Ante una pandemia que golpea a la sociedad, en medio de una crisis económica aguda que ya venía ajustando a la clase trabajadora y el pueblo pobre con políticas impuestas por el FMI, la realidad social y económica se encrudeció profundamente. Las más afectadas vienen siendo las mujeres, así como también las disidencias sexuales. El Estado lanzó un Ingreso Familiar de Emergencia de 10000 pesos como medida de emergencia para “monotributistas y trabajadores informales”, esta medida no es solo insuficiente por su monto, que alcanza solo un cuarto del valor de la canasta básica, sino que además desmantela una concepción familiar, heteronormativa y patriarcal de la política de asistencia social que deja sin posibilidad de ser beneficiarias a millones de mujeres, en muchos casos con hijes a cargo.
Durante las últimas dos semanas, millones se anotaron en la página de Anses para intentar ser beneficiaries de la nueva asignación que ofrecía el gobierno de Alberto Fernandez. El anuncio había sido muy amplio en quienes lo podrían obtener, pero la realidad fue muy restrictiva y les denegades de la IFE se multiplicaban con fundamentos que denotan el carácter capitalista y patriarcal del Estado a la hora de considerar quienes son les mas necesitades.
Así lo vimos en testimonios que recolectamos desde La Izquierda Diario, en su mayoría mujeres que no podían cobrarlo: “Figuro como conviviente de mi ex, que percibe ingresos entonces no puedo cobrarlo pero pago alquiler, estoy desocupada y tengo un pibe a cargo”; “no está terminado el trámite de divorcio entonces no puedo cobrarlo porque él tiene un sueldo”; “hace tres semanas le pusieron una perimetral a mi ex marido y padre de mi hijo porque intentó matarme, sin embargo no sólo que la asignación universal por hijo se la depositan a él, por ser quien esta bancarizado, sino que no cobro el IFE y no puedo cambiar el beneficiario de la asignación porque no está funcionando Anses. No tengo un mango, trabajo en negro y no cobre el sueldo de marzo y mi hijo tiene hambre”; son algunos de los brutales testimonios que recolectamos. “Vivo con mi pareja, el es docente reemplazante y realizó un reemplazo en Febrero, entonces no nos dieron la IFE y lo que es aún peor, me sacaron la asignación universal porque figura que tuvimos un ingreso”, contó una mamá indignada por la situación.
Mujeres que son sostén de ellas mismas, de niñes y de familias a cargo, en soledad. La concepción familiar muestra como quedan por fuera de los registros muchísimas, que no tienen ingresos y tienen que hacer malabares para llenar sus panzas y la de sus hijes. Una concepción que alimenta la dependencia económica de mujeres que en muchos casos son violentadas y en muchos otros, están desamparadas por haber elegido romper vínculos conyugales que ya no elegían. Ellas, las que cumplen un doble rol productivo y reproductivo en la sociedad capitalista y patriarcal siguen siendo las más perjudicadas en una crisis. Las mismas que integran mayoritariamente los índices de pobreza.
Las jubiladas y las consecuencias de la reforma previsional en medio de la crisis
La reforma previsional fue votada en el 2017 con el apoyo de legisladores tanto de Cambiemos como también de sectores del actual oficialismo, como son los ejemplos de Jose Alperovich y Daniel Lovera, entre otres. El plan de ajuste a la clase trabajadora comenzó con esta brutal medida que mostró en las calles el repudio de una multitud en todo el país. Esta reforma implicó un ataque a las jubilaciones, pensiones, Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y pensiones no contributivas.
El 62% de les jubilades son mujeres (sin moratoria), el 86 % de las personas que accedieron a la última moratoria previsional fueron mujeres. Amas de casa, empleadas domésticas, trabajadoras en su mayoría precarizadas que no superaban los 8 a 10 años de aportes, con la reforma estas personas tienen acceso a una pensión que es el 80% de la jubilación mínima, es decir $12.713 mientras la canasta básica familiar ronda los $40.000.
Ellas son las que padecen la peor parte de esta crisis, siendo en muchos casos población de riesgo ante la pandemia y no pudiendo, producto de sus bajos ingresos, tomar las medidas sanitarias más adecuadas para la prevención. Mientras las grandes cadenas de supermercados remarcan precios, sus jubilaciones y pensiones no alcanza para nada. El IFE otorgado por el gobierno nacional excluye a quienes reciben dichas pensiones y jubilaciones.
“Un Estado maternal del cuidado”
Hace pocas semanas en medios televisivos dio entrevistas la referente de género, Rita Segato, quién habló del concepto de Estado maternal del cuidado, refiriéndose de esta manera a las medidas estatales que se toman en nuestro país. Resulta chocante de este lado de la pantalla escuchar esas palabras, cuando es el mismo Estado “maternal” el que deja a la deriva a millones de mujeres, el mismo Estado que reprime brutalmente en barriadas populares a cientos de familias, el mismo que nos manda a patrullar por internet a pedido de la Ministra de Seguridad Sabrina Frederic y el mismo que mantiene alianzas con la iglesia que son la gran traba para que nos otorguen muchos de los derechos por los que pelea el movimiento de mujeres.
Reprimir no es cuidar. Abandonar no es cuidar, y ninguna de estas acciones que dejan a millones desamparadas puede considerarse maternal ni relacionarse con el mundo feminista con el que soñamos y por el cual luchamos. A pesar de existir nuevos Ministerios que supuestamente fueron creados para administrar mayor cantidad de recursos en pos de ayudar a quienes más padecemos esta crisis y a pesar de que sea una mujer quien esté a cargo del Ministerio de Seguridad el Estado continúa aplicando medidas patriarcales y nada de esto puede concebirse como “políticas del cuidado”, ni muchos menos relacionarlos con la imagen de una madre. La feminización de la pobreza no es maternal.
Para enfrentar esta crisis: organización y feminismo socialista
El movimiento de mujeres año tras año demuestra tener una fuerza enorme para pelear por sus derechos. Desde haber ganado las calles por Ni Una Menos, la pelea por el derecho al aborto legal, la implementación de la ESI y la separación de la Iglesia y el Estado. Hoy esa fuerza la podemos poner para enfrentar la crisis sanitaria y económica que estamos padeciendo. Así como ya lo vienen haciendo muchas dentro de los locales de comida rápida, docentes reemplazantes y jóvenes precarizadas en cadenas de supermercados, resistiendo los ataques y luchando por sus fuentes laborales y condiciones de vida.
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Tenemos que exigirle al gobierno que la prohibición de los despidos sea efectiva, que contemple al 35% de les trabajadores que lo hacen en negro donde la enorme mayoría somos mujeres: peluqueras, kiosqueras, mozas, empleadas de comercios, como niñeras o empleadas domésticas, y hoy no tenemos respuestas a nuestras problemáticas. Desde los lugares de trabajo que hoy están funcionando, las mujeres podemos jugar un rol y comenzar a organizarnos en asambleas que levanten nuestras demandas.
Es urgente un salario de emergencia de $30000 para todes aquelles que no perciben ingresos o que se encuentran en la informalidad. Para poder lograrlo es necesario también que los sindicatos se pongan a la cabeza de estas peleas y no sigan dándonos la espalda. Un plan de emergencia contra la violencia machista es una necesidad urgente, donde haya asistencia económica, sanitaria, refugios y planes de vivienda para todas aquellas que hoy son víctimas de violencia y no pueden salir de esa situación producto de la dependencia económica.
Desde el feminismo socialista venimos hace años abriendo un amplio debate al interior del movimiento de mujeres. Hoy creemos que la realidad explica muchas de nuestras concepciones. Nuestra lucha contra la opresión y la explotación tiene que continuar organizándonos de forma independiente de los gobiernos y la iglesia, junto a les que salen a enfrentar los ataques del Estado y los empresarios.
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