Todo el plan de Piñera y los empresarios es mantener lo más posible las ganancias empresariales y la producción, mientras cientos de miles de trabajadores/as arriesgan sus vidas cada día expuestos al contagio sin las mínimas condiciones de higiene y seguridad. Como expresó con brutalidad el director de inversiones de Larraín Vial, uno de los fondos especulativos más importantes del país: “No podemos seguir parando la economía, debemos tomar riesgos, y eso significa que va a morir gente”. Para "enfrentar el virus", intentan abrir rápido la economía a riesgo de nuestra salud y nuestra vida, mientras a los trabajadores de la salud no les dan siquiera los insumos necesarios, generando el contagio día a día de este sector.
Pero están aprovechando esta crisis para avanzar a nuevos ataques a nuestras condiciones de trabajo, nuevas medidas de esclavitud que pretenden reorganizar el país completando toda la obra de la dictadura, en función de la entrega, el saqueo y la súper-explotación y millones en la miseria. Quieren aprovechar la crisis como una oportunidad no solo para tirar por la borda las reivindicaciones por las que luchamos desde el 18 de octubre con la rebelión que protagonizamos millones, sino para avanzar a reorganizar el país en función de sus intereses: un país con alto desempleo para tener un ejército de mano de obra barata disponible, peores salarios, y mayor precarización para echar a andar sus ganancias. A su vez nos imponen un toque de queda absurdo para que los milicos vuelvan a desfilar por las calles con el único fin de atemorizar a la población y avanzar con la represión gubernamental. El tiempo de luchar es ahora. Enfrentemos sus ataques y peleemos por una salida de conjunto en beneficio de los trabajadores y el pueblo.
Triunfalismo sin brújula: con nuestras vidas juegan a la lotería
El plan por el que optó el gobierno, mal y tardíamente es directamente una aventura. Intentar que los contagios se vayan haciendo de a poco, de forma tal que, aunque muchos se enfermen "la curva" sea lo más plana posible, rogando que el sistema no colapse. Si no da abasto, mala suerte. Siempre lo que está asegurada es la ganancia capitalista, que es el objetivo de este plan que contempla, a diferencia de muchísimos países, el trabajo continuo de todos y todas las trabajadoras.
Según las cifras oficiales, hasta el lunes 20/04 en el país había 10.507 contagiados de Covid-19 y 139 personas fallecidas. Se dice que aún no llega el peak. Sin embargo, desde diversos sectores han criticado el “oscurantismo” y encubrimiento de información por parte del gobierno. Hasta integrantes de la Mesa de Datos del Ministerio de Ciencia, manifestaron que “les faltan datos”, por ejemplo, “las fechas de inicio de los síntomas y las fechas en que se reportaron al sistema; el origen de cada caso e indicadores para saber si son trazables o no; el número de casos sospechosos; cuántos test se hacen”. Lo cierto es que mientras el discurso habla de retomar una “nueva normalidad”, no hay más brújula que salvar la economía, es decir, sus negocios.
En el caso de los tests, la cantidad varía diariamente. El número de contagiados se sabe según la cantidad de test: si se hacen menos test, hay menos contagiados, es decir, es una forma artificial de bajar la curva de contagiados. A menos test, menos nuevos contagiados. En la actualidad solo se realizan entre 3 y 4 mil test promedio con algunos días excepcionales donde se han rondado los 7 mil test, pero varían día a día. De acuerdo a expertos, siguiendo la curva de contagios en el país y el comportamiento del virus se deberían hacer testeos a gran escala, es decir, una cifra muy superior a lo aplicado actualmente y por encima de la promesa de 11.000 diarios.
Veamos algunos datos: el miércoles 15 de abril se realizaron 4.079 test y el 16 de abril fueron 6.551. Los contagiados pasaron de 356 a 534, respectivamente. Con el aumento del 60% de exámenes, se elevaron un 50% los “casos nuevos”. El viernes 17, el gobierno señaló que se realizaron 5.449 testeos detectando 495 casos. Esa cifra es menor en test y contagiados que el día anterior. Más test, más casos. Menos test, “se aplana la curva” para el gobierno. Dijeron que tienen capacidad para 11.000 test diarios; o es mentira deliberada o no los hacen para esconder la realidad del número de contagiados. Así también lo aseveró el epidemiólogo de la Universidad de Valparaíso, Aníbal Vivaceta, quien indicó que las cifras de contagiados deberían rondar las decenas de miles, que los datos entregados por Mañalich “están desinflados artificialmente”, y que la cantidad de test que se realizan cada día “son muy bajos”, lo que genera la idea de que hay “menos personas” con el virus, y hace que la cifra entregada de “nuevos contagiados” siempre fluctúe entre las 300 y 400 personas.
Por un lado, el gobierno criminal no realiza testeos masivos (un aspecto clave para que las medidas de aislamiento y tratamiento sean efectivas) y, por otra parte, acceder al examen está determinado por la capacidad económica. El precio del examen está en $25.000 máximo para las clínicas privadas, y según un artículo publicado por el medio Interferencia, “el 14% de la población, la que es usuaria de Isapres y que se asocia a la de mejor situación socioeconómica, concentra entre el 32% y el 40% del total de exámenes por Covid-19 realizados durante el mes de abril”. O sea, tampoco se trata de muestras fidedignas, pues no representan el promedio social de la población, ya que los que están en mejores condiciones para enfrentar el virus tienen más posibilidad de testearse. Trabajadores/as de hospitales públicos han denunciado que en dichos recintos la tardanza en saber los resultados de las muestras es aún mayor, llegando incluso a los cincos días. Además, sin un criterio racional para las distintas comunas donde hay desigualdades, como vemos en La Araucanía.
Como han señalado numerosos especialistas- desde el Colegio Médico, pasando por la fundación Espacio Público- con las cifras del gobierno es imposible asumir que la tasa de contagios sea precisa y menos aún que la cantidad de contagios sea real. Algo similar sucede con los ventiladores. En las últimas declaraciones el embajador Chino en Chile niega la donación de ventiladores y Mañalich deja todo el asunto en una nebulosa donde no sabemos qué hay de cierto en sus afirmaciones previas. Si se estima que el 5% de los pacientes con Covid-19 necesitará cuidados intensivos, al llegar a 30.000 serán sobre 1.500 personas las que deberán utilizar ventiladores, teniendo en cuenta que una parte importante de los que están son usados por pacientes con otras enfermedades. Luego de marear con los números deliberadamente, hoy el gobierno se vanagloria de contar con 590 ventiladores disponibles en todo el país, y se compromete a que, si en una zona faltan, los llevan de una punta a otra del país. Considerando todo esto el gobierno juega a la lotería con nuestras vidas, y como han dicho varios especialistas, no se puede descartar que colapse el sistema público a medida que se vaya acercando el invierto. En este estrecho margen en que se mueve la situación de los ventiladores, en vez de bajar el riesgo decretando un cese de tareas masivo de los servicios no esenciales en las semanas claves, el gobierno anunció el aumento de los sectores que deberán ir a trabajar, llamando a la normalidad en empresas privadas, que retomen la actividad funcionarios públicos y la educación. Jugar a la lotería con las vidas de los trabajadores para salvar sus ganancias. A esto hay que sumarle que el 80% de los infectados son asintomáticos, por lo que miles de ellos van sin saberlo a sus puestos de trabajo y viajan en el transporte público. El gobierno impulsa esta política pro empresarial, pero no se olvida de poner una multa si alguno no lleve la mascarilla, culpabilizando de lo que suceda a personas individuales, como esas empresas que contaminan todo, pero hacen "campaña" contra los “inmorales” que tiren una basurita al piso.
A esto se suma la falta de insumos médicos mínimos para el control de la pandemia, que lo han denunciado trabajadores/as del Hospital Barros Luco, del Hospital Regional de Antofagasta, del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, del Hospital Juan Noé de Arica, del Hospital Félix Bulnes, entre otros. Las y los funcionarios vienen dando una pelea por insumos e implementos necesarios, por mayor presupuesto para la salud pública y por condiciones óptimas, debido a que en muchos hospitales no se están tomando las medidas básicas de protección. Es más, solo en el Hospital Barros Luco hay 19 trabajadores con Covid-19 y otros 122 que se encuentran en cuarentena.
Sabemos que a este gobierno no podemos creerle nada. No es descartable un escenario más crítico mientras se vaya aproximando el invierno, que golpee especialmente a la clase trabajadora, ancianos/as y sectores empobrecidos. Este gobierno asesino de luchadores sociales juega con nuestra salud y nuestras vidas. Su falso discurso triunfalista podría llevarnos a una nueva catástrofe.
Nos quieren esclavizar para que paguemos la crisis mientras rescatan sus ganancias
Al hipócrita triunfalismo del gobierno en el manejo de la pandemia, se le suma el discurso económico del conjunto del régimen que señala que estamos ante un “shock pasajero” y que si se toman medidas para salvar a las empresas en tres meses llegará el “rebote”. El Banco Central siguiendo esta línea estimó una caída entre 1,5% y 2,5% para 2020, pero el FMI prevé una contracción de 4,5% de la economía. Con todo ya es seguro que la economía sufrirá este año la peor contracción desde 1983, cuando la deuda bancaria llevó a una crisis profunda de la economía en medio de la dictadura de Pinochet. Lejos de todo triunfalismo, hay un consenso general de los economistas: el mundo se encamina a una caída generalizada de la economía este año y luego, al menos, a una recesión global- sino a una depresión- solo comparable con las crisis históricas, que será acompañada por un recrudecimiento de las disputas comerciales en todo el mundo. Esta crisis histórica afectará, sin duda, a quienes son los principales socios comerciales del país y compradores de materias primas que produce el país, cuyos precios a su vez se encuentran amenazados.
Se trata de un discurso interesado para mostrar buenas cifras y convencer a las y los trabajadores que solamente deben “aguantar” los ataques económicos porque en un corto tiempo "se retomará el crecimiento". Recordemos que antes de la rebelión popular de octubre, y ante la desaceleración económica que ya se empezaba a instalar, la clase dominante discutía medidas para favorecer las inversiones y negocios de los grandes empresarios a costa de la clase trabajadora. Pero nuestra lucha los obligó a detener sus planes. Hoy quieren aprovechar la pandemia, en un momento donde están los militares en las calles y todos estamos buscando enfrentar el virus, para establecer medidas contra el salario y nuestras condiciones de trabajo y vida, que en momentos normales no pudieron tomar, como lo demuestra la aprobación de la ley de teletrabajo, que era una de las partes del paquete de flexibilización laboral de Piñera, y que fue aprobado con votos de la "oposición".
Si en el plano sanitario pueden quedar dudas sobre si el sistema colapsará o no, en el terreno económico es un hecho que la crisis "manejada" por el gobierno está provocando desastres ahora.
Piñera anunció la primera parte del “plan económico” el 19 de marzo. $11.750 millones de dólares para las empresas y una ley de “protección del empleo”- aprobada con votos desde la UDI al Partido Comunista- para que las empresas “suspendan” masivamente, sin pagar salarios y que estos se costeen con los ahorros del seguro de cesantía (bajando los ingresos, los primeros meses con un 70% del salario y luego llegaría al 45%. El discurso era que de esta forma había que salvar a las Pymes, pero la verdad es que con esto se dio rienda suelta a ataques masivos con las grandes empresas a la cabeza. El viernes 17, se dieron a conocer los primeros datos: más de 57.000 empresas se acogieron a esta ley y 786.000 trabajadores podrían llegar a ser suspendidos en lo pronto. De ese total ya 23.000 empresas hicieron uso de la ley, lo que corresponde a 277.164 trabajadores suspendidos. A la cabeza de las suspensiones sin pago están como veremos muchos de los grandes monopolios. .Si bien, los datos de despidos aún son los de marzo, durante ese mes hubo 300.000 desvinculaciones, aumentando un 38% respecto al año pasado. También avanzaron con otros ataques que hace tiempo pedían los grandes empresarios, como el ya mencionado teletrabajo o el maldito dictamen de la DT.
Lo más escandaloso es que el rescate a las empresas y el ataque masivo a los trabajadores cuentan con la complicidad de la llamada “oposición” y, peor aún, del Frente Amplio y el Partido Comunista, que dirige la CUT y que fueron parte junto a la UDI de la aprobación de esta nefasta ley contra las y los trabajadores.
Ni qué decir del uso que ya las grandes empresas le empezaron a dar masivamente. Solo en el sector comercio el 38% de las empresas ha despedido a trabajadores/as en medio de la pandemia. Los multimillonarios de Ripley- que durante el 2019 acumularon más de $100 mil millones en ganancias-, informaron la suspensión de sueldo basándose en la ley de “protección del empleo”; lo mismo vimos en La Polar, donde 1.300 trabajadores fueron suspendidos; o también es el caso de la multinacional Starbucks, que suspendió los sueldos del 90% del personal, lo que generó la reacción de las y los trabajadores, quienes vienen impulsando la campaña #StarbucksPayMe. En su mayoría son jóvenes, muchos estudiantes, madres y padres, que trabajan para poder costear estudios, sus vidas, para ayudar a sus familias, al igual que trabajadores/as de las cadenas millonarias de comida rápida, como Burger King y McDonalds, quienes también están enfrentando despidos y suspensiones masivas.
El segundo paquete económico que presentó el gobierno criminal fue el 8 de abril. Al mismo tiempo que se establecieron multas de hasta $2,5 millones para quienes no utilicen mascarillas en el transporte público -un descaro si consideramos que ni siquiera hay para comprar en las farmacias, o estas especulan con precios caros-, Piñera anunció más de 5.000 millones de dólares adicionales al primer plan, de los cuales 2.000 millones de dólares se destinarán -supuestamente- a los trabajadores informales. Sin embargo, hasta el momento no se conoce ninguna medida concreta que explique cómo beneficiará a este sector. Los 3.000 millones de dólares restantes irán al llamado Fondo de Garantías para Pequeños Empresarios (FOGAPE), y serán invertidos en los bancos para que estos otorguen préstamos “baratos” a las empresas, evitando quiebras, donde los bancos no solo prestarán plata que les pasará el Estado, sino que además tendrán la garantía o el aval del Fisco en caso que las empresas no puedan pagar sus deudas. Un rescate a las empresas con plata del Estado, incluso para empresas gigantes cuyas ventas lleguen hasta 1 millón de UF anuales (más de 28 mil millones de pesos). No es descartable que, ante futuras quiebras, el Estado tenga que hacerse cargo de las millonarias pérdidas de créditos contraídos; se trata de un mecanismo similar al utilizado por Pinochet en la dictadura cuando en la crisis del 82-83 rescató a los bancos con la “deuda subordinada” que hasta el día de hoy no se termina de pagar.
Como si fuera poco, el gobierno envió al Parlamento una ley para suspender todas las negociaciones colectivas, congelando de hecho los salarios cuando la inflación sube y las necesidades se hacen urgentes. Junto con esto suspender toda elección sindical, rompiendo con su autonomía. Exigimos por ello la derogación inmediata de las leyes pro empresariales, la ley de teletrabajo, la de "destrucción del empleo" y de toda norma que ataque los derechos de los trabajadores.
Contrastando con la generosidad hacia las empresas, se anunciaron las medidas para los sectores de menores ingresos. El Bono Covid de 50 mil pesos por carga, por única vez, y el subsidio de ingreso mínimo garantizado para aquellos que cobran entre 301.000 pesos y 384.364 pesos. Este subsidio va desde un peso hasta 592.00 pesos según los ingresos.
Por último, el lunes 20 anunció el plan ingreso familiar de emergencia para el 60% de las familias más vulnerables del país, y que se hayan visto afectadas por la pandemia. Según el gobierno llegará a 1,8 millones de hogares. Una familia de 4 personas contempladas en este plan, recibirá un aporte mensual de 260.000 pesos mensuales por 3 meses, y se aclara que el monto será decreciente. Pese a los fuegos artificiales que acompañan el plan, la realidad es que cada persona de la familia recibirá 65.000 pesos por mes.
De esta manera, quieren que la crisis la paguen los trabajadores, e ir diseñando un "nuevo Chile", con alta desocupación, mayor precarización y flexibilización, migajas para los más pobres e hiperganancias para los millonarios, mientras los sectores medios se empobrecen.
Un programa de emergencia para que la crisis la paguen los capitalistas
Frente a semejante ataque, los trabajadores necesitamos pelear por medidas de emergencia inmediatas para resguardar la salud y la vida nuestra clase y de los sectores populares:
En forma inmediata hay que imponer la paralización de todos los trabajos no esenciales con el pago íntegro del salario y sin despidos ni suspensiones. Prohibir las rebajas salariales de todo tipo. En regiones como Antofagasta, capital minera del país, las transnacionales que explotan los recursos naturales como la minería mantienen la producción con una dotación superior a 100 mil trabajadores en total e incluso han llegado a señalar que esperan tener un 30% de contagios en su dotación como el caso de BHP que controla minera Escondida.
Se debe asegurar un salario mínimo de emergencia de 500 mil pesos, garantizado por el Estado, para los cerca de 3 millones de trabajadores que están en la informalidad, así como también a todas y todos los jubilados, que no pueden esperar y son los peores expuestos al virus. Esta pelea está ligada a la formación y desarrollo de comités de higiene y seguridad de los trabajadores e independientes de los empresarios, para imponer estas medidas en cada lugar de trabajo, en los lugares esenciales donde no es posible parar la actividad.
Hay que pelear por test masivos gratuitos. Si se logra tener los test masivos, se puede seguir el contacto de los contagios y realizar cuarentenas racionales por sector, seguir la línea de contactos y hacer un plan racional para enfrentar la enfermedad. El plan argentino de una cuarentena total sin test, por ejemplo, no es una salida, ya que condena al hambre a todos los que no reciben ingresos más que por sus ingresos diarios.
Es urgente tener insumos ya, como vienen denunciando las y los trabajadores de la salud. Hoy el Ministerio de Salud quiere “racionalizarlos”, pero eso es una lotería que juega con las y los trabajadores de la salud arriesgándolos a contagios innecesarios, y con ello afectando la atención debido al contagio del personal. Para ello, el aumento del presupuesto de salud debe ser inmediato para que nada le falte a la Primera Línea, terminando con la hipocresía de llamar a aplaudirlos y al mismo tiempo ponerlos en peligro.
Centralización con un sistema único de salud para disponer las clínicas privadas y los laboratorios y todos los recursos y aumentar la cantidad de test y camas para enfrentar la pandemia. El sistema de salud está por el suelo,según datos de la OMS Chile tiene sólo 2,2 camas por mil habitantes, muy por debajo del promedio OCDE de 4,6 camas por la misma cantidad. Mientras en la vereda contraria el sistema de salud privado recibe del Estado más de 1.300 millones de dólares al año por concepto de prestaciones de servicios, un desangramiento continuo de la salud pública que ha durado décadas y que trae como consecuencia la debilidad del sistema para enfrentar las enfermedades comunes cada invierno, más aún si sumamos el impacto del coronavirus: está planteada la real posibilidad del colapso del sistema. Esto debe ir ligado a la reconversión económica para producir mascarillas, alcohol gel, insumos de protección de básica, ventiladores, entre otras necesidades de la pandemia de todas las empresas que puedan realizarlo. En Chile ya hay fábricas que realizan algunos insumos médicos. A su vez, grupos de investigadores de universidades como la Universidad de Chile o la USACH, ya están probando prototipos de ventiladores mecánicos básicos. Esta área debe ser declarada estratégica, las fábricas que puedan ser reconvertidas deben hacerse de manera urgente e imponer el control de los trabajadores sobre la producción para asegurar que vaya en beneficio de las necesidades sociales y no del lucro capitalista.
Hay que aplicar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas e impuestos progresivos a los banqueros y grandes mineras privadas. Como señalamos en este artículo, algunas medidas extraordinarias que obliguen a las 10 grandes familias (cuya fortuna pasa los 36 mil millones de dólares en total, en manos de los Luksic, Matte, Angelini, los Piñera, etc.), a los súper ricos y a los banqueros; asimismo con un impuesto inmediato a las grandes mineras privadas y transnacionales que se llevaron casi 14.000 millones de dólares de ganancias el año pasado y pagan un royalty que es una burla. Con esos recursos podríamos garantizar insumos y masivos tests, ventiladores, así como salarios, jubilaciones e ingresos a los informales.
Frente a los cierres y despidos masivos se debe ocupar, por sus trabajadores, toda empresa que quiebre o cierre dejando a los trabajadores y sus familias en la calle, y expropiación sin pago bajo control de sus trabajadores para salvaguardar la fuente de trabajo y ponerla al servicio de la población. Las grandes cadenas multinacionales como Starbucks, McDonald’s o las grandes cadenas del retail que están despidiendo y suspendiendo, deben ser expropiadas sin pago y gestionadas por sus trabajadores. Ningún rescate a las grandes empresas como Latam, nacionalización sin pago y bajo gestión de sus trabajadores.
Ante la inflación creciente, le contraponemos control de precios por trabajadores y sectores populares de consumidores, y expropiación de todas las cadenas farmacéuticas y de supermercados que aumenten sus precios lucrando con las necesidades del pueblo.
Suspensión inmediata del pago de deuda externa para hacer frente a la crisis. Solo en intereses este año, el Estado chileno deberá desembolsar 2.500 millones de dólares, una suma mayor a la que el gobierno destinó al Bono Covid.
En base a estas medidas se debe garantizar un ingreso mínimo de 500.000 pesos para todos, incluyendo a los cesantes, suspendidos e informales y desde ya a los pensionados.
Por último, eliminar el IVA para todos los productos de primera necesidad, controlando que esto produzca una baja inmediata de sus precios, comenzando por los alimentos y los productos de higiene.
Estas medidas de emergencia inmediatas para salvaguardar la salud y vida de las masas trabajadoras, solo podrán ser efectivas si se realizan mediante una planificación racional basada en las necesidades sanitarias y sociales, y no según las ganancias de los grandes empresarios. Por esto, deben estar ligadas a un programa y una salida de conjunto de la clase trabajadora para que la crisis la paguen los capitalistas y para poner fin al saqueo y explotación de los grandes monopolios imperialistas y su alianza con los grandes grupos capitalistas nacionales. Esto en perspectiva de que sean los propios trabajadores quienes puedan reorganizar el país y la sociedad sobre nuevas bases sociales, en función de un plan racional y no en función de sus ganancias, con medidas que vayan en ese camino:
Por la nacionalización sin indemnización del cobre y todos los recursos naturales bajo control de las y los trabajadores, para poner las riquezas en beneficio de toda la sociedad. Según datos de Cochilco y el Consejo Minero, las 10 mayores mineras privadas acumularon ganancias por casi 13.800 millones de dólares en 2018, una cifra cercana a la totalidad del plan para enfrentar la crisis. Basta del saqueo de nuestras riquezas. El cobre, el litio, los bosques, aguas deben estar en manos del Estado, sin pago a sus accionistas y bajo el control de trabajadores junto a las comunidades. Esos recursos podrían ir ya no en beneficio de sus rentas, sino para salud, educación, vivienda, salarios y jubilaciones. Esta medida está ligada a la nacionalización de los puertos y el monopolio del comercio exterior que hoy está en manos de grandes empresas extrajeras.
La producción no puede estar en manos de los capitalistas que, como vimos, la organizan en función de sus ganancias exclusivamente. En cambio peleamos por el control obrero de la producción en la industria y los servicios junto con la expropiación sin pago y bajo control obrero de los grandes monopolios y sectores estratégicos de la economía nacional en electricidad, agua, gas, y grandes empresas, que hoy están en manos de multinacionales y grandes grupos, empresas que en su mayoría fueron privatizadas a precio de huevo por la dictadura y luego los gobiernos de la Concertación y la Derecha.
Frente al saqueo a las jubilaciones y el hambre al que se condena a los pensionados, se debe terminar con las AFP nacionalizando todo el ahorro nacional, bajo el control de los mismos trabajadores y jubilados, y no de los especuladores que juegan con nuestras jubilaciones ni políticos pagados por los empresarios.
La salud y la educación no pueden ser un negocio. Se necesita poner fin a la salud de mercado con la nacionalización del sistema de salud, y la educación gratuita para todos/as.
No puede haber más familias hacinadas en viviendas precarias mientras otros viven como reyes en mansiones, y existen miles y miles de viviendas que no se usan más que para la especulación inmobiliaria. Con los impuestos a las grandes fortunas es necesario implementar un plan de viviendas públicas y que ponga fin a la especulación inmobiliaria para terminar con los campamentos y el hacinamiento, otorgando viviendas dignas y de calidad para todas las familias.
Hoy más que nunca los bancos están buscando hacer millones de ganancias con la plata del Estado cuando está en juego la vida de la propia clase trabajadora. El Estado les ha hecho entrega de miles de millones de dólares (¡plata que es de todos los trabajadores!) a tasas de interés del 0% para que éstos entreguen créditos a las empresas “con aval” del Estado, o sea, si no pagan, el Estado le paga a los bancos. Doble negocio, no solo porque igual ganan con las tasas de interés sino que además los respalda el Estado. Junto con esto, incluso partidos del régimen como la Democracia Cristiana han calculado que cerca del 70% del monto total del paquete de créditos iría a favor de las grandes empresas y no en favor de pequeños comercios. Hay que poner fin a este negocio, nacionalizando los grandes bancos (BCI, Banco de Chile, BBVA, Santander) y unificándolos en una banca única, bajo el control de los propios trabajadores bancarios, respetando los ahorros y los depósitos de todos los ahorristas para poner todo el ahorro y los recursos al servicio de la población. Con un sistema así, podríamos otorgar créditos baratos a los pequeños comerciantes, artesanos y negocios familiares que hoy se ven arruinados y que son los más sometidos al abuso y usura de la banca.
En la lucha por expropiar a los grandes grupos capitalistas como las 10 familias y los grandes monopolios extranjeros y nacionales que saquean nuestras riquezas, enfrentaremos la dura resistencia de los capitalistas que solo podremos derrotar mediante la conquista de un gobierno de las y los trabajadores en ruptura con el capitalismo, en la perspectiva de poner fin a este sistema irracional, donde mientras una minoría vive como reyes, las grandes mayorías sufrimos la miseria, precariedad y abuso, y ahora pretenden descargar una nueva crisis sobre nosotros. Hay que poner fin a este sistema y luchar por una sociedad donde sean nuestras vidas las que importen y no sus ganancias.
Frente al plan patronal de llevar la desocupación a las nubes mientras los que quedan con trabajo lo hacen cada vez más flexibilizados, levantamos la lucha por el reparto de las horas de trabajo empezando porque todos trabajen seis horas, cinco días a la semana sin rebaja de salario, para que nadie quede sin empleo y nadie sea sometido a larguísimas jornadas donde se les va la vida y la salud.
Para lograr este programa hace falta que las y los trabajadores demos una lucha decidida para lograrlo, avanzar en la auto-organización y retomar el camino de lucha que emprendimos en la rebelión y el 12N, partiendo por imponer las medidas de emergencia elementales, y para poner fin a este gobierno, este régimen y este Estado que nos quiere en la ruina. Para ello, hay que terminar con la Constitución del 80 que impone la protección de los grandes monopolios. Incluso la Convención surgida de la “cocina parlamentaria” garantiza que no se modifique nada de los tratados internacionales, para que así las inversiones imperialistas no se vean afectadas. Tratados internacionales que, por otro lado, no impidieron que nuestros “aliados” como Estados Unidos prohíban hasta la exportación de mascarillas 3M para todo el mundo, incluyendo desde ya a Chile, su supuesto “país amigo”. Es por ello que es necesario una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin vetos de la derecha y empresarios, que pueda resolver libremente sobre todas las cuestiones que hacen al destino del país y que permitan terminar de una vez y para siempre con la herencia de la dictadura.
Construyamos una Nueva Izquierda, de los trabajadores, anticapitalista, socialista y revolucionaria
El plan de Piñera y compañía es mantener la economía (sus ganancias) a flote. Las medidas de “destrucción del empleo” con despidos, suspensiones y rebajas de ingresos a los trabajadores son las peores medidas de ataque al trabajo desde el Plan Laboral de Pinochet y José Piñera.
¿Y la CUT y sindicatos? El rol que han jugado la CUT y Mesa de Unidad Social es una burla a toda la clase trabajadora. La mayoría de los grandes sindicatos se fueron y se borraron, en cuarentena con todas las comodidades de burócratas, mientras son los trabajadores quienes ponen el cuerpo y se exponen al contagio en diversos lugares de trabajo no esenciales. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT y militante PC, incluso ha tenido el descaro de recibir el premio Arthur Svensson a su gestión sindical por “los derechos de los trabajadores”. ¡Si no han movido un dedo para frenar los ataques y defender los derechos laborales! ¿Acaso la premian por dejar pasar cientos de miles de despidos y suspensiones? Es una vergüenza. Este premio pareciera ser entregado por el gobierno de Piñera y los grandes empresarios de la CPC, que aplauden su complicidad. La gestión de la CUT los tiene contentos y tranquilos, porque permiten que los trabajadores carguemos con los efectos de la crisis y confiemos en las mismas autoridades y empresarios que nos quieren pasar por encima. ¿Qué hizo la CUT con el nefasto dictamen de la DT? Amenazar que “irán a tribunales” (como si eso preocupara en algo al gobierno), y, a la vez, pedir una “mesa tripartita” con el gobierno y los empresarios. O sea, sentarse en la mesa junto a ellos para “cenar” el plato que cocinan contra los trabajadores.
Si los trabajadores no damos respuesta a las medidas de Piñera, el gobierno y los empresarios aprovecharán esta crisis para despedir y precarizar aún más, con la complicidad de las cúpulas sindicales. Llamamos a todos los trabajadores a organizarse y resistir cualquier ataque, rechazar todo despido y rebaja de salario. A coordinarse en sus lugares de trabajo, para unir fuerzas y enfrentarlos de manera potente. La CUT y todos los organismos de la clase trabajadora, deben convocar YA a un paro efectivo de los sectores no esenciales para que la pandemia no cobre la vida de ningún trabajador más. O hacen algo, un paro nacional como lo venimos exigiendo, o serán parte de los responsables de que el empresariado chileno, famoso mundialmente por su saña contra los trabajadores, dé un nuevo golpe contra las condiciones de vida de millones. Para luchar por este programa y para llegar a millones es necesario recuperar la CUT y los sindicatos para las y los trabajadores, expulsando a la burocracia sindical de las organizaciones de la clase trabajadora.
Tenemos que apoyarnos en ejemplos, como los trabajadores del Hospital Barros Luco que se coordinaron para exigir los insumos para enfrentar la pandemia, en conjunto con otros hospitales y usuarios, o los sindicatos nucleados en el Comité de Emergencia y Resguardo (CER) en Antofagasta, que se proponen enfrentar los despidos, han realizado donaciones de alcohol gel y mascarillas al Hospital Regional y la población, y comenzaron una campaña contra los despidos, donde se comprometieron a pelear juntos frente a cada ataque en sus lugares de trabajo, como hicieron cuando mineros e industriales apoyaron a las trabajadoras del aseo del Hospital. Estas son muestras embrionarias de una respuesta obrera que enfrente el plan del gobierno y los empresarios y una demostración que, si las principales organizaciones sindicales del país generalizaran estos pequeños ejemplos, sería posible enfrentar el plan del gobierno y los empresarios.
¿Y la "izquierda"?
El Partido Comunista y el Frente Amplio se encuentran totalmente subordinados al proyecto del gobierno y los empresarios. Llegan al extremo de aparecer como “piñeristas críticos”, buscando “mejorar” o atenuar las medidas del gobierno. El PC y parte del FA votaron a favor de la ley que permite a las empresas suspender a sus trabajadores sin pagar sus salarios, quienes deberán sacar de sus ahorros individuales en el seguro de cesantía dinero para subsistir, el que además irá disminuyendo mes a mes. Su perspectiva es esta: “si Piñera pretende cortarnos los brazos; lucharemos para que no nos corten los dos, sino solo uno”. Luego levantan el brazo que aún queda y piden aplausos por la "conquista".
Frente a un gobierno liderado por una pandilla de multimillonarios ligados al gran capital financiero y los principales grupos económicos, como ha señalado una columnista, estamos viendo a la “peor izquierda” de la historia reciente, cómplice de sus ataques, de sus medidas contra la población, de sus leyes a favor de los empresarios y contrarias a los trabajadores. Una izquierda que ha dejado que este gobierno, deslegitimado y repudiado, pase casi sin mayor contrapeso ataques de enormes magnitudes, que preparan un oscuro horizonte para el pueblo trabajador y los sectores populares.
En este sentido, no hay ninguna “oposición” por parte de la izquierda del PC y el FA. Los mismos que controlan la CUT e importantes organizaciones sindicales (como el Colegio de Profesores o No+AFP), buscan hacer más digeribles los ataques con maniobras parlamentarias. Estamos viviendo uno de los peores ataques hacia la clase trabajadora en la historia reciente, mientras el PC y FA les piden a los amos que no sean tan malos.
Hace falta de forma urgente una nueva izquierda, de la clase trabajadora, revolucionaria, internacionalista y socialista, que se plante de frente contra los empresarios y el gobierno, defendiendo con la organización y la lucha cada ataque patronal e impulse la coordinación democrática de la clase trabajadora y los sectores populares, buscando conquistar el frente único a las organizaciones de masas para enfrentar a los empresarios y el gobierno. Que no plantee que hay que esperar que pase esta crisis para “después volver” a luchar, pues volveremos sin trabajo, suspendidos, con ingresos de hambre y desocupación masiva. Hoy es la pelea, antes que sea demasiado tarde. Luchar cuando “pase esto” y “ahí volvemos” es una línea que, en el mejor de los casos, puede llevar a revueltas aisladas incapaces de dar una salida de conjunto. Cada lucha que demos hoy, nos preparará para llegar fortalecidos cuando termine la pandemia. Hace falta una salida de las y los trabajadores, independiente a los partidos empresariales y del régimen de todos quienes compartamos este balance y programa. En estos complejos momentos, se vuelve urgente levantar una gran organización revolucionaria.
En distintas partes del mundo estamos viendo cómo esta crisis es consecuencia de un sistema donde solo importan las ganancias de la clase capitalista, y no nuestra salud y nuestras vidas. Este sistema es completamente irracional, al organizar la producción en función de las ganancias de un puñado de grandes millonarios y no las necesidades sociales de la población trabajadora. Si no enfrentamos sus ataques ahora, descargarán cada vez más la crisis sobre nuestras espaldas. Son ellos, los capitalistas, los grandes monopolios extranjeros y nacionales, los banqueros, los que lucran con la salud, quienes deben pagar por la crisis, y no las mayorías trabajadoras.
Desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR) luchamos por un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capitalismo, y que basado en sus propios organismos de auto-organización y lucha pueda avanzar a una planificación racional y democrática de la economía, no basada en el lucro y la ganancia de unos pocos, sino en las necesidades vitales del pueblo, en la perspectiva de una sociedad sin explotados ni oprimidos.
Esa pelea por construir una Nueva Izquierda revolucionaria de los trabajadores y anticapitalista, que se proponga poner fin a este régimen social y luche por un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con este sistema, buscamos que sea a través de la fusión y confluencia entre todos quienes compartan las lecciones de estos seis meses de rebelión popular; y un programa y una estrategia consecuente de la clase trabajadora para responder a la crisis sanitaria y económica, en la lucha por un gobierno de las y los trabajadores de ruptura con el capitalismo. Nuestro llamado es a abrir el debate sobre cómo construir una nueva izquierda, socialista y revolucionaria en Chile.
Si se mantiene la izquierda del FA y el PC, los empresarios van a hacer lo que quieran con nuestras vidas y van a pasar por encima de nosotros. No queremos un partido más como los otros, para acomodarse en los sillones de un régimen decadente como intenta el FA y el PC. Queremos un partido y una izquierda distinta, que sea revolucionaria, que quiera transformar de raíz esta sociedad, que no tenga ningún compromiso con este régimen y sus partidos, y que no lo busque maquillar o mejorarlo un poco, como ha hecho el FA y el PC que se han integrado a este régimen.
Un partido de trabajadores/as, porque como se mostró potencialmente en la inmensa movilización del 12N del año pasado, la fuerza de la clase trabajadora y sus métodos pueden llegar a ser imparable. Un partido así tiene que existir para luchar por el frente único de los trabajadores, por la unidad con los sectores populares y la juventud combativa, para que la crisis la paguen los capitalistas, y bajo una estrategia, vencer a los grandes empresarios. Mientras la burguesía hace un plan y se organiza en común para pasar por encima de nosotros, las y los trabajadores debemos construir nuestra propia organización política para luchar por nuestra salida, un Partido Revolucionario de los Trabajadores, que sea internamente democrático y donde golpeemos todos con un solo puño cuando se trate de enfrentar a las direcciones traidoras y a las patronales, que hagan una política desde nuestra clase, como lo hacen ellos. En esto, darles ventaja y no organizarnos políticamente, hace imposible la victoria completa sobre los explotadores. Tiene que ser internacionalista, como es el PTR, que es parte de la Fracción Trotskista junto con otras organizaciones hermanas en el mundo con las que luchamos en común, porque sabemos que no habrá un país que logrará liberarse si el resto no lo conquista también.
Hoy más que nunca ha quedado demostrado que este sistema no tiene más que ofrecernos que nuevas crisis que llevarán a desempleo, miseria y pobreza a millones, mientras un puñado de capitalistas se sigue enriqueciendo. Pero, a la vez, ha quedado claro que son las grandes mayorías, que es la clase trabajadora la que hace mover el mundo, partiendo por el rol de las y los trabajadores de la salud, “primera línea” de la batalla contra el virus. En todos los sectores queda demostrado que, sin el trabajo de millones, la sociedad no se mueve. Es la clase trabajadora la que tiene la potencia para cambiar este sistema.
En un momento en que en el mundo entero se discute hacia dónde caminará la humanidad en el marco de la pandemia y la recesión económica, construir un partido de la clase trabajadora, socialista y revolucionario, es una tarea indispensable y urgente en Chile y a nivel internacional. En nuestro país desde la juventud, las mujeres y la clase trabajadora hay una rica tradición de lucha y organización que desde el 18 de octubre hizo despertar a Chile, y la huelga del 12 de noviembre hizo tambalear a Piñera y todo el régimen. Esas mismas fuerzas para enfrentar a Piñera, a los partidos del régimen y a los grandes empresarios, si las ponemos en función de esta pelea, pueden abrir una nueva perspectiva a la clase trabajadora en todo Chile y el mundo.
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