Hace pocos días se conocía que un sector importante de aquellos habilitados para recibir el Ingreso Familiar de Emergencia podrían cobrarlo recién en el mes de Junio(incluso estiman que algunos lo harían el primero de Julio). En concreto, una familia que vive al día, a fuerza de changas o trabajando en la informalidad, y que en estos momentos no tiene ningún tipo de ingreso podría cobrar nada más que $ 10.000 en más de dos meses. Muy por debajo de lo que el mismo Gobierno califica como indigencia.
Ya este martes el dato que recorría los medios es que 8 de cada 10 hogares está endeudado en más de $ 150.000. Número que sube todos los días mientras hay cada vez menos ingresos.
Esta semana se selló el acuerdo entre la CGT y la UIA promovido por el Gobierno nacional, con las firmas del ministro de Trabajo Claudio Moroni, y de Producción, Matías Kulfas, que da vía libre a considerar suspendidos a aquellos trabajadores que están sin tareas por mantener la cuarentena, habilitando rebajas del 25 % del salario. Este miércoles se empezó a generalizar su aplicación con la firma del sindicato de Comercio y de la UOM de respectivos acuerdos con las cámaras patronales, contemplando así a más de un millón de trabajadores. Se suman a “adelantados” como petroleros o SMATA, que ya habían firmado sus propios ajustes al salario. Las paritarias al revés.
Es necesario recordar que las empresas vienen siendo subsidiadas directamente por el estado para justamente pagar los salarios. No sólo eso, también vienen recibiendo créditos baratos y todo tipo de beneficios.
A medidas que pasan las semanas de cuarentena se ponen cada vez más en evidencia los planes patronales para salir de la crisis aún más ricos, empujando para abajo salarios y condiciones laborales. Pero no están solos en esto. Desde el Gobierno vienen machacando hace semanas, naturalizando una disyuntiva entre economía y salud (sobre la que hemos venido discutiendo largamente en este diario). Desde esta premisa parece que las consecuencias terribles sobre la vida cotidiana de millones de familias fueran tan inevitables como las lluvias.
Los intocables
Hace semanas que se discute en el país la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas. Incluso el gobierno viene amagando con una propuesta en este sentido. Sin embargo, mientras las empresas, el gobierno y la entreguista CGT rápidamente se pusieron de acuerdo para avanzar con el recorte generalizado del salario, del proyecto para que los más ricos del país tengan que pagar un impuesto por una pequeña fracción de sus enormes patrimonios, todavía no hay noticias. La diferencia de tiempos a la hora de avanzar en los proyectos nos dice bastante de las prioridades del Gobierno.
Idas y vueltas entre Gobierno y oposición a la hora de discutir la forma que tendrían que tener las sesiones de ambas cámaras, mientras cientos de miles cuentan las monedas. Tampoco queda claro, sin embargo, qué destino tendrían esos fondos en el proyecto oficialista, si seguir financiando a las empresas con sumas millonarias o financiando al propio estado. Lo que queda claro en cualquier caso es que, de aprobarse, destinarlos a garantizar un salario de cuarentena de $ 30.000 para aquellos que están imposibilitados de trabajar, como propone la izquierda, no estaría entre las opciones consideradas.
Si nombramos a Paolo Rocca, Alejandro Bulgheroni, Marcos Galperin, Alberto Roemmers o a Gregorio Perez Companc, estamos enumerando a los empresarios más ricos del país. Y la lista sigue con varios más, todos ellos con fortunas (declaradas) de varios miles de millones de dólares. Son los grandes dueños del país, a los que podemos sumar la banca y también los grandes dueños de la tierra, entre otros.
Alberto Fernández repite hasta el hartazgo que se trata de un esfuerzo colectivo, “entre todos”, el que hay que hacer para atravesar esta situación. Al comienzo de esta cuarentena llegó a decir que “estaba enojado” con alguno de ellos. Se le pasó rápido. Sin embargo, no alcanzaron los despidos, o incluso la represión. Un día tras otro sigue quedando claro que, mientras salva a las empresas, el gobierno exige cada vez más de los que ya se estan quedando sin nada.
Ante el discurso que busca mostrar como natural las consecuencias de esta crisis, es necesario contraponerle que otra salida es posible. Prohibir los despidos, garantizar un salario de cuarentena de $ 30.000 para los que no tienen ingresos y el pago total de los salarios de los que tienen trabajo (estén o no cumpliendo tareas en este momento) son medidas elementales.
Cuestionar los intereses de los grandes empresarios es una tarea urgente.
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