La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó, apenas fue declarada la pandemia del Covid-19, analizar la prisión domiciliaria para detenidos de grupos de riesgo, evaluando de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada. Especialmente personas mayores, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y quienes estén prontas a cumplir condenas.
La situación en las cárceles es de tal gravedad que hace unos días la Cámara Federal de Casación Penal instó a los tribunales inferiores del país para que se apliquen medidas alternativas para el cumplimiento de las penas para las personas que forman parte de los grupos de riesgo y quienes hayan cometido delitos no violentos.
Si bien el máximo tribunal penal del país dictó esa resolución el 8 de abril, aún hay miles de personas a la espera de que se ejecute la decisión. La confirmación de un caso positivo de Covid-19 en la Unidad 42 de Florencio Varela, provocó la preocupación de los internos, abogados defensores oficiales y particulares.
En distintos penales las personas detenidas han iniciado huelga de hambre en reclamo por las condiciones inhumanas y hacinamiento que padecen desde hace años y que se profundiza ante la pandemia.
En la provincia de Buenos Aires los presos de la Unidad 31 de Florencio Varela y de la Unidad 48 de San Martín iniciaron una huelga de hambre para solicitar la intervención inmediata del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires ante la falta de medidas y elementos de prevención elementales y para que se aplique lo decidido por Casación.
También en la Unidad 24 de Florencio Varela, en la Unidad 40 de Lomas de Zamora, la Unidad 30 de Alvear y la 33 de Los Hornos, los presos iniciaron la huelga.
En la Unidad 8 de esa misma localidad, donde están alojadas mujeres, las detenidas realizaron una batucada con los mismos reclamos.
En el interior del país
Presos de la cárcel de Corrientes iniciaron ayer una huelga de hambre para pedir que se aceleren los reclamos de protección a la población de riesgo ante los posibles contagios de coronavirus, luego de la confirmación de un caso positivo de un oficial del Servicio Penitenciario provincial.
Son internos de la Unidad Penal 1 de la capital provincial, quienes le exigieron al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes que se aceleren las respuestas a los pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o libertad anticipada para quienes estén próximos a salir, establecidas por Casación.
Consideran que tras confirmarse un caso de coronavirus de un efectivo que trabaja en ese penal, “se deben tomar medidas por la alta vulnerabilidad que existe en las cárceles en torno al coronavirus”. En este penal la capacidad es para 440 personas, pero se encuentran detenidas 670.
En la mañana de este lunes el Comité Contra la Tortura de Corrientes realizó ayer una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia. Allí expresan que “habiendo realizado el Servicio Penitenciario un censo de los casos de mayor riesgo y en condiciones de obtener beneficios como libertad asistida, condicionales, plazo razonable, y demás medidas para descomprimir la superpoblación en las unidades penales de esta ha dado inicio a más de 50 solicitudes de las que al día de la fecha no han sido resueltas por el Juzgado de Instrucción en turno habiéndose presentado las mismas al inicio de la feria judicial. Consideramos oportuno, para ese grupo de riesgo, el análisis, caso por caso, pero de manera urgente, de las personas que están en condiciones de libertades anticipadas, privilegiando a quienes son más vulnerables al virus, a quienes están cerca del agotamiento de su pena o de la libertad condicional, priorizando a quienes responden por delitos que no impliquen afectación de la vida o de la integridad física o sexual”.
Por su parte, los presos alojados en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná se encuentran en huelga de hambre en reclamo de insumos de limpieza e higiene, por el temor de que el coronavirus ingrese y se produzca un contagio imparable. Ante la interrupción de las visitas de familiares, así como a la suspensión de algunas salidas de internos que tienen esos beneficios, se vieron desabastecidos de esos elementos, por lo cual elevaron los planteos y ante la falta de respuestas, iniciaron la protesta.
Los internos explicaron al Diario Uno de Paraná que no les entregan ni lavandina, ni papel higiénico, ni jabón, nada, y que recién ahora empezaron a entregar de a poco. "Todos los pabellones estamos sin comer, todos mal alimentados, el bicho si llega a entrar acá nos mata”, dijo un condenado en un audio que recibió ese medio, al que le hicieron llegar una carta con sus pedidos.
A su vez, sostienen que los agentes penitenciarios no utilizan guantes ni barbijos, como sí lo hacen efectivos de otras fuerzas de seguridad en los diversos operativos.
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