En esta medida tomada por la Generalitat, además de mantener los pagos fijos ya establecidos mensualmente, se pagará a la sanidad privada concertada la cantidad de 43.000 euros aprox. por cada paciente dado de alta y que haya sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Por lo tanto, estas cifras implican que la sanidad privada obtendrá 1.000.000 de euros por cada 23 pacientes graves que traten.
La cifra llama poderosamente la atención, ya que el modelo de Salud catalán, en buena medida privatizado desde hace años, calculaba hasta ahora un coste de 23.000 euros por enfermo. Según Lluis Monset, director general de la Asociación Catalana de Entidades de Salud, el tratamiento “son poco más de 1.000 euros al día”, y una estancia media de 21 días por paciente.
Sin embargo, el decreto ley no concreta en base a qué criterios se han establecido las tarifas, lo que arroja enormes diferencias con otras comunidades autónomas, llegando casi a duplicarlas: frente a los 43.400 por alta completa de un paciente que ha pasado por una UCI en Catalunya, Navarra pagará 24.000 euros por cada paciente que esté 21 días en la UCI.
El decreto no solo contempla las cantidades a pagar por altas de UCI, para los pacientes menos graves se calcularán 2.500 euros para hospitalizaciones de menos de 3 días y 5.000 a partir de 4 días y un abono de 93 euros por cada test PCR que se efectué.
Es decir, el coronavirus va a permitir que los hospitales privados de Cataluña dupliquen sus ganancias con cada persona que ingrese en una UCI aquejada por el virus. Una sustanciosa paga extra en forma de maná que le llega a la Sanidad privada por decisión directa de los responsables autonómicos catalanes.
En un alarde de honestidad, el decreto contempla una auditoría a posteriori donde se calculen los gastos reales de la intervención privada, exigiendo la devolución del exceso de las cantidades aportadas, si las hubiera, y el beneficio fuera “razonable”, y al mismo tiempo el pago suplementario diferencial si estas cantidades fueran más elevadas.
Habría que ver que es un beneficio “razonable” para el Govern catalán, no podemos olvidar que la mayoría de estos hospitales funcionan con el lema “La Generalitat paga, tu gestionas”, pero sus consorcios gestores lo forman alcaldes y consejeros elegidos por ellos mismos, gestionando estos centros hospitalarios, pero sin obligación legal de presentar memorias ni cuentas anuales.
Los orígenes del colapso sanitario actual: los recortes y un modelo de privatización encubierta desde CiU al Tripartito
Si hoy Quim Torra puede llevar adelante estos decretos, es porque la sanidad catalana ya está estructurada bajo un modelo de privatización encubierto, construido desde décadas por los gobiernos desde el de CIU al del Tripartito. Se podría decir desde la década del noventa, con un nuevo salto de recortes y privatizaciones en el 2008 hasta hoy.
Àngels Vilaseca analiza en su artículo que, "la privatización de la Sanidad catalana viene de lejos. De hecho, el actual modelo sanitario catalán se basa en un modelo mixto que se consolidó en 1990 con la Ley de Ordenación Sanitaria, posando en funcionamiento la Red de Hospitales de Uso público (XHUP). Esta Red es creada nada más y nada menos que para favorecer el sector privado,aglutinando todo tipo de empresas de derecho privado: empresas públicas, holdings, EBAs (Entidades de Base Asociativa), consorcios, etc."
¡Intervención de la sanidad privada ya!
Según Torra esta crisis la tiene que pagar el Estado y no los empresarios ni los trabajadores, algo que parece una incongruencia. Por un lado son los empresarios del sector sanitario privado los que llevan beneficiándose del sistema privatizador con millones de euros de beneficios anuales y por lo tanto son los que ahora deberían soportar la carga económica de esta pandemia y por otro se le olvida al Sr. Torra que si es el Estado el que paga, estamos pagando todos los trabajadores, por algo que ya hemos cotizado con nuestros impuestos.
Para la CUP este es el funcionamiento desde hace décadas de los distintos gobiernos y ni en plena crisis del COVID19 dejan de garantizar a empresas privadas sus beneficios, permitiendo que el sistema público funcione bajo objetivos empresariales y criterios de rentabilidad que convierten a la salud de las personas en un suculento negocio y vacían las arcas del Estado. #DefensemLaPublica por una sanidad 100% pública y universal.
Intervención real ya de la sanidad privada y todos sus recursos mediante su expropiación. Que no se haya tomado ya esta medida es la responsable de miles de muertos. Estos recursos, bajo control de comités de trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública y usuarios, son la garantía de un uso colectivo y democrático y al servicio de las necesidades sociales y no de una minoría de parásitos enquistados en la sanidad. | 
