A través de la resolución 397/2020 publicada en el Boletín Oficial, y firmada por el ministro de Trabajo Claudio Moroni, se oficializó el acuerdo de la UIA y la CGT para rebajar en un 25 % los salarios y suspender trabajadores.
El documento fue emitido por la cartera laboral con el objetivo de “agilizar” los trámites. Ahí se lee: “Las presentaciones que, en conjunto, efectúen las entidades sindicales con personería gremial y las empresas, para la aplicación de suspensiones conforme al artículo 223 bis de la Ley N° 20.744 (de Contrato de Trabajo) y sus modificatorias serán homologadas, previo control de legalidad de esta Autoridad de Aplicación.”
Este acuerdo tripartito, que ataca claramente las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras al permitir una baja de los salarios y habilitando las suspensiones masivas; comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
En la reglamentación de este acuerdo anti obrero –sin precedentes para algunos analistas- se remarca:
*El que calla otorga: las presentaciones realizadas por las patronales ante el Ministerio de Trabajo, serán revisadas por LOS SINDICATOS con personaría en un plazo de 3 días (prorrogable por 2 días quienes podrán). Una vez agotado ese plazo “el silencio de la entidad sindical lo dará por conforme”, y se avanzará en los planes de suspensiones solicitados por los empresarios que incluyen la reducción del 25 % del salario de esos trabajadores.
Las burocracias sindicales tendrán en sus manos los listados con los nombres de cada trabajador que a pedido de la patronal pasarán a ser suspendidos, y su silencio, ahora más que nunca, dará luz verde a esta entrega.
*Abrir el paraguas para suspensiones masivas: la resolución adelanta que en el contexto de la pandemia y debido a las medidas de cuarentena cientos de miles de empresas han sido afectadas, lo que les permitiría estar incluidas en el marco regulatorio del acuerdo UIA-CGT, dando lugar a suspensiones masivas. Se lee: “a consecuencia del dictado del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, aproximadamente 400.000 empresas han visto afectado su normal desarrollo, pudiendo entonces estar en condiciones de celebrar acuerdos que, por aplicación de las normas legales respectivas, permitan acordar mecanismos de suspensión de tareas”.
En un solo día desde que se dio a conocer el acuerdo UIA-CGT, la ola de suspensiones se calcula en 1.200.000 trabajadores, que pasarán a cobrar el 75 % de su salario. Dentro de los nuevos acuerdos está el firmado entre la UOM y los empresarios por el 86 % del salario neto. Mientras la Federación de Empleados de Comercio (FACEYS) y el gremio de Gastronómicos, acordaron las cámaras de sus respectivos sectores suspensiones al 75 % del salario por 60 días.
El nuevo marco regulatorio no modifica los 120 acuerdos previos presentados ante el Ministerio de Trabajo. Algunos incluyen rebajas mayores al 25%, como el de petroleros (40%), o los mecánicos del SMATA (entre un 30% y 40%) o el rubro de comidas rápidas, autopistas porteñas, textiles, calzado en similares condiciones.
*Negocio redondo para las patronales: la posibilidad de pagar un sueldo al 75 % neto garantizado por este acuerdo UIA-CGT que avala el ministerio de Trabajo, podrá combinarse con el pago del “salario complementario”, a través del cual es Estado paga el 50% de los sueldos a las empresas afectadas por la crisis (hasta un máximo de $33.750).
Otro beneficio enorme a los empresarios, que no garantiza de ninguna manera la continuidad laboral. Tampoco se les exige que demuestren tal crisis o pérdidas. Mientras, a los más de 12 millones de trabajadores que perdieron sus ingresos y solicitaron acceder al IFE, se les pidieron innumerables requisitos y 4 millones quedaron afuera. Una muestra clara de las prioridades y la solidaridad del Gobierno.
Frenar a las patronales que pasan a la ofensiva
La celeridad del Gobierno y la complicidad sindical para alcanzar un acuerdo que beneficie a los empresarios es notable. Este miércoles, desde la UIA salieron a apoyar el plan de Guzmán para reestructurar la deuda con los bonistas. Tal vez una devolución de gentilezas o simple conveniencia.
De todos modos, ante la crisis social y sanitaria, son los miserables de siempre quienes están imponiendo hasta el momento sus condiciones. La demorada definición para tratar un impuesto a las grandes fortunas lleva más de tres semanas. El proyecto del oficialismo, ampliamente publicitado por los medios amigos, aún brilla por su ausencia. El único proyecto presentado para gravar a las grandes fortunas es el del Frente de Izquierda.
Las declaraciones en los medios del ministro de Desarrollo productivo, Matias Kulfas, sugieren que no habría intención de “evaluar ningún impuesto a la riqueza”.
Los sectores vulnerables y de trabajadores ven aumentar cada día la carestía de vida y el hambre, pierden sus empleos. Para evitar una escalada en esta catástrofe social, hay que afectar las ganancias de los capitalistas. Implementar un plan de medidas de emergencias y que resguarden las fuentes laborales, para que verdaderamente no sean los trabajadores quienes paguen los costos de esta crisis.
| 
