En el marco de la pandemia los docentes del CENS 460, secundaria que funciona en el Complejo Penitenciario de José León Suárez (Unidad 46, 47 y 48), expresamos nuestro apoyo y solidaridad hacia estudiantes, ex estudiantes y personas privadas de la libertad.
Trabajamos en la escuela desde sus comienzos en 2011, a lo largo de los años hemos llevado adelante un proceso de enseñanza y aprendizaje del que tuvimos (y tenemos) la suerte de ser parte. Vemos con preocupación las condiciones a las que están sometidas las personas privadas de la libertad -en su gran mayoría jóvenes de los sectores populares- que se agravan en el contexto de la pandemia, y se ocultan en la cobertura que llevan a cabo gran parte de los medios de comunicación.
En estas últimas semanas fuimos testigos de las protestas que se extendieron en las cárceles de todo el país. Durante 2019 hubo muertes por tuberculosis, sarampión y otras enfermedades infecto-contagiosas, además de los graves problemas de salud por mala alimentación. Todo esto, sumado a la superpoblación, las precarias condiciones edilicias y la falta de higiene, sienta las bases para el desarrollo expansivo del Covid-19.
La situación sanitaria en los penales en Argentina se agrava y peligra la vida de miles. Hacen falta medidas urgentes que el Estado debe garantizar como la realización de test; desinfección integral; el uso de elementos preventivos de contagio para las personas privadas de la libertad y el servicio penitenciario; descomprimir el hacinamiento otorgando el derecho constitucional a la excarcelación de aquellos con penas no efectivas por delitos menores y la prisión domiciliaria para detenidos de grupos de riesgo, en especial en el caso de personas mayores, con enfermedades crónicas, embarazadas o con niños a su cargo. Todas medidas que incluso recomiendan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). | 
