Esta semana el gobierno provincial y las autoridades del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) hicieron circular una declaración jurada entre los trabajadores de la salud que tienen que cobrar el bono de 20 mil pesos otorgado en cuatro partes por decreto nacional. Pero la sorpresa vino por la letra de la declaración jurada prevista a los meros fines de identificar a los trabajadores y sus respectivos lugares de trabajo, ya que en la versión confeccionada por el Siprosa este instrumento incorpora el siguiente párrafo: "comprometo mi disponibilidad según necesidades de servicios donde el Sistema Provincial de Salud lo requiera a tales fines".
Es decir que con este instrumento las autoridades del Siprosa pretenden tener las manos libres para trasladar personal de la salud a su antojo, algo que ya vienen haciendo de hecho con trabajadores que estaban denunciando la falta de insumos en los hospitales. También hay despidos, como en el caso de los trabajadores de limpieza de la Cooperativa San Lorenzo Mártir de Famaillá, que vienen denunciando falta de insumos y precarización laboral.
Ahora pretenden apoyarse en las necesidades de los trabajadores para avalar estas prácticas con una declaración jurada extorsiva. Recordemos que la Ministra de Salud, Rossana Chahla, acusó a los trabajadores del Hospital Centro de Salud de "perlas negras" que "no quieren trabajar" y "se ponen en la vereda de enfrente".
Pero lo más llamativo es el aval a esta declaración jurada por parte del abogado del Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (SITAS), Raúl E. Moreno, que salió a respaldar al gobierno declarando que "el requisito impuesto de la suscripción de la declaración jurada del personal dispuesta en la provincia por el Ministerio de Salud según Resolución N° 161 SPS 20, se ajusta a derecho".
A continuación reproducimos el comunicado de prensa de la Agrupación Salud desde las Bases:
"La circulación de una Declaración Jurada para todo el personal de la salud para cobrar el bono de $5.000 en Abril, Mayo, Junio y Julio que dispuso Nación para el personal de la salud que realiza tareas vinculadas a casos de COVID 19, despertó mucha incertidumbre y preocupación entre las y los trabajadores. Primero porque nunca se pidió DD.JJ para dar un bono.
En segundo lugar, si la intención del gobierno provincial es dar un bono a todo el personal de la salud ya que el conjunto del sistema esta atravesado por la pandemia del COVID 19 (y del dengue!) más aun, ¿para qué necesita una declaración jurada?.
Es la duda que tenemos los trabajadores en el marco del descreimiento que tenemos de las autoridades. Manzur y Chahla repiten todos los días que hay insumos de sobra cuando el propio presidente reconoce que hay faltantes. Cotidianamente circulan reclamos por redes mientras nos tratan de “perlitas negras”, que estamos “en la vereda de enfrente” o directamente culpables de que nuestro país tenga la tasa mas grande de contagios en el personal sanitario, como dice el ministro Gines García.
Esta preocupación se debe a que dicha DD.JJ expresa la “disponibilidad según necesidades de servicio donde el Sistema Provincial de Salud de la Provincia de Tucumán lo requiera”, como condición para recibir el bono.
Este agregado no existe en el Decreto Presidencial Nº 315/20 referido al tema (sin contar que nunca se pidió DD.JJ para recibir un bono!). En el marco de las amenazas de traslados y traslados realizados a personal que reclama por los elementos de bioseguridad o directamente despidos como en Famaillá, existe la incertidumbre de que se utilice para regimentar aun mas al personal.
A su vez genera mucha preocupación que se intente incorporar al tratamiento de pacientes con COVID 19 a personal no entrenado para dicha tarea o directamente del personal de salud que no realiza asistencia directa a pacientes, como son administrativos, limpieza o cocina, poniéndolos en riesgo de contagio, a sus familias y a la población.
Es necesario que las conducciones de ATSA (que no emitió palabra), y SITAS (que nos pide que confiemos en el gobierno acríticamente) llamen a asambleas comunes, si es necesario virtuales, para decidir qué hacer e impulsar un plan de lucha por todos nuestros reclamos:
Pago de un bono sin condiciones, ni resignando derechos y salario inicial igual a la canasta familiar ($57.426 Marzo) indexado a inflación para todo el personal de salud.
Reapertura de paritarias y pago de deudas.
Pase a planta de todo el personal tercerizado. No a los despidos en el hospital de Famaillá.
Basta de traslados arbitrarios.
Comisiones de Seguridad e Higiene para llevar un control de los faltantes y participación democrática del personal en la estrategia que lleva la provincia para enfrentar la crisis sanitaria". | 
