Durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio, saltó a la luz una de las realidades más terribles que viven las mujeres y las disidencias. Por eso creemos que se vuelve urgente la necesidad de refugios y un plan integral contra la violencia que detallamos en este artículo.
En este artículo exponemos los fundamentos de una investigación que estamos iniciando como parte de un dossier que contiene diversas notas que escribimos entre estudiantes y trabajadoras. Desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, estamos impulsando un observatorio social sobre “La vida de las mujeres y disidencias en la pandemia”. Sabemos que el problema de la violencia patriarcal es previo a la pandemia, ya que la misma se reproduce en un sociedad basada en la desigual y las jerarquías . Por eso, las situaciones de violencia se ven agravadas en la medida que las mujeres tienen menos autonomía económica en este contexto.
Violencia de género en tiempos de encierro
Un informe de la ONU le advirtió a los gobiernos del mundo sobre el incremento de la violencia de género en tiempos de cuarentena. Solo en los dos primeros meses del año ya sesenta y tres de ellos habían ocurrido, y desde que el gobierno decretó la emergencia sanitaria al menos once de ellos sucedieron. Según la ONG “Ahora sí que nos ven" vinculada al oficialismo, en un 43% de los casos el agresor es la pareja de la víctima, un 26% la expareja, y en un 17% un familiar, lo que señala que la amplia mayoría de los casos se dan en los hogares de las víctimas.
Tras el anuncio de Alberto Fernández decretando el aislamiento social obligatorio el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad reforzó la difusión de sus canales de comunicación, su mail y la línea 144 de atención a las víctimas de violencia de género. Tan solo en el primer día se registraron cinco mil llamadas, un 30% más de lo habitual, siendo quinientos, casos extremos. A la vez, el ministerio resolvió que las mujeres y personas de la comunidad LGTTBI podrán salir de sus domicilios en caso que necesiten realizar denuncias o requerir auxilio. Pero esto no es suficiente, por más difundidos que se encuentren los canales de socorro la realidad es que las víctimas no pueden pedir auxilio mediante ellos si pasan el día encerradas con sus agresores y, mucho menos, salir de sus hogares para ir a los escasos centros de ayuda que existen actualmente. Es en este punto donde se pone de relieve la necesidad de refugios como una demanda mínima en este contexto.
En muchas situaciones de violencia, un factor común también es la situación laboral y de vivienda precaria, que limita las posibilidades y los recursos para resolverlos. Como señala el informe realizado por Elizabeth Armand y Camila Chiappero el 55,2% de las mujeres ocupadas no cuentan con al menos uno de los derechos laborales, como estar registrada o cobrar un salario superior al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
En ese sentido, se agudizan aún más los problema para las mujeres y disidencias que son parte de los sectores populares y la clase obrera, ya que para muchas de las víctimas resulta imposible materialmente abandonar los hogares compartidos con los agresores. Estadísticas como esta nos revelan que el problema es de raíz. Vivimos en un sistema en el que las ganancias de unos pocos priman por sobre la vida de las grandes mayorías, mientras las mujeres y las disidencias vivimos con sueldos de miseria y somos mayoría de las trabajadoras informales, que para dar solo un ejemplo podemos ver en caso de las empleadas domésticas presente también en este dossier. A su vez, somos también las que sufrimos una doble opresión día a día, por nuestra condición de género y de clase.
Urge la creación de refugios para las víctimas de violencia de género
Si bien en el año 2009 se sancionó la Ley de Protección Integral a las Mujeres, aunque esta ley sigue vigente no garantiza una respuesta inmediata para las víctimas de violencia de género ya que no cuenta con el presupuesto necesario y en algunas provincias ni siquiera llega a implementarse como es debido.
El gobierno nacional debe destinar un presupuesto de emergencia para la protección de las víctimas de violencia de género y para la construcción de refugios para las mismas. Estos tienen que contar con todo lo necesario para que las mujeres y personas LGTTBI, (muches en situación de calle o en piezas, hacinadas en hoteles) puedan salir de la situación de violencia que atraviesen sin ningún tipo de carencia.
Es una de las tantas medidas que propone el proyecto de acción contra la violencia de género que vienen impulsando Nicolás del Caño y Myriam Bregman. El Frente de Izquierda Unidad, ya en el año 2015 presentó un proyecto de ley en el congreso para que se ponga en pie un Plan Nacional de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres y disidencias, en el marco de la pelea por “Ni una menos” que empezaba a tomar las calles ese año.
Algunos de los puntos que propone el proyecto son la creación de refugios para las víctimas, la adquisición de viviendas para las mismas, un régimen de subsidios para ellas desde los dieciséis años de edad, creación de regímenes de licencias para estudiantes y trabajadoras con percepción de la totalidad del salario y educación desde las casas garantizada, y el derecho de las mujeres a acceder de manera gratuita e inmediata al asesoramiento y la intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia en casos de violencia.7
En este sentido, la creación de refugios es una primer medida, que tiene que estar complementada con créditos a tasa cero, con impuestos a las grandes fortunas; con planes de viviendas, subsidios, salario, y otras medidas que permitan que las víctimas de violencia puedan acceder a una vivienda propia para elles y sus familias, ya que en la mayoría de los caso cuentan con hijos y/o personas a cargo.
El proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad en este punto es muy claro. En Argentina hay grandes millonarios que gozan de enormes fortunas ¿ Porque no afectar sus ganancias para implementar medidas mínimas y de emergencia contra la violencia de género?
Con el cobro de impuestos progresivos a las grandes fortunas se podría subsidiar desde el estado, con control obrero y popular de las cuentas públicas, un verdadero plan de emergencia que dé respuesta a las necesidades de las mujeres y disidencias de las familias populares que sufren violencia de género y no tienen ni los medios ni los recursos para escapar de esas realidades.
Podemos empezar por los dueños de las grandes fortunas del país, como Paolo Rocca dueño de Techint, que poseen un patrimonio de US$ 9.700 millones y no sólo ayudó a estatizar la deuda junto al grupo Macri durante la última dictadura cívico militar, sino que en plena pandemia amenazó con despedir a mil cuatrocientos cincuenta trabajadores. Según la revista Forbes, las cincuenta mayores fortunas del país atesoran un patrimonio de US$ 70.000 millones, a la vez que los bancos levantaron millones en pala durante el macrismo, y hoy, siguen haciendo lo mismo impunemente. Son US$ 7,700 millones el patrimonio de Bulgheroni, US$ 3,900 millones de Companc y, US$ 1,100 millones de Alfredo Coto, por solo nombrar algunos.
Viendo estas inconmensurables cifras, queda claro que ningún gobierno hasta ahora quiso tocar estos intereses. Si no se dio lugar para que se debatiera seriamente este proyecto del Frente de Izquierda Unidad, es porque queda demostrado una vez más, como las mujeres y las disidencias no somos prioridad y que para el Estado las ganancias y los negocios están por sobre nuestras vidas.
Como si fuera poco, hace unos días el presidente Alberto Fernández, afirmó que prefiere un 10% más de pobres que 100 mil muertos. También podemos ver donde están las prioridades del gobierno, si recordamos lo sucedido el pasado 31 de marzo, cuando el ministro de economía Martín Guzmán desembolsó US$ 250 millones en medio de una crisis sanitaria y social para pagarle a los acreedores de deuda, al mismo tiempo que destina tan solo $ 10.000 de bono al Ingreso Familiar de Emergencia que no alcanzan para nada. O como también vimos el pasado 1 de abril, en donde se expuso a jubiladas, jubilados, pensionados y madres beneficiarias de la AUH a largas filas, que se repetirían los días posteriores.
Según un informe del año 2019, sobre la Condición de Ocupación de las Viviendas, realizado por el Instituto de Vivienda de la Ciudad, en la ciudad de Buenos Aires existen 138.328 viviendas sin habitar, las cuales equivalen a un 9,2% de las residencias de CABA. Las mismas se concentran en el corredor norte de la ciudad con foco en la comuna 1, es decir los barrios Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, Monserrat, San Telmo y Constitución, y la comuna 14, Palermo. Incluso en CABA ni siquiera se les cobra un impuesto extra a aquellas viviendas ociosas como se viene exigiendo hace años desde diversos sectores. Ni que hablar de los hoteles de lujo que en estos momentos de crisis sanitaria se encuentran vacíos y podrían estar puestos al servicio de los refugios y paradores adecuados a las condiciones de seguridad e higiene necesarias.
Gráfico 2. Porcentaje de vacancia según la comuna sobre el total de la ciudad. CABA. Febrero 2017/ febrero 2018
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ENRE
Mapa 1. Viviendas vacantes. % sobre el total de la comuna. CABA. Febrero 2017/ febrero 2018
Fuente: Elaboración propia en base a datos del ENRE
Como propone el proyecto del Frente de Izquierda Unidad, mediante impuestos extraordinarios a las grandes fortunas del país y la expropiación de estas viviendas por parte del Estado se podrían crear miles de refugios para las víctimas de violencia de género y mismo para las personas en situación de calle. Solo en la ciudad de Buenos Aires hay más de 7000 personas sin hogar, que en la mayoría de casos son mujeres y disidencias que sobreviven el día a día, criando a sus hijos, juntando monedas en los trenes y en muy pocos casos cobrando bonos que no alcanzan como los de la AUH.
Nosotras como feministas socialistas, entendemos que son necesarias este tipo de medidas elementales como las que intentamos exponer en esta nota, pero a su vez creemos que para acabar efectivamente con la violencia de género y con toda forma de opresión, es necesario organizarnos. Las mujeres y disidencias demostramos en las calles estar a la vanguardia de la lucha por nuestros derechos, que al calor de la marea verde, logró imponerse a lo largo del país y en diferentes partes del mundo.
Es en este contexto que nuestra pelea se profundiza peleando de conjunto las estudiantes con las trabajadoras. Las docentes, las médicas y enfermeras, las empleadas domésticas, y las jóvenes precarizadas que en estos momentos están en la primera línea contra los despidos y los aprietes de las patronales, son nuestras aliadas en esta lucha. Juntas tenemos la fuerza para organizarnos contra quienes nos oprimen y permiten que este sistema perdure en el tiempo.
Invitamos a leer todos los artículos hoy publicados en este dossier y a que tomemos el ejemplo de las mujeres trabajadoras que se ponen de pie para pelear por una salida a la crisis sanitaria y social que profundizó esta pandemia.
