La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió este martes admitir el “recurso de queja” presentado el lunes por el fiscal Carlos Altuve y decidió suspender la acordada del Tribunal de Casación Penal del 8 de abril que habilitaba a los jueces bonaerenses a evaluar y otorgar prisiones domiciliarias para personas privadas de libertad que integran grupos de riesgo en el marco de la pandemia del coronavirus.
La resolución del máximo tribunal bonaerense se da el mismo día en que la Oficina de la Organización de las Naciones Unidad por los Derechos Humanos, a través de su alto comisionado Michelle Bachelet, recomendara una vez más a los gobiernos de América Latina “tomar medidas urgentes para evitar que el Covid-19 ‘cause estragos en las prisiones’”.
La Suprema Corte informó que aceptó tratar el recurso que presentó el fiscal de Casación bonaerense para que se revoque el hábeas corpus colectivo que habilita la prisión domiciliaria de parte de la población carcelaria y ordenó la secuencia del trámite previo a la sentencia de fondo.
Acompañando a la derecha mentirosa
Así, la Corte se hace eco de una furibunda campaña de la derecha política (tanto oficialista como opositora) acompañada de datos nada rigurosos y de una amalgama informativa que tomó forma con multiplicidad de fake news agitadas desde diversas empresas periodísticas.
Esa campaña (que incluyó un ruidoso cacerolazo el jueves pasado fogoneado por muchos medios y referentes políticos ligados a Juntos por el Cambio) fue la que sustentó y le dio “fundamentos” a la presentación del fiscal Altuve.
Pero otro elemento que le sirvió al máximo tribunal provincial para suspender la acordada de la Cámara de Casación Penal fue la declarada inacción de parte de los gobiernos provincial de Axel Kicillof y nacional de Alberto Fernández. Ambas gestiones vienen insistiendo que no adoptarán absolutamente ninguna medida elemental de política criminal para evitar una catástrofe humanitaria en las cárceles.
Por el contrario, a los reclamos desesperados de las poblaciones carcelarias solo respondieron con represión (que incluyó los crímenes de dos presos en Florencio Varela y Corrientes) y con “mesas de diálogo” que no resuelven nada.
Este mismo martes Kicillof confirmó en una conferencia de prensa en La Plata que su gestión no tomará ninguna medida tendiente a resolver en serio la superpoblación y el hacinamiento en las cárceles bonaerenses. Solo prometió “1.350 nuevas plazas penitenciarias” (a construir en “los próximos meses”) para una población de más de 50.000 presas y presos que hoy viven en lugares habilitados para poco más de 20.000.
Rodeado de sus ministros de Justicia Julio Alak y de Seguridad Sergio Berni, Kicillof dijo que confía “en que la Suprema Corte ordene esta situación”, dándole un guiño para que haga lugar al pedido del fiscal Altuve.
Por las dudas, el Gobernador aclaró que para él “quién va, quién sale de la cárcel y quién tiene domiciliaria es decisión del Poder Judicial; no del Ejecutivo”. E incluso fue más allá en su discurso: “este gobierno no coincide cuando se le da domiciliaria a quien cometió delitos de gravedad exponiendo a las víctimas”, dijo haciéndose él también eco de la campaña de las fake news.
Un fallo que no resuelve la probable catástrofe
En su resolución de este martes la Suprema Corte bonaerense le dio curso al recurso de queja del fiscal Altuve luego de que la Cámara de Casación Penal, a través de su presidente Víctor Violini, le rechazara un pedido de inadmisibilidad de la acordada.
A su vez los supremos provinciales prometieron dictar una sentencia de fondo sobre el asunto luego de que se expida el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand (otro ferviente enemigo de los beneficios legales para personas privadas de su libertad).
Vale recordar que la Suprema Corte no se caracteriza por sus fallos humanitarios ni progresistas. Esta es la Corte moldeada por Eduardo de Lazzari, quien fuera su presidente durante muchos años y hoy sigue integrando el tribunal de forma vitalicia.
De Lazzari, para quienes no tienen memoria, llegó a ser juez de la Suprema Corte en 1997, tras ocupar durante años el cargo de secretario de Seguridad del entonces gobernador Eduardo Duhalde. Aquel año dejó su cargo producto de la crisis que abrió el crimen de José Luis Cabezas, que tuvo como protagonista central a la "maldita Bonerense" que él tenía a su cargo. Vaya si sabe este señor de presos, crímenes y violaciones a los derechos humanos.
Mientras tanto, la suspensión del haeas corpus colectivo y del fallo de la Cámara de Casación Penal no hace más que darle al coronavirus un escenario inmejorable para expandirse entre celdas y pabellones, pudiendo provocar una verdadera catástrofe, tal como lo advierten organismos internacionales y organizaciones defensoras de los derechos humanos y como lo gritan desesperadamente miles de personas privadas de su libertad.
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