Docentes reemplazantes sin trabajo ni salario en medio de una pandemia mundial y una oferta salarial del 3% por parte de Perotti, no pueden hacer olvidar los embates de los sucesivos gobiernos del Partido Socialista a la docencia, quienes parecen repetir el refrán de que entre ciegos el tuerto es rey.
La precarización laboral docente no se revirtió con los gobiernos del Frente Progresista-PS
Uno tras otro los gobiernos "socialistas" de la provincia sostuvieron la inestabilidad laboral y la falta de derechos de los docentes reemplazantes. Además de aguardar atentos al lado del teléfono cada día esperando ser convocados para algún reemplazo, cobran recién a los sesenta días el trabajo realizado. Durante los meses de febrero, marzo y abril casi no perciben salario y tampoco cuentan con la cobertura de la obra social IAPOS que no paró de aumentar sus costos. Un verdadero fraude laboral de parte del mismo Estado. Este es el trasfondo de la situación que da vía libre al gobierno de Perotti para que hoy estos trabajadores de la educación se encuentren en emergencia, sin poder tomar reemplazos y, por consiguiente sin percibir salario y sin cobertura de la obra social.
Docentes pobres en una provincia rica
La contracara de esta situación es la sobrecarga laboral de los docentes titulares y con salarios de pobreza debido a las sucesivas paritarias a la baja, debiendo tomar dos cargos para llegar a fin de mes. El salario inicial oscila la mitad de la canasta básica familiar, por lo cual con un solo cargo no se puede cubrir las necesidades básicas. El doble cargo conlleva un desgaste físico y psíquico para docentes que más temprano que tarde repercute en su salud y en la calidad de la educación que imparten.
No conviene olvidar que Lifschitz cerró la paritaria 2018 por decreto, planteando a los medios que el reclamo docente era "caprichoso" y que "estamos discutiendo 6 kilos de pan por mes". En 2019, la oferta fue de un 10% de aumento en el medio de una inflación descontrolada y sin cumplir con la cláusula gatillo de los meses de diciembre, enero y febrero. La amenaza de descuentos ante cada medida de lucha también fue una constante. Eso sí, la ministra Balagué seguía cobrando sus 200.000 pesos mensuales, ¿será por eso que se sentía en Finlandia?
Enfermarse es un "abuso" docente
Al deterioro de la salud de sus trabajadores los sucesivos gobiernos del Frente Progresista-PS respondieron con la "tablita" que impuso la Ministra de Educación Claudia Balagué en 2016. En ésta se listan las distintas enfermedades y afecciones de la salud, estipulando la cantidad de días máximos de licencia que pueden adjudicarse a cada una, sin importar las indicaciones del médico tratante. El problema, para estos extraños progresistas, no radicaba en que los y las docentes tuvieran que estar diez horas diarias frente a un curso de treinta o cuarenta estudiantes, y cómo eso repercutía en su salud, sino en que había "abusos" de parte de los trabajadores, tal y como lo calificó la por entonces ministra de educación Claudia Balagué. Cualquier semejanza con el discurso de la derecha, no es mera coincidencia.
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Pagar para tener estabilidad laboral
En el mismo año emergió el escándalo de la "cajita feliz": una oferta de cursos arancelados que otorgaban puntaje docente para el escalafón de titularizaciones. Lo escandaloso no sólo tenía que ver con la mercantilización de la formación docente, sino que además el puntaje que el Ministerio de Educación le asignaba a esos cursos era muy superior a otras instancias de capacitación públicas, de mayor carga horaria y nivel académico. Esas "capacitaciones" aranceladas en muchos casos ni siquiera requerían de una cursada presencial ni virtual. Este negociado iba en detrimento de la capacitación docente, de la posibilidad de acceder a la ansiada estabilidad laboral, y a favor de la mercantilización de la educación. Gracias a las denuncias gremiales, el gobierno del PS se vio obligado a limitar la cantidad de puntos que podían obtenerse con la "cajita feliz", pero desoyó el reclamo para que toda capacitación sea gratuita, laica y de calidad.
Mayor injerencia de la iglesia en la educación
Uno de sus capítulos más conservadores fue el que protagonizó junto a la iglesia sobre el proyecto de ley de Educación Sexual Integral (ESI) y la reforma de la ley de educación provincial, donde el lobby eclesiástico impidió que la educación sexual se consagrara como un derecho de niños, niñas y adolescentes y que se impartiese en todas las escuelas.
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Así, luego de amigables visitas del entonces gobernador Lifschitz a jerarcas de la iglesia católica de la provincia, o de charlas compartidas de Balagué con otros jefes de la curia en la Universidad Católica, los debates sobre estos proyectos de ley fueron convenientemente trabados en el senado durante el año electoral, y finalmente perdieron estado parlamentario en 2019.
Esta "santa" relación se expresó entre tantas otras cosas, en que durante los 12 años de gestión "socialista", se siguió financiando con más de $13 millones anuales a los sacerdotes católicos. Al final, no eran tan distintos al peronismo ni al “traidor” Contigiani.
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La desigualdad social en Santa Fe
Según la Encuesta Permanente de Hogares realizada el pasado setiembre, 4 de cada 10 personas en Rosario y Santa Fe viven bajo la línea de pobreza. Pero la situación de los chicos es mucho peor. De los niños y niñas entre 0 a 14 años de edad, la mitad eran pobres antes de la cuarentena y de la pérdida de ingresos de muchos de los adultos que conviven con ellos.
En la provincia donde las grandes empresas agroexportadoras, con sus puertos privados y sus plantas contaminantes, son amas y señoras y embolsan miles de millones de dólares al año, ni los sucesivos gobierno del Frente Progesista ni los del peronismo han tomado ni una sola medida que afecte la ganancia de estos "miserables" y que apunte a la resolución de los problemas que aquejan al pueblo trabajador.
No nos resignamos ante las falsas dicotomías que nos plantea Alberto entre morir por Covid 19 o morir de hambre, pero tampoco a la que nos propone Lifschitz y Balagué entre Guatemala y Guatepeor. Es la juventud precarizada de las cadenas de comida rápida, de comercio, call centrers, cadeterías y la docencia reemplazante, la que muestra la necesidad de organizarse de manera independiente para que la crisis no la paguemos nosotros, sino quienes la generaron, los empresarios y sus gobiernos. | 
