Luego del escándalo por la compra de alimentos con sobreprecios por parte del Gobierno, el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo tuvo una reunión este lunes con ministras y ministros del área de todo el país. Allí hizo declaraciones sobre el desplazamiento de funcionarios tras el escándalo e informó que “once millones de personas piden alimentos” actualmente en Argentina.
Ese número que representa casi un 25 % de la población, estimada en casi 45 millones y medio de personas según el Indec.
Vale decir que este relevamiento no cuenta con otro porcentaje de la población que se encuentra al límite de la situación o bien mal alimentados sin pedir asistencia social en comedores o al Estado de forma directa.
Antes de la crisis sanitaria, la demanda alimentaria se encontraba en ocho millones de personas, lo que representa aproximadamente un 18 % de la población. Datos que muestran que el coronavirus sólo agravó la crisis económica que atraviesa la Argentina y el mundo donde los trabajadores y sectores populares son los más perjudicados.
Las medidas económicas adoptadas por el Gobierno para paliar esta grave situación son pocas y no llegan a cubrir las necesidades básicas, con entregas de comida que no cubren el valor nutritivo a estudiantes de escuelas públicas (como denuncian trabajadores de la educación). Y el subsidio de emergencia del IFE, que no llega ni a un tercio de la canasta básica, dejó afuera a cuatro millones de personas que solicitaron las asistencia.
La situación en la Argentina es grave, ya que parte de la base (según un estudio de la Universidad Católica Argentina) que el 49 % de la población, económicamente activa, se encuentra en trabajo informal. De este porcentaje el 18,6 % en subempleo y el 9,9 % desempleado. Este sector de los trabajadores es el que se vio más perjudicado por la crisis sanitaria ya que en medio de la cuarentena quedaron sin ningún tipo de sustento
Cruzan todas las reuniones del Gobierno la situación económica y los “desbordes sociales” producto del hambre y la falta de trabajo, con lo que se aumentó el aparato represivo en las zonas más vulnerables (principalmente el Conurbano) donde el abuso policial recibe cada vez mas denuncias.
En el marco social, el ministro Arroyo anunció el programa “promotores comunitarios” y el “barrio cuida al barrio” junto a intendentes, movimientos sociales y la Iglesia, con gazebos de desinfección para “fortalecer la asistencia alimentaria, avanzar en la conformación de los comités locales y lograr que la gente no se movilice”, como declaró en los medios el ministro, mientras no hay un anuncio de fondo sobre la cantidad, fecha y condiciones en que llegará el alimento a los barrios.
Mientras se discuten las políticas para evitar protestas sociales, lo empresarios ya cuentan con un fuerte respaldo del Gobierno, con el pago del 50 % de los salarios con fondos del Anses (nuevamente se le toca el fondo de jubilados), se permiten las rebajas salariales, siguen despidiendo y suspenden como el caso del empresario Rocca de Techint que prosiguió firmemente con su plan.
El Frente de Izquierda, con sus diputados Nicolás del Caño y Romina del Plá, presentó un proyecto en la Cámara Baja con el fin de poner un impuesto progresivo a las grandes fortunas, que aún en cuarentena siguen acrecentando sus ganancias y, con ello, solventar los insumos para la emergencia sanitaria, un salario de emergencia de $ 30.000 para los sectores anteriormente nombrados que se encuentran al borde de sobrevivir y un plan de viviendas de emergencia
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