Foto: Sin Embargo, Luis Barrón.
Después de dos meses y medio de investigaciones en territorio mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer el 11 de mayo su Tercer Informe por el caso Ayotzinapa.
La comisión está compuesta por Carlos Martín Beristain, Claudia Paz y Paz, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial y Alejandro Valencia Villa, quienes son juristas, antropólogos y expertos interdisciplinarios en los temas que involucra la investigación, de reconocida trayectoria en América Latina. Para este Tercer Informe sólo participaron los dos primeros señalados.
En México, cientos de miles han salido a las calles durante meses en todo el país exigiendo la salida de Peña Nieto. A nivel internacional, las protestas de la juventud, de mexicanos en el extranjero y de organizaciones de izquierda han resonado en los cinco continentes denunciando la impunidad con los que el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se mantiene en el poder.
El GIEI es parte de una presión internacional al gobierno mexicano, ante la corrupción y la impunidad con la que se pretende dar “carpetazo” al caso Ayotzinapa, encubriendo el papel del Estado y el Ejército en el asesinato y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa en septiembre del 2014.
Para muchos organismos internacionales, como la CIDH, es fundamental “ayudar” al régimen mexicano para que pueda volver a legitimarse en el poder y evitar una crisis política de mayores dimensiones en la frontera sur del imperialismo estadounidense, en el marco de la apertura de los recursos energéticos a la inversión privada.
De comprobarse tortura “se caería” la investigación oficial
Durante la presentación de su informe sostuvieron que en esta investigación el Estado mexicano ha practicado la tortura sobre algunos de los detenidos por el caso Ayotzinapa.
Carlos Beristain y Claudia Paz manifestaron su preocupación porque según las leyes mexicanas, las confesiones tomadas bajo tortura las hacen inválidas para el procedimiento legal, porque lo que los casos “se caen” después de muchos años de investigaciones. En ejemplo de esto es el caso de la masacre de Acteal, Chiapas, en 1997; hace pocos meses la Suprema Corte de Justicia los liberó por “violaciones al debido proceso” como se le llama en la jerga jurídica al testimonio bajo tortura.
Los integrantes del grupo de expertos de la CIDH afirmaron que se han entrevistado con 16 de los casi 100 detenidos por el caso, y la mayoría de ellos han denunciado tortura y tratos inhumanos “hay un grupo numeroso de detenidos que nos dijo que habían sufrido malos tratos y tortura”, señalaron.
Al día de hoy, de las 100 personas detenidas por el caso Ayotzinapa por lo menos 12 han denunciado tortura ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De corroborarse que estas denuncias son reales, la investigación oficial que realiza el Estado Mexicano podría concluir en la impunidad advirtieron los integrantes del grupo de expertos de la CIDH.
En este mismo tema, recién hace un par de semanas, el Relator Especial sobre casos de tortura de la ONU, sostuvo que en México existe una práctica generalizada en un contexto de impunidad que favorece a este crimen. El gobierno federal rechazó las conclusiones del informe en un grave altercado diplomático y dio por finalizada la interlocución con el relator, en un acto más de cerrazón del gobierno de Peña Nieto frente a las denuncias del caso.
Recomiendan “no fragmentar la investigación jurídica”
Asimismo, los expertos señalaron que en torno a la investigación oficial existen 13 diferentes causas en 6 diferentes juzgados del país. La recomendación del Grupo de Expertos es que la investigación se unifique para que un solo juzgador pueda tener una visión jurídica de conjunto.
Esta argucia jurídica posibilita al Estado evadir su responsabilidad histórica. Por ejemplo, el presidente municipal de Iguala no está en la cárcel acusado de ningún evento relacionado con la noche de Iguala, sino por asesinato político ocurrido años atrás y del que se le presume responsable.
Y de la misma manera es como el Estado evita abrir investigación legal alguna en donde se involucre a las fuerzas armadas y en especial al Ejército, su paladín en la lucha contra el narcotráfico y recurrentemente solicitado para la represión de la lucha social y frente a los sectores populares.
#FueElEstado
Carlos Beristain también señaló durante el informe que continúan con la “recomendación” (es decir sin ninguna obligación jurídica) a las autoridades de nuestro país para que reclasifiquen las investigaciones de caso Ayotzinapa como “desaparición forzada” y no como “secuestro”. Además de abrir líneas de investigación por “casos de tortura, tentativa de homicidio, encubrimiento, obstrucción de la justicia, uso inadecuado de la fuerza y amenazas a los normalistas y sobrevivientes”.
Estas recomendaciones el GIEI las ha señalado desde su Segundo Informe. En esta nueva presentación frente a los medios, Carlos Beristain dijo que todavía esperan una entrevista con soldados del 27 Batallón para solicitar nueva información.
Una de las principales líneas de investigación que el gobierno no quiere abrir es la que se refiere a la participación de los militares en la desaparición y el asesinato de los normalistas. Los responsables del 27 Batallón, ubicado en Iguala, fueron removidos de su área pocos días después del 27 de septiembre por órdenes de los principales mandos del Ejército.
La participación de las fuerzas represivas en el ataque a los normalistas no sorprende. En México, desde la Guerra Sucia en la década de los 60´s y 70´s, el Ejército ha realizado miles de desapariciones, secuestros e infinidad de casos de tortura en contra de luchadores sociales.
Se calcula que durante los años setentas, más de un tercio de la totalidad del ejército mexicano estaba concentrado en este estado del sur de México, dedicado por completo a la represión de los campesinos y activistas. Una tradición en el Ejército que no se ha borrado.
La versión oficial que Jesús Murillo Karam presentó como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) obviaba la participación de la policía municipal, las fuerzas federales y del Ejército. Más bien parece que esta versión de borrar las verdaderas pistas sobre quiénes estuvieron involucrados en su desaparición y el verdadero paradero de los estudiantes durante todo este tiempo tiene como fin ocultar la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada de los normalistas y las ejecuciones de tres de sus compañeros y de tres civiles el 26 de septiembre de 2014.
La “verdad histórica” se conquistará en las calles
A casi ocho meses de la trágica noche de Iguala, sigue sin existir certeza sobre el paradero de los estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. El Estado no ha realizado una investigación científica y objetiva que permita determinar la verdad histórica sobre estos acontecimientos y que lleve a los responsables materiales e intelectuales ante la justicia, desde el ex gobernador del estado Ángel Aguirre hasta el Presidente Peña Nieto.
Este gobierno ha demostrado, en todos los terrenos, que no está dispuesto a reconocer la participación de sus instituciones represivas en este crimen. Hasta ahora sólo ha hecho hasta lo imposible por cubrirse las espaldas.
La verdad sobre los normalistas sólo se puede conquistar con el resurgimiento de un movimiento democrático en las calles, encabezado por los padres de Ayotzinapa y la clase trabajadora, que se dote de un plan de lucha nacional para enfrentar la militarización del país y la represión a los movimientos sociales.
Mientras tanto, los jornaleros de San Quintín, que recientemente han sido reprimidos, hacen un llamado a los trabajadores y sectores en lucha a nivel nacional a hacer un frente para imponer las demandas de los sectores explotados y oprimidos, comenzando por la de verdad y justicia para Ayotzinapa, y a salir a las calles de todo el país para luchar en contra de este gobierno. | 
