El presidente de la Cámara de Diputados y dirigente del Frente de Todos se refirió a la crisis sanitaria en los penales y amenazó con juicio político a parte de los jueces que cumplan el fallo de Casación.

Una de las características de Sergio Massa, que pasó de votador serial de las leyes macristas y enemigo del kirchnerismo a ser un pilar de la alianza que llegó al gobierno con la fórmula Fernández-Fernández, es su pensamiento sobre el sistema penal.

No es ninguna novedad (y él nunca lo ocultó) que es uno de los paladines de la llamada mano dura policial, judicial y penitenciaria.

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Este lunes, en una entrevista en el programa “Novaresio 910” de radio La Red, Massa se refirió a la crisis sanitaria por el Covid-19 en las cárceles, que llevó a protestas en distintas unidades penitenciarias del país ante el hacinamiento y condiciones inhumanas de detención.

Muy suelto de cuerpo el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que a él le parece “que las penas o las sanciones son para ser cumplidas, por que son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió y cuando aparece una situación que viola esto se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos”.

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Lo que ni Sergio Massa (ni ninguna autoridad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ni de su secretaría de Derechos Humanos) dice es que alrededor de la mitad de las personas privadas de su libertad en Argentina lo están con prisión preventiva, es decir, sin condena.

Pero además lo que no dicen, ni desde el Gobierno ni tampoco las grandes empresas mediáticas que se ocupan de demonizar a todas las personas detenidas, es que la gran mayoría está presa por delitos menores contra la propiedad o por consumo personal o venta al menudeo de drogas.

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Amenaza a los jueces

Pero Massa no se quedó ahí. Luego amenazó a los jueces: “Estamos viendo que en algunos lugares algunos jueces están actuando de manera irresponsable”, aseguró y agregó que dará la “instrucción a la oficina de víctima que depende del Congreso, para que en el caso de los jueces que incumplan y no den vista a la víctima, le iniciemos juicio político”.

Es decir que los amenaza si cumplen con lo dictaminado por la Cámara de Casación Penal, de acuerdo a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, apenas declarada la pandemia del Covid-19, recomendaron analizar la prisión domiciliaria para detenidos de grupos de riesgo, evaluando de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario o libertad anticipada. Especialmente en el caso de personas mayores, con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y quienes estén prontas a cumplir condenas.

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¿Iguales ante la “ley”?

Mientras la crisis sanitaria en las cárceles se profundiza, la Secretaría de Derechos Humanos encabezada por Horacio Pietragalla solicitó la excarcelación para el secretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por causas de corrupción como también para uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, lo que fue respaldado por el propio Alberto Fernández. Curiosamente sobre esos pedidos Massa no hizo ningún comentario.

Por el momento no se tomaron medidas efectivas ante la gravísima situación en las cárceles, en la que miles de personas hacinadas necesitan en forma urgente una solución para no morir en ellas.

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