La minera Antamina realiza su producción principal en la región de Ancash (Perú), a más de 4,300 m.s.n.m. Esta empresa minera produce concentrados de cobre y zinc y está considerada entre las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de producción. Sus principales inversionistas son BHP Billiton, Glencore, Teck y Mitsubishi, quienes, hasta la fecha han invertido en el Perú más 3,600 millones de dólares, lo cual se ha visto reflejado en el incremento paulatino de sus ganancias en los últimos años, veamos: en el 2016 tuvo ganancias por 203 millones de dólares, en el 2017 de 341 millones de dólares y en el año 2018, reportaron una ganancia superior a los 544 millones de dólares.
A pesar de sus jugosas ganancias, esta poderosa empresa minera en plena cuarentena no ha dejado de producir violentando así las normas establecidas por el presidente Martin Vizcarra el 15 de marzo de este año. Sino veamos lo que dice el artículo 4 del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que regula la cuarentena social obligatoria, estableciendo que los servicios esenciales son: “Brindar o acceder a servicios y bienes esenciales como la adquisición, producción, almacenamiento y distribución de alimentos. Comprar, producir y abastecer de productos farmacéuticos y de primera necesidad. Dar asistencia en establecimientos de salud, cuidar a adultos mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes y personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad. Acudir a centros, servicios y establecimientos médicos, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencia”.
Como vemos, en ningún momento se habla de las actividades mineras, sin embargo, el gobierno, mediante el Ministerio del Interior facilito el traslado de los trabajadores a sus centros de labores, exponiéndolos a ellos y sus familias a ser contagiados del COVID-19. Para justificar su accionar y paliar el impacto de su irresponsabilidad en la vida y la salud de sus trabajadores, la empresa Antamina, en un comunicado público, señala que: “la compañía estuvo operando con una fuerza laboral reducida de aproximadamente 2,400 personas”.
La empresa minera, en otro párrafo de su comunicado reconoce que han mantenido a sus trabajadores laborando con relativa normalidad en plena cuarentena, así señalan que: “en el contexto de la emergencia sanitaria por el Covid-19 que viene atravesando el país se ha estado aplicando pruebas moleculares de descarte de COVID-19 a quienes estuvieron en las operaciones durante el período de inmovilidad decretado por el gobierno”, más adelante agregan que han realizado una “parada de seguridad estratégica” el 13 de abril (casi un mes después de decretarse la cuarentena) y, según ellos, a partir de esa fecha se dio “una desmovilización de todos estos trabajadores, con la excepción de un equipo reducido que se ha mantenido en el sitio para labores esenciales”.
Este hecho, una vez más, pone de manifiesto el doble discurso del gobierno, el cual, por un lado envía a cientos de militares y policías a los barrios populares “a que hagan cumplir el estado de emergencia y el toque de queda”, mientras que, por otro lado, cuando los grandes capitalistas mineros que contaminan el medio ambiente y se enriquecen con la explotación de miles de trabajadores, violan las disposiciones del ejecutivo para seguir acumulando ganancias, estos mismos funcionarios públicos, con el presidente a la cabeza, no tienen mejor idea que mirar para otro lado o hacerse de la vista gorda. Va quedando claro entonces, de qué lado están los que nos gobiernan.
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