En los últimos días en distintos penales del país se iniciaron protestas y huelgas de hambre. En Corrientes murió un detenido en la Unidad 1 como consecuencia de las protestas.
La amenaza de que el ingreso del virus a los penales provoque una masacre es inminente. El hacinamiento y la sobrepoblación hacen de las penitenciarías un foco de contagio que pone en riesgo la vida de miles de personas detenidas.
Ante esta gravísima situación en los penales bonaerenses, este martes se realizó una nueva reunión en la Unidad 48 de San Martín. Participaron el juez Víctor Violini, vicepresidente del Tribunal de Casación Penal, que el 8 de abril emitió una resolución en la que con su firma hizo lugar a un habeas corpus colectivo que otorga la prisión domiciliaria a unos 2.300 presos detenidos en penales del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), pero que en su mayoría no fue efectivizada por los jueces de ejecución penal.
También estuvieron presentes defensores oficiales y autoridades judiciales, representantes del el Ministerio de Justicia provincia y de la Universidad de San Martín y referentes de organizaciones sociales que trabajan en el complejo penitenciario. De la reunión participaron también integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria.
Por las personas detenidas participaron representantes de las unidades penitenciarias 1 de Olmos, 9 de Plata, 31 de Florencio Varela, 39 de Ituzaingó, 46 y 47 de San Martín.
La Izquierda Diario accedió al testimonios de uno de los representantes de las personas detenidas, quien confirmó los detalles de lo resuelto en la reunión.
El principal reclamo de las personas privadas de su libertad es que se haga efectiva la resolución de la Cámara de Casación bonaerense, para que a las personas que pertenecen a grupos de riesgo, embarazadas, mujeres con hijos y mayores de 60 años se les otorgue la prisión domiciliaria para evitar que el ingreso del virus a los penales, que ya fue confirmado en varios casos, se convierta en una masacre.
Otro de los pedidos centrales es que el Gobierno de Axel Kicillof provea de elementos básicos como jabones, alcohol en gel, lavandina, barbijos, guantes y que se garantice la adecuada atención médica y sanitaria para los internos.
Según se supo, las autoridades judiciales y el jefe del SPB se comprometieron a atender esos reclamos. Una de las resoluciones fue que en cada una de las 60 unidades de la provincia dos representantes de los detenidos confeccionen tres listas. En una de ellas deberán incluir a todas las personas que padecen enfermedades. La segunda deberá contener a todos los detenidos que actualmente tienen salidas transitorias y la tercera a quienes estén próximos a cumplir sus condenas.
Una vez que a esas personas se les otorgue el arresto domiciliario, las autoridades se comprometieron a otorgar la libertad condicional y otros beneficios a los detenidos a quienes les corresponda. El jefe del SPB aseguró que irá personalmente a la Unidad 33 para resolver la problemática de las mujeres allí detenidas con hijos a cargo, que deben obtener la prisión domiciliaria al igual que las embarazadas y las que pertenecen a grupos de riesgo por padecer enfermedades.
La Comisión Provincial por la Memoria solicitó que las personas que se plieguen a huelgas de hambre u otras protestas no sean aisladas o encerradas en sus celdas como sucede habitualmente, sino que permanezcan con las puertas de sus celdas abiertas, como medida de prevención ante la expansión del coronavirus.
Según informó ese organismo, esto fue resuelto positivamente en el momento por el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Justicia, mientras ya han presentado más de 600 pedidos de morigeración de penas.
El Covid-19 deja al desnudo el hacinamiento y la inhumanidad
En las cárceles bonaerenses, como en las de todo el país, el 90 % de los presos están detenidos por delitos contra la propiedad o por venta al menudeo de sustancias prohibidas.
Del total de la población carcelaria que pertenece a los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad, más del 60 % están detenidos prisión preventiva.
Según datos del propio Servicio Penitenciario Bonaerense, a comienzos de este mes había 44.200 personas alojadas en establecimientos carcelarios, mientras que la capacidad máxima apenas supera las 24.000 plazas. Es decir que la la sobrepoblación es de aproximadamente un 120%.
Es urgente que se cumpla con el otorgamiento de prisiones domiciliarias y que se granticen las demandas de las personas detenidas para que la pandemia en las cárceles no termine en una masacre. | 
