Ivana Micaela tenía 22 años. Ingresó al Hospital de la Madre y el Niño de Formosa y fue derivada al Hospital de Alta Complejidad, donde falleció. El cuerpo médico del hospital confirmó que su muerte fue por shock respiratorio y resultado de un aborto inseguro.
La muerte de Ivana confirma la urgencia de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. El aislamiento social obligatorio solo aumenta los riesgos de los abortos realizados en condiciones inseguras, ya que retrasa la consulta con hospitales y centros de salud. Al estigma y la criminalización se suman el miedo al contagio y las dificultades para trasladarse.
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Se estima que en Argentina se realizan cerca de 450.000 abortos al año. De esos, una gran mayoría se realiza en la clandestinidad. Por ese motivo, representa un riesgo para la salud de las mayoría de las mujeres y personas con capacidad de gestar que deben acceder a la práctica (en sí misma segura) en condiciones de insalubridad.
Mientras la interrupción voluntaria del embarazo esté criminalizada, cualquier crisis sanitaria solo representará mayores riesgos para la salud de las mujeres. Recordemos que Formosa es una de las provincias que no cuenta con protocolo de aborto no punible. Es decir, no garantiza siquiera el acceso a un derecho garantizado.
En Argentina, el debate sobre la legalización se vio frenado por el cierre del Congreso en medio de la pandemia de COVID-19 (ni siquiera se conoce el proyecto que presentaría el presidente Alberto Fernández, según reiterados anuncios). Sin embargo, el acceso al aborto sigue siendo un problema de salud pública. | 
