Desde el 20 de marzo se contabilizan 4665 detenidos y 1904 vehículos secuestrados. Las denuncias por abusos policiales inundan las redes sociales y se repiten a diario. Se refuerza el aparato represivo del Estado ante el agravamiento de la crisis social y económica.
Se cumple un mes desde que, ante el avance de la pandemia Covid-19 en todo el mundo, el gobierno nacional dispuso el aislamiento social obligatorio. Desde los primeros días y a lo largo de todo el mes, la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles vino acompañada de cientos de denuncias apremios y abusos policiales de todo tipo a lo largo y ancho de todo el país.
No pasaron 48 horas de dictada la medida cuando empezaron a circular decenas de videos de la Policía entrando a las barriadas populares a escopetazos y con la más absoluta impunidad para imponer un virtual "Estado de sitio" en toda la provincia.
A los cuatro días del inicio de la cuarentena, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación denunciaba penalmente a la Policía de Tucumán por abusos y pedido de coimas en al menos cuatro comisarías.
Estas prácticas no son una novedad, las razzias policiales en las barriadas llenan las comisarías de jóvenes que son brutalmente apaleados. Cuando las familias se acercan desesperadas a los centros de detención, se le pide que traigan miles de pesos para liberarlos. Con la cuarentena, los barrios se convirtieron en un verdadero coto de caza para una policía que cuenta para estas prácticas con el aval de la justicia y del gobierno provincial.
El número de detenidos va en ascenso y cuando rebalsaron las comisarías el Ministerio Público Fiscal (MPF), que realiza sus operativos callejeros junto con la Policía, dispuso del complejo Belgrano como centro de detención. Al igual que en las comisarías, allí se ejerce la brutalidad policial con total impunidad.
En algunos municipios las medidas se endurecieron aun más respecto a las disposiciones nacionales y los intendentes directamente impusieron un virtual "toque de queda", por cual se prohíbe -sin excepciones- la salida de los hogares desde las 15 horas. Esto ocurrió, por ejemplo, en la Banda del Río Salí, donde la policía de Darío Monteros es una de las denunciadas por abuso y pedido de coimas.
Los operativos policiales no se circunscriben a la vía pública, también hemos visto la circulación de videos en los que la policía propina sus golpizas dentro de los domicilios. Total normalidad para el gobierno de Manzur.
Tampoco distingue si se ejerce contra niños, jóvenes o ancianos. Hace unos días todo el país se indignaba con las imágenes que circularon por las redes de un grupo de policías bajando a golpes de una moto a un jubilado que había ido a la farmacia. Estas prácticas no son "excesos" policiales, son el modus operandi de las fuerzas represivas del Estado -es decir, del aparato de gobierno de la clase capitalista.
Pero como con la Policía y la Gendarmería Nacional, no les alcanza para contener la situación, desde el MPF -y con la anuencia del gobierno y la Corte Superma- otorgaron poder de policía a las empresas de seguridad privada, que ahora pueden denunciar y poner a disposición de la Policía los datos de las personas que se mueven en su área. Estas empresas están nucleadas en la Cámara Tucumana de Empresas de Seguridad e Investigación (CATESI), bajo la órbita del ex comisario Alberto Alcaraz -formado por el Malevo Ferreyra-, cuenta con los servicios de retirados que cumplieron funciones durante la dictadura. No solo están en los barrios privados. Cubren servicios en numerosos consorcios y empresas transitadas por miles de laburantes.
Desde el inicio de las medidas dispuestas por el gobierno, solo el Frente de Izquierda denunció la militarización de los barrios, complemento de una "cuarentena sin GPS". Estrategia sanitaria que tiene por recurso central el aislamiento y la individualización de la responsabilidad en cuanto a la prevención, mientras que la Argentina sigue siendo uno de los países con menos tests por cada millón de habitantes, hay faltantes de insumos básicos en los hospitales y la inversión en infraestructura sanitaria brilla por su ausencia, se limita con los pagos de la deuda externa.
Además el fortalecimiento del aparato represivo también está puesto al servicio de disuadir (y reprimir llegado el caso) la protesta social. En la Costanera, las familias que asisten a los comedores y denuncian que las raciones del gobierno no alcanzan, que hay muchos chicos con hambre, relatan que: "la ambulancia no entra aquí, la Policía sí, abunda acá".
La represión a los obreros del Frigrorífico Penta, que venían protestando contra la suspensión en los pagos de los salarios y despidos, es solo un anticipo. Pocos días después de la represión, Alberto Fernández anunciaba -junto al gobernador "progresista" Axel Kicillof- la triplicación de la cantidad de gendarmes.
Muy distinto es el trato para los bancos y funcionarios que han impuesto un quiebre de la cuarentena exponiendo a miles de jubilados al contagio en largas colas de espera para poder cobrar un ingreso que no llega a lo que el Indec considera el límite de la indigencia. Tampoco se imponen estas fuerzas contra las patronales que obligan a trabajar a los obreros en las peores condiciones de higiene y salubridad, como vimos en el caso de los cosecheros o la industria del citrus con el caso de Citrusvil, donde los trabajadores hicieron un paro exigiendo las medidas de seguridad e higiene necesarias.
Hay que rechazar la presencia de las fuerzas policiales en las calles!. Es necesario un verdadero plan de emergencia para los trabajadores y los sectores más castigados que están sufriendo despidos, rebajas salariales y las más elementales necesidades biológicas, como el alimento, afectando las ganancias de los grandes empresarios y especuladores de la deuda. Imponiendo un impuesto progresivo a las grandes fortunas para garantizar un salario de cuarentena de 30 mil pesos para todas las personas que están en negro, cuentapropistas y desocupados. Garantizar la prohibición de los despidos con la ocupación y estatización de toda empresa que cierre o despida masivamente y poner en pie comités de higiene y seguridad organizados desde abajo en cada lugar de trabajo donde las patronales querrán exponer a los trabajadores al contagio de la pandemia. Es necesario desconocer y dejar de pagar inmediatamente toda la deuda externa y destinar esos recursos a un plan de viviendas e infraestructura sanitaria.
