Las distribuidoras de luz y gas son foco de las denuncias de miles de usuarios que se vieron acorralados ante los aumentos imprevistos en sus facturas. También hay denuncias por intimaciones de pago, cuando los cortes de servicio están prohibidos: llegar a fin de mes o pagar las boletas es la pregunta que se hacen millones de usuarios populares.
Los usuarios que venían pagando 1000 pesos por el servicio eléctrico, de pronto se encontraron con boletas de 5000, 6000 y hasta 10.000 pesos sin haber incurrido en mora ni tener deudas anteriores. Lo mismo sucede con el servicio de gas por redes y ocurre tanto con usuarios residenciales como con cooperativas y fábricas recuperadas.
La razón es que las empresas están autorizadas por el gobierno a estimar los niveles de consumo en lugar de realizar la lectura habitual de los medidores mientras dure la cuarentena. Esa prerrogativa está contemplada en el Reglamento del Servicio de Distribución para causas excepcionales, como lo es la cuarentena, pero su aplicación efectiva está dando lugar a todo tipo de abusos. Para el gobierno, las empresas nunca deben perder.
Las distribuidoras eléctricas y de gas ejercen presión porque sus niveles de facturación cayeron arriba del 50 por ciento. Los mismos que quieren que las crisis las paguemos los trabajadores y el pueblo pobre. No podemos permitirlo.
Las estimaciones tarifarias no tienen relación con el consumo y están llegando boletas con vencimiento en mayo que incluyen la leyenda de aviso de suspensión por falta de pago. Antes de la cuarentena se destinaba alrededor del 26% del salario para pagar las tarifas. Si sumamos la inflación que no cesa, y las rebajas salariales que pactaron empresarios y sindicatos, es imposible llegar a fin de mes con este nuevo tarifazo.
El gobierno dice que no se les podría suspender el servicio a jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban hasta dos salarios mínimos, así como a los monotributistas de las categorías A y B y titulares de la Asignación Universal por Hijo, embarazo, electrodependientes y cooperativas. Esta medida deja sin protección al 60/80% de los usuarios. Lo que no dice el gobierno, es que las empresas ya están cortando el servicio a miles de usuarios que no pueden cargar los medidores prepagos.
Las empresas, con el aval del gobierno, amedrentan a los usuarios que se atrasan con la factura mediante intimaciones que envían por correo electrónico o con la leyenda en la factura. Esto generó mucha indignación en los usuarios que hacen como pueden para llegar a fin de mes cuando la crisis económica se va profundizando día a día.
Una respuesta desde los trabajadores y la izquierda
Desde la izquierda planteamos ningún corte de servicio a ningún usuario que no pueda pagar la luz en esta crisis. La energía es un derecho esencial, no un negocio.
Por eso rechazamos este tarifazo, planteamos que hay que retrotraer las tarifas a diciembre de 2017 y condonar las deudas a todos los usuarios que perciban un salario menor a la canasta familiar de pobreza, como así también a los pequeños comerciantes que se ven afectados por la crisis en curso.
Ante la gravedad de esta crisis, los gobiernos y empresarios quieren el pueblo trabajador sea factor de ajuste. Contrario a eso los trabajadores de la energía junto a los usuarios debemos exigir auditorías públicas. Que se abran los libros contables de las empresas para saber la verdad de que hicieron con las enormes ganancias de los últimos 4 años de macrismo y de los millonarios subsidios que hicieron con el kirchnerismo, lo que resultó en una decadencia del sistema energético y altas tarifas para el pueblo.
Todos los servicios públicos tanto de energía, agua y gas, deben ser nacionalizados, tienen que estar bajo gestión y control de los trabajadores y técnicos, que conformen los órganos de dirección y administración. A su vez, es central la participación de comités de usuarios populares. Todo el pueblo trabajador tiene que tener acceso al suministro eléctrico, sin interrupciones, ni suspensiones ni cortes ya que la energía no es algo para lucrar sino un derecho. | 
