Una mujer de 43 años fue asesinada a golpes en la localidad bonaerense de San Pedro. Su pareja, Roberto Romero de 46 años, se encuentra prófugo y está sospechado de haber cometido el femicidio. Si bien no se registraban denuncias previas por violencia, vecinos de la mujer manifestaron que existían situaciones anteriores de maltrato.
Este femicidio no es un hecho aislado, sino que por el contrario se trata de una problemática creciente desde que se decretó el asilamiento preventivo obligatorio. Los llamados a la línea 144 también aumentaron, llegando a recibir más de cinco mil denuncias por violencia de género el primer día.
Según el Observatorio de Género de La Izquierda Diario, se registraron 42 femicidios y transtravesticidios durante la cuarentena, es decir que una mujer fue asesinada cada 24 horas desde el 20 de marzo hasta el 1° de mayo. Durante el mes de abril se registraron 30 femicidios.
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En el ámbito laboral, tanto en salud pública como privada o en el terreno educativo, la composición de mujeres trabajadoras es mayor al 70%. La primera línea en los hospitales y también la continuidad pedagógica, depende en su mayoría de mujeres. Y asimismo, son sobre todo mujeres las que garantizan en los barrios los merenderos y comedores populares.
Sin embargo, y dándole la espalda a esta realidad, el comité nacional de emergencia por la pandemia, excluyó al nuevo Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, pero no así al Ministerio de Seguridad. Una confesión de que la mirada punitivista es considerada esencial en esta pandemia, pero no así los padecimientos de las mujeres trabajadoras y de los barrios.
Por otro lado, la política del gobierno de la provincia de Bs. As. es insignificante para contener a las mujeres que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en medio de la pandemia. Kicillof destinó $15 mil solamente para 66 mujeres de toda la provincia. Una burla.
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Desde diferentes organizaciones de mujeres se reclama un plan de emergencia contra la violencia machista, que contenga refugios, un plan de viviendas y ayuda económica y sanitaria para todas las víctimas. El Estado es responsable. | 
