La noticia se da en medio de la discusión paritaria nacional, dónde días atrás la Federación de Papeleros había anunciado el desacuerdo a la posibilidad de una rebaja salarial o a la suspensión de trabajadores. Sin embargo, la Comisión Directiva del Sindicato de Obreros y Empleados de Papel, Cartón y Químicos de la Provincia de Jujuy encabezados por Roberto Balanza, Ramón Reynoso, Guillermo Góngora, Gustavo Herrera, Osvaldo Yapura, Gonzalo Alfaro y Emilio Garzón, suscribieron un acuerdo con la empresa Ledesma, que permite tanto la suspensión de todos los trabajadores que la empresa considere, amparados insólitamente en el Art. 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo.
De acuerdo al acta suscripta, además, la empresa realizará el pago del 70% del salario de forma “no remunerativa”, es decir, sin realizar los aportes correspondientes y por lo tanto desfinanciando al sistema jubilatorio. Este formato, que aún debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, tiene como antecedente el intento del gobierno de Gerardo Morales de no realizar los aportes a los trabajadores estatales.
La trampa del Art. 223 bis y la entrega sindical
A pesar que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 329/2020 prohíbe las suspensiones sin goce salarial (y los despidos sin justa causa), desde un primer momento desde el Frente de Izquierda se denunció la ventana abierta por el mismo decreto que establece como posibilidad la suspensión contemplada en el Art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que son las suspensiones pactadas entre el empleador y homologadas por las autoridades y prevé también el pago de montos “no remunerativos”. Como le planteara el diputado del PTS en el Frente de Izquierda Nicolás del Caño al presidente Alberto Fernández, hecha la Ley, hecha la trampa.
Por si esto fuera poco, el acta prevé que, de recibir algún tipo de ayuda estatal para cubrir salarios, la misma no estará en función de reestablecer el 100% del salario, sino que se mantendrá el 70% de forma no remunerativa. Doble estafa
¿Por qué Ledesma impulso el acta con el sindicato?
Hasta ahora Ledesma venía realizando suspensiones y descuentos a los papeleros y el decreto presidencial había dejado en la ilegalidad a la empresa, estando obligada a pagar el 100% a los trabajadores suspendidos. Con el acuerdo, mantiene los descuentos y gracias a la firma del sindicato ahora son “legales”. Cabe destacar, que la “trampa” del Art. 223 bis en este caso, sólo puede producirse porque el sindicato avala su utilización, sino Ledesma estaría obligada a pagar la totalidad del sueldo y de los aportes de los trabajadores. Es decir, para que exista trampa, tiene que haber tramposos de ambos lados del mostrador.
Por si esto fuera poco, el sindicato pacto un acuerdo paritario donde un operario de la categoría quinta o cuarta no llegará a cubrir siquiera la canasta básica familiar de $30.000. A estos trabajadores, encima, se les descontará el 30%.
El acuerdo, de ser homologado por el gobierno nacional, dejaría un nefasto antecedente para todos los trabajadores del grupo empresarial.
La cuota de la vivienda sin descuento
La sed de ganancias de la familia Blaquier no tiene límites. Mientras suspende a los trabajadores y les realiza descuentos salariales, a trabajadores que en algunos casos no llegan a cubrir la canasta básica familiar y que apenas llegaron a obtener una vivienda, les sigue realizando el descuento de la totalidad de las cuotas de las casas del barrio Papa Francisco que hoy ronda en los $5.000 pesos por mes. En una situación peor están aquellos trabajadores azucareros o de cosecha y empaque que aún ni siquiera fueron convocados a trabajar y aun así deben realizar el pago de esas cuotas.
¿Crisis?
Lo verdaderamente insólito del acuerdo suscripto de la filial Jujuy del sindicato papelero, es que acepta que la empresa Ledesma tiene algún tipo de crisis producto de las restricciones de aislamiento social por la pandemia de coronavirus.
Sólo en 2019 el pulpo empresario de la familia Blaquier facturo más de $20.000 millones y sus ganancias operativas aumentaron un 128% llegando a $1.704 millones de pesos. Sólo en 2019. Es decir, que el acuerdo suscripto para suspender trabajadores con recorte salarial, no busca evitar pérdidas económicas, sino mantener las siderales ganancias.
Es sabido que la familia Blaquier no es sensible a la vida de los trabajadores, no sólo por su complicidad durante la última dictadura militar en la desaparición de trabajadores en la llamada “noche del apagón”, sino incluso ahora durante la pandemia fue denunciada por entregar a los trabajadores “barbijos ecológicos” absolutamente inservibles para evitar el contagio del coronavirus pero principalmente para evitar contaminación dentro de las propias instalaciones.
¿Subsidios o impuesto a las grandes fortunas?
Pero la familia Blaquier, además de beneficiarse de del decreto 329/2020, como dijimos, no descarta obtener por parte del Estado (nacional, provincial o municipal) algún tipo de subsidio por cada uno de sus empleados. Además, esta semana fueron noticia también por pretender el aumento del cupo para biocombustibles, beneficiándose aún más con la producción de alcohol.
Lejos de seguir beneficiando a emporios empresariales, los diputados del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño y Romina Del Pla, propusieron un impuesto a las grandes fortunas para obtener fondos para financiar todas las medidas relacionadas con la crisis sanitaria por la pandemia del covid-19. Blaquier, que según la revista Forbes tiene una fortuna superior a los U$S 550 millones (más de $36.850 millones), entra dentro del 0,4% de la población que lo pagaría. Un impuesto de apenas el 10% a esas riquezas aportaría, por ejemplo, $3.650 millones al presupuesto de Salud.
Actas firmadas por el sindicato con la empresa.
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