la información que publican entidades y organismos reconocidos (como ARBA, por ejemplo). También se establece un impuesto extraordinario sobre las ganancias de los bancos privados, a las altas rentas empresariales, a la gran propiedad de la tierra y la vivienda ociosa. Se estima que se podrían recaudar entre U$S 15.000 millones y U$S 20.000 millones.
A su vez, a diferencia de quienes pretenden cobrar impuestos a los millonarios para financiar cualquier gasto del Estado (y en estos meses el principal siguió siendo pagar la deuda), el proyecto del Frente de Izquierda plantea un destino específico de los fondos y, que estos sean controlados por trabajadores de la salud y especialista de distintas áreas [2], porque no se puede permitir que con ese dinero se siga pagando deuda o subsidiando a los empresarios que despiden y rebajan salarios. Se busca garantizar un salario de cuarentena de 30.000 pesos para 8 millones de trabajadores desocupados e informales durante cuatro meses, insumos y recursos para hospitales y la construcción de viviendas sociales.
La propuesta que planteamos desde la izquierda de gravar las fortunas de los millonarios para financiar un plan emergencia a favor de la clase trabajadora es una medida de autodefensa. La misma requiere prepararse defendiendo cada puesto de trabajo y enfrentando las rebajas salariales desde ahora, lo cual, también plantea exigir a los sindicatos que se pongan a la cabeza de los demandas de los trabajadores. Si los capitalistas cierran o despiden en forma masiva, hay que ocupar y poner a producir las fábricas. Con la apertura de los libros de contabilidad, el levantamiento del secreto comercial y el control de precios de comités de trabajadores y consumidores.
Conformando comisiones de seguridad e higiene en las actividades esenciales o en aquellas actividades no esenciales donde los capitalistas presionan para levantar la cuarentena y poner en riesgo la vida de los trabajadores. Ante la situación dramática que se vive, el pueblo trabajador tiene que ser consciente que si no interviene con su fuerza social en esta crisis los capitalistas y su Estado le hará pagar los costos. Solo con la movilización de millones se puede lograr una salida definitiva de la crisis superando este régimen social y político logrando un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capital.
