Hace menos de un mes, mientras que numerosos países en todo el mundo luchaban por contener la devastadora propagación de COVID-19, las autoridades rusas habían prácticamente declarado la victoria de Rusia sobre el virus. "Gracias a las rápidas medidas tomadas de antemano", proclamó el presidente Putin a fines de marzo, "pudimos contener la penetración masiva y la propagación de la enfermedad en Rusia. A pesar del nivel de riesgo potencialmente alto, debemos decir que la situación en su conjunto está bajo control". Los comentarios autocomplacientes se combinaron con una espectacular campaña de relaciones públicas, que incluyó el envío de suministros médicos a Italia y a los Estados Unidos, y con fuertes críticas a las autoridades europeas por su "mala gestión" de la pandemia.
Sin embargo, detrás del triunfalismo oficial, las realidades enfrentadas por los médicos rusos que trataban a pacientes con síntomas respiratorios contaban una historia muy diferente. Según las propias estadísticas del gobierno ruso, los rusos estaban contrayendo "neumonía" a tasas significativamente más altas que en el pasado. En enero, los médicos de Moscú informaron un aumento del 37% en los casos de neumonía en comparación con el mismo período del año anterior. “Mientras el mundo entero enfrenta un brote de un nuevo coronavirus, Rusia enfrenta un brote de una neumonía adquirida en la comunidad. Y, como de costumbre, nos enfrentamos a la mentira de las autoridades", explicó Anastasia Vasilyeva, del sindicato Alianza de Médicos, en marzo.
Después de varias semanas de debate sobre la exactitud de las estadísticas publicadas por las autoridades, una carta oficial enviada a los directores de los hospitales de Moscú por Aleksei Khripun, jefe del departamento de salud de Moscú, parecía confirmar las denuncias de que las cifras relativamente bajas en Rusia eran falsas. La carta reconocía que las cifras sobre el virus se habían visto comprometidas por una "cantidad muy alta de resultados falsos" que ocultaba el verdadero alcance de la propagación.
La cantidad significativa de falsos negativos se ha explicado parcialmente por deficiencias en los dispositivos de prueba utilizados. Las pruebas se realizaban inicialmente con un dispositivo fabricado localmente que muchos especialistas consideran defectuoso. Esto se vio agravado por el hecho de que las muestras tenían que enviarse a un solo laboratorio en Siberia, lo que condujo a grandes demoras en la obtención de resultados. Como consecuencia, durante varias semanas los rusos continuaron sus actividades normalmente, con poca información sobre el riesgo real de infección.
No fue hasta mediados de marzo que las autoridades decidieron cerrar las escuelas y algunos negocios, restringir los viajes aéreos y lanzar un paquete de asistencia financiera limitada. Pero para entonces era imposible rastrear la propagación de la enfermedad y estaba claro que pronto habría un aumento preocupante de la tasa de infección.
Una situación innegablemente "problemática"
La gravedad de la situación actual del COVID-19 en Rusia es innegable. Hasta el 23 de abril, se habían informado 62.773 casos de infección en todo el país, con un total de 555 muertes. Se han informado casos de infección en todas las regiones. El 10 de abril, Sergei Sobyanin, el alcalde de Moscú, reconoció que "el virus está ganando impulso" y que "la situación se está volviendo cada vez más problemática". La ciudad de Moscú ha sido la más afectada hasta ahora en Rusia, y las autoridades sanitarias locales han admitido que los servicios de ambulancia y los hospitales de la ciudad se encuentran al límite. En los últimos días, se han visto líneas interminables de ambulancias frente a algunos hospitales de Moscú, y algunos conductores de ambulancias han informado que tuvieron que esperar hasta 15 horas para dejar a un paciente. El virus también ha comenzado propagarse en el vasto interior de Rusia, donde el sistema precario de salud plantea serios interrogantes en cuanto a la capacidad de los hospitales para enfrentar un aumento repentino de casos.
El sistema de salud de Rusia en su conjunto carece de recursos para hacer frente a una pandemia, después de años de recortes y cierres de hospitales en lo que el gobierno ha denominado un proceso de "optimización". La última reforma del sistema de salud comenzó en 2010. Su objetivo declarado era optimizar los costos al cerrar hospitales ineficientes y expandir el uso de instalaciones médicas de alta tecnología. En la práctica, esto significó que los centros médicos recibían más fondos cuanto mejor era su rendimiento económico. Como consecuencia, varias instituciones ubicadas en zonas remotas terminaron operando al límite de su supervivencia y el acceso a la atención médica se volvió cada vez más limitado fuera de las regiones más densamente pobladas. Para 2019, había menos hospitales en Rusia que en 1932 y más de dos veces menos camas hospitalarias que en 1991. También ha habido un aumento de la privatización de los servicios médicos y la cantidad de servicios pagos aumentó de 15.828 a 66.085 entre 2005 y 2018.
El resultado deplorable de este proceso de optimización incluso ha sido reconocido por funcionarios estatales. En noviembre del año pasado, la viceprimera ministra Tatyana Golikova anunció a la agencia de noticias rusa Interfax que el gobierno había "francamente fracasado" en la corrección de los errores cometidos en el proceso de optimización en numerosas regiones del país. El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, también señaló que algunas clínicas y hospitales de distrito estaban en condiciones "malas, si no pésimas".
A pesar de la gravedad incuestionable de la situación, las medidas de aislamiento social impuestas en las grandes ciudades rusas han sido laxas. En Moscú, no se ha declarado una cuarentena oficial. En cambio, las autoridades han impuesto lo que se ha llamado un "estado de alerta máxima", y muchas empresas continúan sus operaciones normales.
El gobierno federal también ha comenzado a relajar las medidas de aislamiento social en la mayoría de las regiones rusas, con lo cual han puesto en riesgo a miles de trabajadores. El 8 de abril, Putin mantuvo una reunión con los gobernadores en la que declaró: "No se puede detener la economía (...) Necesitamos crear las condiciones para que las empresas, organizaciones y empresarios retomen su horario normal de trabajo".
"Los gobernadores sensatos están en pánico", dijo una fuente cercana al gobierno. "Aumentarán las infecciones". Según fuentes cercanas al gabinete de ministros, el objetivo final de relajar las medidas de aislamiento social en forma gradual es reducir las pérdidas comerciales para que el estado no se vea obligado a brindar un apoyo financiero significativo.
Amenazados por denunciar deficiencias
Según una encuesta encargada por la publicación rusa Kommersant a principios de abril, el 55% de los médicos rusos cree que su centro de salud no está preparado para tratar a pacientes con COVID-19. El 49% informó que faltan elementos de protección personal, el 35% denunció que sus instalaciones carecen del equipamiento médico adecuado y el 28% indicó una falta de personal.
“Desde el inicio del brote de coronavirus,” declaró Vasilyeva de la Alianza de Médicos de Rusia, “nuestro sindicato ha recibido decenas de quejas de profesionales médicos de todo el país. Informan una falta total de elementos de protección personal y la incapacidad de los hospitales para combatir el virus. Muchos de ellos (...) se ven obligados a coser sus propios barbijos con gasa".
A fines de marzo, la Alianza de Médicos anunció el lanzamiento de una campaña de recaudación de fondos para suministrar elementos de protección personal a hospitales que tratan pacientes con COVID-19. Después del anuncio, Vasilyeva recibió una citación para presentarse ante el Comité de Investigación de Rusia en relación con una inspección sobre la "divulgación intencional de información falsa sobre la propagación de COVID-19".
Desde el 1 de abril, los rusos enfrentan multas de hasta 700 mil rublos (alrededor de USD 9,460) o penas de prisión de hasta tres años por la difusión de información "intencionalmente falsa" sobre "circunstancias que representan una amenaza para la vida y la seguridad de los ciudadanos o sobre medidas tomadas para garantizar la seguridad de la población y los territorios". Las sanciones son aun más severas si se declara a una persona culpable de causar en forma inadvertida la muerte de otra persona o de otras consecuencias graves a partir de la divulgación, en cuyo caso podría recibir una multa de hasta 2 millones de rublos (alrededor de USD 27.000) o una pena de prisión de hasta 5 años. Las nuevas disposiciones forman parte de un paquete de leyes "antivirus" que también incluye multas significativas para personas sanas que violan las órdenes de aislamiento y hasta siete años de prisión por violaciones graves de las reglas de cuarentena.
El 2 de abril por la tarde, Vasilyeva y otros miembros de su sindicato fueron detenidos en una carretera cerca de Okulovka, en la región de Novgorod, donde iban a entregar más de 500 respiradores, trajes de protección, gafas y guantes a dos hospitales locales. Se presentaron cargos contra ellos en virtud de nuevas disposiciones administrativas que sancionan el incumplimiento de las normas de conducta en situaciones de emergencia. Los miembros del sindicato pasaron casi un día entero en la comisaría y fueron liberados después de 22 horas, después de lo cual Vasilyeva fue detenida nuevamente. La Alianza describió su detención como un ataque. Un video del incidente muestra cómo varios policías intentan arrastrarla violentamente hacia la comisaría. Los informes indican que perdió el conocimiento y recibió golpes en el estómago, según el activista de derechos humanos Dinar Idrisov. Se presentaron cargos administrativos en su contra por "desobedecer las exigencias legales de agentes de policía".
En Moscú, el neurocirujano Vsevolod Shurkhai recibió una citación para presentarse ante la Fiscalía el 7 de abril en relación con una entrevista que dio a la publicación rusa Tiempo Actual, en la que denunció la falta de elementos de protección personal y lámparas ultravioletas para la purificación del aire en su hospital. También indicó que el hospital había proporcionado un solo termómetro de mercurio para 40 médicos en su departamento. Según el artículo de Tiempo Actual, Shurkhai había informado a la administración del hospital por escrito sobre la escasez, pero se le aconsejó que no insistiera con sus reclamos. Como consecuencia, el médico recurrió a las autoridades de control y a los medios de comunicación. Su caso se encuentra pendiente en la Fiscalía. Cuando se le preguntó si temía que lo despidieran, respondió: "No tengo miedo, porque el despido no es la muerte. Lo que temo es que alguien se enferme porque no se han tomado medidas adecuadas. Creo que esta es la situación más difícil por la que puede pasar un médico, saber que se ha convertido en un engranaje de este sistema y que alguien pagó con su vida por los errores cometidos".
Los médicos no son los únicos amenazados por la reciente enmienda al Código Penal de Rusia. La primera denuncia penal por "diseminación intencional de información falsa" sobre el coronavirus se efectuó en tiempo récord, solo un día después de la promulgación de la nueva ley. El 2 de abril se inició una investigación en San Petersburgo sobre una publicación por parte de la activista ambiental Anna Shushpanova en la red social rusa VKontakte. Había informado que en una clínica de la ciudad de Sestroretsk se había dado de alta a una persona que mostraba signos de coronavirus y que se le permitió volver a su casa en transporte público. "Mi objetivo fue atraer la atención de la policlínica y del hospital para que tomaran la situación del coronavirus más en serio", explicó Shushpanova. El 3 de abril, diez investigadores le allanaron la casa, donde vive con su madre y su hermana. Confiscaron la computadora de la activista, así como la computadora de su padre, un disco duro portátil, su teléfono y una unidad flash USB. Shushpanova y su hermana fueron detenidas e interrogadas.
Según la publicación rusa OVD-Info, hatsa el 16 de abril se habían realizado 12 denuncias penales en virtud de la nueva Sección 207.1 del Código Penal. Los grupos de defensa de los derechos humanos temen que esta cantidad aumente en forma exponencial en las próximas semanas mientras las autoridades buscan controlar el discurso sobre la crisis del coronavirus en el país.
Después del aumento repentino de la cantidad de casos, Putin también anunció que se podrían desplegar las fuerzas militares en todo el país para hacer frente al brote. "Pueden y deben usarse todas las capacidades" del ejército ruso, afirmó la semana pasada.
En la región de Moscú, las autoridades locales han tomado medidas cada vez más severas para controlar los movimientos de los residentes en la ciudad. Actualmente se requiere que los moscovitas obtengan un pase electrónico que contiene un código QR para cualquier tipo de transporte público o personal. El primer día de vigencia del sistema de pases, se observaron grandes multitudes agolpadas en las estaciones de subte y se informaron embotellamientos importantes en casi todos los accesos a la ciudad, mientras las personas esperaban el control de sus pases.
"Es atroz (...) Es un genocidio de la propia población. No sé qué palabra utilizar", se quejó Dr. David Matevosov de Medsi Premium, y señaló que en condiciones tales de amontonamiento una sola persona puede infectar hasta diez personas. "Las casi dos semanas y media de cuarentena han sido en vano", agregó. "Seguramente se producirá otro pico en 7 a 14 días, según el período de incubación".
Otro método de control de la población utilizado por la ciudad de Moscú con el pretexto de proteger a la población al controlar el cumplimiento de las medidas de aislamiento es un sistema de reconocimiento facial masivo implementado a principios de este año. El sistema se basa en el uso de 175.000 cámaras conectadas a un único centro de almacenamiento y tratamiento de datos, donde el sistema de reconocimiento facial de la ciudad procesa varias decenas de millones de caras por día. "Queremos que haya aun más cámaras, para que no quede ninguna esquina ni calle lateral oscura", anunció Oleg Baranov, jefe de policía de Moscú, en una conferencia reciente. Agregó que el departamento pronto instalará 9.000 cámaras adicionales. Según la BBC de Rusia, la ciudad ha asignado alrededor de 500 mil millones de rublos (alrededor de USD 6,6 mil millones) al desarrollo de un sistema de recopilación y análisis de datos desde 2012.
En la Rusia de Putin, las autoridades estatales instrumentalizan la crisis de COVID-19 para reforzar su control sobre los movimientos de la población y desarrollar nuevas capacidades de vigilancia de gran alcance. Se ha convertido en el último pretexto para aumentar la censura estatal, reprimir a los opositores y violar los derechos humanos. Su legado de poderes estatales ampliados podría subsistir por mucho más tiempo que el virus mismo. | 
