En una junta de accionistas de Entel, realizada este martes, el gerente general de la compañía expuso sus preocupaciones y su total rechazo a la idea que se planteó en la cámara de diputados sobre la congelación de cobros y facturación de servicios básicos, en la que se incluye las telecomunicaciones.
“Es algo inconstitucional, que nos obliga a dar servicios gratis más allá del acuerdo que teníamos contemplado con el gobierno. Nosotros llegamos a un acuerdo con el gobierno, que fue el plan solidario, y lo que está desarrollando en el Parlamento es extender ese acuerdo en prestaciones y beneficiarios mucho más allá de lo que está acordado con el gobierno. Creemos que es inconstitucional".
Estas fueron las palabras del gerente general de Entel, Antonio Büchi, respecto al proyecto de ley anteriormente mencionado, el cual fue aprobado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y que contempla la congelación de cobros de servicios básicos domiciliarios, que comprende agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería y sistema de telecomunicaciones y telefonía. Pasado el período de catástrofe, los usuarios deberán pagar la deuda sin mora ni intereses hasta en 12 cuotas.
El gerente también indicó que "a nadie le han obligado a dar servicios gratis en esta pandemia y por supuesto que nos preocupa y estamos viendo las acciones a tomar, nosotros estamos proclives a apoyar y lo hemos hecho, así fue el acuerdo del plan solidario, pero lo que se ha discutido en el Parlamento va mucho más allá de lo que acordamos originalmente. Es claramente inconstitucional y nos preocupa”.
La constitución de Pinochet en defensa de los intereses empresariales
No es al azar que Antonio Büchi saque a colación la constitución engendrada durante la sangrienta dictadura de Pinochet, la cual vino a implantar la cuna del neoliberalismo en América Latina, si precisamente su función es ampliar las capacidades para que la clase empresarial terminara de apropiarse de los recursos naturales del país con las más brutales privatizaciones, y no solo eso, sino también de servicios básicos y empresas.
Y no solo hablamos de recursos naturales o de empresas estratégicas, sino incluso de la vida de la clase trabajadora, ya que la herencia de la dictadura y la constitución de Jaime Guzmán les impone condiciones de precariedad y de brutal explotación. Muestra de esto son las AFP, a las cuales los trabajadores están obligados a entregarles sus ahorros previsionales para que los empresarios puedan invertir y agrandar sus fortunas, las cotizaciones son prácticamente la sangre que recorre y hace funcionar el sistema económico del país.
Cuando se implementaron las AFP el hermano del Presidente, José Piñera aseguró que cuando un trabajador se jubilara se podría comprar incluso un auto de lujo, lo que sabemos es absoluta mentira, los jubilados viven en condiciones extremas en algunos casos, motivo que a la clase trabajadora la hace sobre explotarse para que con suerte si no hubieron caídas en los Fondos de Pensiones poder jubilar con un poco más de la pensión solidaria. Durante plena pandemia algunos fondos se fueron en picada, donde no precisamente los empresarios sufrieron las perdidas.
Los partidos del régimen quieren que el pueblo trabajador asuma los costos de las crisis económicas, no solo el caso de las pensiones es un ejemplo claro de esto, sino recientemente la Ley de “Protección” al empleo de Piñera, que vale decir fue aprobada por parlamentarios de la “oposición” incluidos personajes del Frente Amplio y el Partido Comunista, vino a precarizar aún más la vida de miles de trabajadores y de sus familias, las facultades de la constitución que no protege los derechos laborales permitió que los empresarios puedan suspender a sus empleados durante el periodo de catástrofe, los cuales para sobrevivir tienen que agotar sus fondos de pensiones.
Como mencionaba, la pataleta del gerente general de la empresa de telecomunicaciones no es al azar o por que se le ocurrió, sino por que la constitución del 80, la cual se “escribió” a punta de sangre y plomo protege los intereses de su clase y así convertirse en los dueños del país.
No es azaroso tampoco que el gobierno, a través del ministro del interior y del propio Piñera salieron este domingo, día que se tendría que haber llevado a cabo el plebiscito constitucional, a poner en duda la realización del proceso en el mes de octubre, poniendo como traba las condiciones en que el país se encontraría por la pandemia. Esta línea tomada desde La Moneda es solo una muestra de que la derecha defenderá a uñas y dientes la constitución de los empresarios, con la cual han podido mantener e incluso aumentar sus ganancias con plena crisis sanitaria.
Frente a la desidia empresarial y su plan de precarización que buscan profundizar en medio de la crisis sanitaria producto del COVID-19, la clase trabajadora debe dan una respuesta contundente, levantar un programa de emergencia que resguarde las vidas del pueblo trabajador, en el que incluya la congelación de cualquier cobro de servicios básicos, el traspaso de las empresas al Estado bajo gestión de sus trabajadores y sin pago a los empresarios.
Esto además de resguardar el empleo de todas y todos prohibiendo los despidos y aumentando el salario mínimo acorde a la canasta básica familiar, paralizando las funciones de todos los trabajadores de sectores no esenciales. Además un salario mínimo de emergencia de 500 mil pesos, garantizado por el Estado, para los cerca de 3 millones de trabajadores que están en la informalidad, así como también a todas y todos los jubilado. Para pelear y conquistar esto, es urgente avanzar a una gran paralización nacional que ponga en jaque las ganancias empresariales a costa de nuestras vidas, que las centrales sindicales como la CUT dejen la tregua con el gobierno y lo convoquen ¡ya!
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