Informes de diversos organismos, como el Fondo de Población de la ONU, la Universidad Johns Hopkins (EEUU, con un departamento de Salud de referencia) o el Guttmacher Institute, alertaron sobre el potencial retroceso en materia de derechos y salud reproductiva que representa la crisis sanitaria en curso. No se trata de riesgos relacionados directamente con el virus covid-19 sino con el acceso que deben garantizar estados nacionales y locales a métodos anticonceptivos, salud reproductiva en general y formas seguras de interrupciones voluntarias del embarazo.
El Guttmacher Institute (un centro de estudios especializado en derechos reproductivos) calculó que una caída de solo el 10% en el uso de anticonceptivos reversibles a corto y largo plazo, “daría como resultado que 49 millones de mujeres verían insatisfecha su necesidad de anticoncepción moderna en países de ingresos bajos y medios". Esa cifra se sumaría a los 232 millones que, por falta de acceso o información, no utilizaban métodos (antes de la pandemia) anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.
La caída en la utilización de métodos anticonceptivos puede resultar en 15 millones de embarazos no deseados adicionales. Esto, a su vez, aumenta la posibilidad de abortos inseguros y, como consecuencia, un mayor índice de mortalidad entre las mujeres y personas con capacidad de gestar.
También, según los cálculos del Guttmacher Institute, una caída de solo el 10% en la atención médica relacionada con el embarazo y el recién nacido tendría consecuencias graves: 1,7 millones de madres y 2,6 millones de bebés experimentarían complicaciones serias, las muertes maternas podría ascender a 28.000 y se sumarían 168.000 fallecimientos de neonatos adicionales a los existentes.
Con respecto al aborto legal, el mismo centro calculó que tan solo una reducción del 10% en el acceso al aborto legal (en aquellos país donde existe ese derecho), la cifra de prácticas inseguras ascendería a tres millones y se sumarían mil muertes por abortos inseguros. Este peligro no es una abstracción, ya que la pandemia fue una excusa utilizada en varios estados de Estados Unidos para recortar el acceso al aborto legal. Si no se avanzó fue por la decisión de las organizaciones defensoras de los derechos reproductivos y organismos de DDHH, que desafiaron en la Justicia las medidas restrictivas.
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En Argentina, el martes se conoció la muerte de una joven de 22 años en la provincia de Formosa, como consecuencia de un aborto clandestino. El aislamiento social obligatorio solo aumenta los riesgos de los abortos realizados en condiciones inseguras, ya que retrasa la consulta con hospitales y centros de salud. Al estigma y la criminalización se suman el miedo al contagio y las dificultades para trasladarse.
Ante la posibilidad de un retroceso histórico
La investigación realizada por el Fondo de Población de la ONU reveló que cada trimestre de interrupciones en servicios de salud sexual y reproductiva puede traducirse en dos millones más de mujeres sin acceso a anticonceptivos. Este retroceso representará el más grande en los últimos 30 años: de 1990 a 2018, el número de usuarias de anticonceptivos aumentó de 470 a 840 millones (casi el doble).
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Con la introducción de la píldora anticonceptiva en los años 1960, las mujeres estuvieron frente a la posibilidad de planificar un embarazo, de forma independiente (no necesitaban el sí del novio o el marido como sucedía –y sucede– con el preservativo) y cómoda (hasta ese momento, solo se utilizaba la esponja o el diafragma, que requerían preparación). Ese cambio fue un antes y un después en la vida de millones de mujeres: podían planificar, y no solo la cantidad de hijos; podían pensar en estudiar, en trabajar. Aunque muchos prejuicios persisten, la extensión del uso de anticonceptivos representa un aspecto clave de la salud de las mujeres.
Los obstáculos para acceder a la salud reproductiva no es el único problema que enfrentan las mujeres en la pandemia. En el contexto de aislamiento social obligatorio, la violencia machista ascendió en la mayoría de los países que implementaron periodos de cuarentena.
Garantizar el acceso a medidas básicas como la anticoncepción responde a una parte de la salud sexual y reproductiva. Mientras la interrupción voluntaria del embarazo esté criminalizada y la mayoría de los abortos deba realizarse en la clandestinidad, cualquier crisis sanitaria solo representará mayores riesgos para la salud de las mujeres.
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