El martes 21 de abril en un comunicado de prensa el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que ha iniciado un programa de apoyo a los empresarios para que estos puedan diferir hasta por 48 meses el pago de las cuotas al Seguro Social.
La decisión de permitir que los empresarios aplacen el pago de impuestos se enmarca en la presión que desde hace semanas ejercen sobre el gobierno amloísta organizaciones patronales, entre ellas, la Coparmex, la Concamin, el Consejo Coordinador Empresarial y otras.
Ante la crisis económica, los patrones, de la mano con las burocracias sindicales, exigen un conjunto de medidas económicas para reducir el costo que para ellos representan las medidas de confinamiento decretadas por el gobierno en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19.
El plan de salvataje que propone la burguesía mexicana entre otras cosas exige aplazar en el tiempo el pago de impuestos, la adquisición de deuda pública, la formación de un “salario solidario” con aportación gubernamental para que los salarios de los trabajadores no sean cubiertos por los patrones e igualmente, continuar con la política de permisividad ante el despido de miles de trabajadores en todo el país.
La medida que impulsa el gobierno federal a través del Seguro Social consiste en ofrecer a los empresarios que sus aportaciones al IMSS se cubran en plazos que van de los 12, los 24 y hasta los 48 meses, con intereses del 1.26 al 1.82 por ciento. El esquema propuesto es el siguiente: los empresarios se comprometen a “pagar” el 100% de las cuotas obreras y “adelantar” el 20% de la aportación patronal, una vez hecho eso, se entenderá que se cubrió con el requisito fiscal y el gobierno quedará en espera de que las empresas cubran mensualidades según el plazo acordado.
Lo anterior es escandaloso en varios sentidos. Por un lado mientras que a los patrones se les difiere el pago de impuestos para los trabajadores todo sigue igual, lo que en los hechos es una especie de engaño puesto que cuando el gobierno dice que los empresarios tienen que cubrir el 100% de la cuota obrera, no es que el dinero de esas cuotas salga de la bolsa de los empresarios, simplemente están transfiriendo el dinero que previamente descontaron vía nómina a sus empleados, mientras que ellos podrán cumplir con sus obligaciones fiscales hasta 2022. Así,
los trabajadores son obligados a pagar puntualmente sus impuestos y cuotas al seguro social y los patrones no.
De entrada la medida desnuda hacia dónde se inclinan los intereses del gobierno y después, clarifica que este gobierno está dispuesto a ofrecer una y otra vez concesiones a los grandes empresarios pese que ellos no cesan de atacar y tildar de insuficiente cada medida que en el plano económico propone la 4T.
Claro que la burguesía esperaría un plan más agresivo, ellos no están dispuestos a pagar los costos de la crisis sanitaria y económica, pero como alguien debe pagar, han elegido que sean los trabajadores quienes lo hagan. Por su parte desde palacio nacional continúa el discurso de "gobernar para ricos y pobres" aunque en los hechos se haga política de manera diferenciada.
López Obrador ha anunciado que para blindar a los sectores populares se reforzarán los programas sociales y, en un guiño a la clase media y a algunos sectores de la economía informal, se otorgarán créditos a la palabra para las PyMEs y los trabajadores no asalariados. No obstante, éstos serán en un número tan reducido que millones de trabajadores continuarán en la incertidumbre económica frente a la carestía y los despidos masivos.
A diferencia del gobierno, nosotros creemos que no podemos cargar un solo peso del costo de la crisis sobre los trabajadores. Pensamos que en lugar de aplazar el pago de impuestos para los ricos deberíamos de cobrar impuestos progresivos a las grandes fortunas de empresarios como Carlos Slim, Alberto Bailléres, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, etc., y de las trasnacionales. Para financiar con ese dinero los gastos de insumos médicos y todo lo necesario para enfrentar la pandemia.
Para que los sectores populares enfrenten dignamente la cuarentena deben prohibirse los despidos y garantizar el pago íntegro de los salarios, pero no solo eso, se necesita asegurar que el salario sea suficiente para costear completamente el derecho a la vivienda, alimentación, vestido, agua, luz, gas, internet, salud y esparcimiento, para lo cual exigimos al gobierno una escala móvil de salarios que se adecúe al costo de la canasta básica y la vida en cuarentena, todo ello para trabajadores formales y los informales.
Empresario que viole esa disposición debe ser expropiado y en caso de ser empresas de los sectores estratégicos poner a andar la producción para garantizar insumos y tecnología médica, siempre bajo el más estricto control democrático de los propios trabajadores y todas las medidas sanitarias para cuidar su salud.
Para garantizar todo ello, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes debemos pensar que la solución a la crisis no vendrá de los empresarios ni de ningún gobierno proclive a satisfacer sólo sus exigencias. Es hora de pensar que sólo la organización política de los explotados y oprimidos contra el sistema capitalista, de la mano con una perspectiva socialista y revolucionaria será capaz de garantizar una salida digna a la crisis sanitaria y económica que se avecina. |
