En Nicaragua, los trabajadores y sectores populares están siendo gravemente afectados por la falta de medidas sanitarias del gobierno de Daniel Ortega y la falta de un plan de emergencia a la altura de la pandemia, a lo que se suma la situación de crisis económica que golpea duramente las condiciones de vida, y donde sólo el 22% de la población tiene acceso a servicios médicos por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Daniel Ortega, públicamente señaló estar contra de la campaña “Quédate en Casa” y aplicar la cuarentena, llamándola “extrema” y “radical”, argumentando que la economía de Nicaragua no podía parar y que los “fanáticos” contradecían los comunicados del Ministerio de Salud (Minsa) y de tener “la situación bajo control”:
"Los que han estado con ese discurso son los mismos que quisieron hundir el país en abril del año 2018, aseguró, refiriéndose al estallido social que dejó al menos 328 muertos, según datos de la CIDH”. (fuente BBC)
Desde hace semanas, distintos medios y periodistas independientes de Nicaragua han denunciado que el gobierno de Daniel Ortega es el único en América Latina que no ha implementado la cuarentena y las escuelas y centros de trabajo continúan abiertas, además de no seguir medidas de salud y protección para enfrenar la pandemia.
Médicos, enfermeras y trabajadores de la salud no cuentan con mascarillas, guantes e insumos necesarios para atender a los pacientes en los hospitales públicos y por ello, han salido a demandar equipo e insumos médicos.
Esta es la clara consecuencia del déficit que tan solo en 2017 alcanzó 2,182 millones de córdobas y de las distintas reformas al sector salud que el clan Ortega- Murillo ha implementado como parte de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para el país centroamericano y el conjunto de la región.
Denuncias sobre la situación en Nicaragua
La respuesta del régimen orteguista ante las demandas de los trabajadores de la salud, han sido despidos, hostigamiento y dejándolos sin protocolos de seguridad.
Organización Internacionales de Derechos Humanos, como Amnistía internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Human Rihts Wach, han señalado que el gobierno está poniendo en riesgo la salud de los nicaragüenses.
Más aún, las cifras de acuerdo al Observatorio Ciudadano (red de médicos independientes y activistas) señalan 632 casos de covid y 10 muertes, contrarias a las emitidas por el gobierno de 16 casos registrados y cinco muertes. Así mismo el Minsa ha declarado que no hay “transmisión local comunitaria”.
“Como parte de su incomprensible campaña que expone al contagio masivo, el gobierno organizó entre marzo y abril 81 marchas, carnavales, festivales de playa y procesiones religiosas, a las que asistieron miles de activistas sandinistas” (Fuente Diarios de Covid19), mientras se mantiene desaparecido por semanas desde que comenzó la pandemia.
Por disposición oficial, desde el 20 de abril se reanudaron las clases del Curso Escolar 2020, luego del periodo de vacaciones de Semana Santa, en todos los centros educativos públicos del país.
Las denuncias aumentan por falta de equipo e insumos médicos en los hospitales, por nuevos casos de Covid 19 en el país, la realización de eventos masivos y no implementar la cuarentena en escuelas y sectores de trabajadores, así como la política del gobierno de ocultar información sobre las cifras reales de contagio, muertes y desacreditar a organizaciones que denuncian la situación en Nicaragua.
El gobierno de Ortega ha demostrado poner la política económica por encima de la vida de los trabajadores y sectores populares, a pesar de que la Asociación Médica de Nicaragua reportó a inicios de mes a 13 médicos con síntomas de coronavirus y el diario digital Artículo 66 hizo publica una lista de al menos 47 casos positivos internados en el hospital Alemán Nicaragüense, los cuales están siendo omitidos por el Minsa en un acto de clara negligencia sanitaria.
El movimiento que protagonizó las protestas masivas de jóvenes, campesinos y trabajadores de Nicaragua en defensa de la salud en 2018 es el mismo que ahora permanece en alerta, mientras es fuertemente asediado por las fuerzas represivas del régimen orteguista. Los trabajadores del sector han demostrado que pueden organizarse junto con los trabajadores y el conjunto de la población para hacer frente al autoritarismo de Daniel Ortega. | 
