El gobierno provincial insiste en afrontar el problema de la pandemia y sus consecuencias económicas a ciegas. No hay datos fehacientes de cuánto impactara la crisis en la economía de la provincia, cuántos negocias han cerrado, la cantidad de despidos o suspensiones que ha habido, ni cuál es la situación de los miles de trabajadores no registrados o autónomos que han visto sus salarios disminuidos o directamente no lo han recibido. Suarez anuncia la quita de cargas patronales, subsidios y créditos para el sector empresario, pero para los y las trabajadoras y desocupados no hay política integral concreta que oriente cómo vamos a afrontar esto. |
La situación económica es caótica. La perspectiva macroeconómica del país ha empeorado como resultado del brote del COVID-19. Las proyecciones más recientes divulgadas del BID sugieren que el PBI caería entre un 5% y un 7% en 2020, con riesgos adicionales por las negociaciones por la deuda. Antes del brote, el escenario tampoco era auspicioso y se esperaba un enfriamiento de la economía de un 1,5% para este año. Esto significa que se podría perder entre 1,2% y 4,8% de los empleos formales en 2020 por efecto de la pandemia de coronavirus. Y deja abierto el panorama que tendrán los trabajadores autónomos y precarizados que llegan a más de la mitad de la población argentina, que se espera que tenga un fuerte impacto en la desocupación y el aumento de la informalidad.
En Mendoza, se estiman que prácticamente la mitad del trabajo se encuentra no registrado (49,1%, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2018). Existen cerca de 220.000 trabajadores autónomos que han visto afectada sus ingresos por la caída de las ventas producto de la cuarentena. Esto deja al desnudo la realidad de los miles de trabajadores que dependen diariamente de sus ingresos, y la precariedad de la situación que tienen los que no cuentan con ningún tipo de protección laboral.
En la provincia, el primer bono de $10.000 pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), lo recibieron 311.940 personas, según el informe presentado por el gobierno nacional. Monto insuficiente que sólo alcanza para cubrir la primera semana del mes. Pero se estiman que la dimensión es mucho más grave de lo que muestran la ANSES porque se excluye toda la población preinscripta o que no fue admitida por no poseer documentos o no poder presentar los papeles en tiempo y forma, como se ha denunciado desde algunas organizaciones sociales. Además, que seguramente aumente la demanda porque los que ya lo recibieron siguen necesitando un ingreso y nuevas personas se sumen en la próxima inscripción que se realizara el próximo 22 de abril en la página de la ANSES.
Otro tanto es lo que sucede con el sector de hotelería y restaurantes que ronda en los 31.000 trabajadores, principalmente en la que se inserta la juventud, con una alta proporción de trabajadores no registrados (50%, DEIE), ubicándose en tercer lugar, luego de servicio doméstico y construcción. Este sector ha sido uno de los más golpeados por los despidos, al estar excluido de la ley antidespidos que no contempla a todos los no registrados e informales, que son la gran mayoría de los que trabaja en este rubro. Lo mismo sucede con el servicio doméstico – rubro exclusivamente feminizado- que ronda las 63.000 trabajadoras, que quedan a merced de que sus empleadores respeten sus ingresos, ya que la gran mayoría se encuentra sin ninguna protección. Finalmente, el comercio mayorista y minorista, es otro gran sector con más de 146.000 trabajadores, donde han sufrido recortes salariales por la reducción de la jornada laboral como en los supermercados o han sido despedidos como sucede en muchos de los pequeños comercios.
Ante esta realidad no hay ninguna política provincial contundente para estos sectores. Desde la Izquierda se viene motorizando la necesidad de reforzar un ingreso de emergencia para los trabajadores, desocupados y mujeres igual a la canasta básica familiar, que podría obtenerse afectando con impuestos a las grandes riquezas de los empresarios del país. O también, declarando la emergencia alimentaria para reforzar la provisión a los comederos populares y las escuelas, fomentando la compra a cooperativas productivas como está planteando la Cooperativa La Terre con su ante-proyecto de polo productivo-social de intervención nutricional.
Es necesario crear un comité de emergencia para relevar estos datos que arrojen algo de luz sobre la situación de la provincia porque transitar esta crisis sin mapas ni brújulas nos llevan directamente hacia la tormenta perfecta.
Para ello es posible hacer relevamientos desde la universidad junto a los organismos públicos estadísticos y los sindicatos que puedan relevar la cantidad establecimientos que están cerrando y las condiciones de trabajo de los lugares que están exentos de la cuarentena. Los problemas de los trabajadores menos protegidos -principalmente en los sectores de autónomos, comercio, servicios y trabajo doméstico-, la cantidad de despidos que se están dando tanto en las actividades exentas de la cuarentena como las que no. La situación de los trabajadores de plataforma expuestos en las calles a la brutalidad policial y la falta de todo reconocimiento patronal.
Es necesario crear un comité de emergencia para relevar estos datos que arrojen algo de luz sobre la situación de la provincia porque transitar esta crisis sin mapas ni brújulas nos llevan directamente hacia la tormenta perfecta. |
