En medio de una campaña mediática que demoniza a las personas privadas de su libertad, en su mayoría jóvenes pobres y sin condenas firmes, la Sala II de la Cámara Federal de Casación otorga el beneficio de esperar fuera de prisión el debate oral que determinará la participación en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar a tres represores.
Nos referimos al represor Adalberto Osvaldo Bonini, quien era enfermero general de la División Sanidad del Departamento IV del Ejército cuando concurría al centro clandestino de detención, torturas y exterminio “La Escuelita”, a Ricardo Claudio Gandolfo y José Antonio Maidana, quienes eran jefes de compañías del Batallón de Comunicaciones 181.
Gandolfo ya había recibido una condena a 4 años y 3 meses de prisión en la causa Stricker, Carlos Andrés y otros, en la que se investigaron los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el territorio cuyo control estaba a cargo del V Cuerpo de Ejército. El Tribunal Oral Subrogante en lo Criminal Federal de Bahía Blanca dictó sentencia el 20 de febrero de 2014 y condenó a todos los procesados a penas de prisión. Sin embargo, fue excarcelado por uno de los jueces que ahora anula la preventiva, Carlos Mahíques, en esta causa.
Maidana y Bonini serán juzgados por primera vez en la causa Ejército.
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Los argumentos de los camaristas, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahíques, sobre la resolución nada tienen que ver con la emergencia sanitaria causada por la pandemia del Covid 19. Los jueces, amparándose en un vacío legal, sostienen que ya fueron superados los tres años de prisión preventiva sin juicio ni condena. Sin embargo, esta situación es responsabilidad del poder judicial y las políticas estatales que ralentizan los procesos, realizan juicios a cuenta gotas o retrasan como en este caso.
Puede verse que la excarcelaciones y las domiciliarias a los genocidas ni son hechos aislados ni son producto de la pandemia. En Argentina, según informe de la Procaduría de Crímenes contra la Humanidad persiste la tendencia en alza de represores y cómplices del genocidio que se encuentran en libertad y el arresto domiciliario sigue preponderando como modalidad de encierro. Cabe mencionar, que tanto Mahíques como Yacobucci no es la primera vez que dejan en libertad a represores. Han sentado precedentes de este tipo en varias causas, a favor de los genocidas como Fernando Alberto Otero y Jorge “Tigre” Acosta.
Es una vergüenza que los jueces de la Corte Suprema sigan siendo una casta llena de privilegios, como no pagar ganancias. La elección de sus cargos deberían ser por el voto popular y sus salarios como el de un trabajador.
Exigimos que los juicios sean por jurados y que se abran todos los archivos de la última dictadura militar. Así, aunque algunos nos quieran hacer dar vuelta la página, sabremos que hicieron y dónde están los miles de compañerxs desaparecidxs y lxs hijxs secuestradxs. Es la única forma de evitar estos aberrantes hechos, propiciados por jueces que llenan las cárceles de pibxs pobres por delitos menores mientras que dejan libres a los represores que torturaron, secuestraron, desaparecieron, violaron, robaron bebés, que cometieron crímenes atroces y que aún se mantienen impunes.
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