Fue Télam quien emitió la primicia:La Procelac, procuraduría perteneciente al Ministerio Público Fiscal, impulsó la denuncia fundada en la posible utilización de fondos derivados de Convenios de Asistencia Técnica y Capacitación para el financiamiento de actividades partidarias del radicalismo universitario y el enriquecimiento personal de la decana.
Estos convenios son acuerdos que realiza la Facultad con distintos órganos y entes estatales (nacionales, provinciales y municipales), asociaciones civiles y fundaciones. Informes del decanato los destacan como medios para la cooperación académica y la asistencia técnica y científica, con financiamiento total por parte de estas entidades. Son estas sumas de dinero las que, según la Procuraduría, no ingresan a la Facultad, sino que irían a parar a los bolsillos de Mónica Pinto y los radicales. La agrupación universitaria de estos últimos, Franja Morada (donde comenzó su carrera política Darío Richarte) junto al PRO y el Partido Socialista (hoy en ECO), ocupan la mayoría de los cargos en el Consejo Directivo de esta facultad.
Pero el potencial enriquecimiento de los miembros de la gestión de Derecho no es casual: es parte de un régimen ligado a grandes empresas y al carrerismo en el Estado, que alienta la precarización laboral y que destina millones para financiar una fuerza de choque encargada de controlar la política y militancia estudiantil. Así, en una facultad que maneja un presupuesto de $235 millones, existen 872 docentes ad honorem y 442 ayudantes en la misma situación. Hay tercerización de servicios, con 144 contratos firmados en 2014, y convenios de pasantía con multinacionales como Adidas, Danone y bancos como HSBC, en las que se somete el trabajo de los estudiantes a un precario régimen laboral, orientando la profesión a los intereses del mercado. En este contexto, el decanato no escatima en gastos para su seguridad privada: en el 2014 se firmó un contrato por $5.780.970 para servicios de vigilancia, por un contrato de tan solo 6 meses de duración.
Desde la asunción de Barbieri, la UBA ha sido noticia por los negociados millonarios de sus funcionarios en complicidad con los partidos que la gobiernan (UCR y PRO) y un kirchnerismo de fin de ciclo que se ha mostrado impotente a la hora de combatirlos. Tanto uno como otros quieren mantener una universidad al servicio de las grandes multinacionales que, al decir de CFK, se la “llevaron en pala” a lo largo de la última década.
La construcción de este modelo de “universidades shopping” es avalada en cada Facultad por su respectivo Consejo Directivo, órgano máximo de las facultades y el encargado de aprobar su presupuesto y los convenios que estas realizan. Estos Consejos, en los que la representación de los cientos de miles de estudiantes de la UBA es la minoría y sus trabajadores no tienen voto, no pueden llevar adelante la investigación de los negociados que ellos mismo han promovido. La crisis de las camarillas de la UBA es, en definitiva, la crisis del anti-democrático régimen que las sostienen.
Los Consejeros Estudiantiles de la Juventud del PTS en el FIT han propuesto la creación de una comisión investigadora independiente compuesta por estudiantes, docentes, no docentes y personalidades de los DDHH para echar luz sobre la utilización de fondos de la facultad. Sin embargo, como han sostenido, esta nueva crisis demuestra la necesidad de avanzar en un de las exigencias centrales de los Centros de Estudiantes combativos de Sociales, Filosofía y Psicología: la democratizacion del cogobierno de la UBA. |
