Debido a la crisis sanitaria de Covid-19 que “amenaza tener un impacto alto en pérdida de empleos y cierre de empresas”, ayer la COPARMEX -mediante un desplegado- llamó a permanecer unidos trabajadores y empresarios para exigir al “gobierno federal implemente a la brevedad el SALARIO SOLIDARIO”.
Con su ya clásico chantaje, estos paladines del empleo informan que contratan a 4.8 millones de trabajadores y que sus empresas afiliadas representan el 30% del PIB nacional, pero para “poder conservar la mayor cantidad de empleos posibles” requieren de este “salario solidario”.
Para lograr tan filantrópica petición, le piden al gobierno invierta 288 mil 933 millones de pesos mismos que obtendrían de la línea de crédito que el país tiene con el FMI. Dada su “responsabilidad”, señalan que este endeudamiento solo representa el 20% del total al que se podría acceder, que son 61 mil millones de dólares.
Si el gobierno no quiere acceder al endeudamiento público para el “salario solidario”, el empresariado arremete: entonces reorienten el “gasto público de obras no esenciales (como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas o el Tren Maya)”.
Inconformes con el pacto social que propone la 4T, un gobierno de multimillonarios y pobres, piden también su reestructuración a un Acuerdo Nacional.
El golpeteo fue doble, aprovecharon las malas notas de las calificadoras internacionales (Moody’s, Fitch , Standard & Poor’s) para presionar a la 4T a que entreguen el petróleo y se activen las líneas de crédito.
Estas hipócritas presiones empresariales, se dan en plena ola de despidos masivos. En días recientes la Secretaria del Trabajo y Previsión Social reportó la pérdida de 346, 878 empleos en el país. De estos 294,329 se hicieron en empresas con más de 50 trabajadores, 52,061 de entre 6 y 50, y 488 en empresas de 1 a 5 trabajadores
Es decir, fue la gran empresa la que hizo el mayor número de despidos y es la que ahora pide rescate. No olvidemos que estos mismos oligarcas, para enero sumaron una expatriación de 76 mil millones de dólares a cuentas norteamericanas.
Las y los trabajadores tenemos nuestra propia agenda política: que se imponga un impuesto a las grandes fortunas, que no se endeuda más al país a su vez que se cancele la ilegitima deuda pública que ya existe, sin renegociación, abolición absoluta.
Todas las empresas que violen los derechos de los trabajadores haciéndolos laborar sin ser del sector esencial o sin condiciones de salubridad o de plano despidiéndolos, deben ser sancionadas por el gobierno, estatizadas y puestas a funcionar bajo el control de sus trabajadores. | 
