FOTO: Red Eco Alternativo
Esta semana fueron noticia las colas interminables para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia en toda la provincia. Personas que iban desde las 4 de la mañana a la puerta del ANSES o que directamente dormían en la calle. Desde las comunidades originarias, Leonardo Pantoja de Misión Chaqueña informó que a ellos directamente les cambiaron el lugar de pago, que habitualmente es en Embarcación, y se lo fijaron a 200 km de sus territorios, en Santa Victoria Este.
Además, comentó que al ser diferentes las fechas de pago, las personas “no pueden agruparse e ir hasta Santa Victoria. Nos cuesta mucho eso, es un problema enorme para las comunidades”. Por todo esto, Leonardo expresó que la situación “es desesperante en todo el pueblo indígena. Hoy me hablaron los referentes de diferentes comunidades, me contaron que en cada comunidad hay hermanos que figuran en Santa Victoria y no saben cómo llegar allá y aparte no hay colectivos, para esa zona, de embarcación a Tartagal, todavía no. De Tartagal a Santa Victoria, menos. Solamente algún vehículo autorizado”. A esta realidad se suma el hecho de que “los remiseros quieren cobrarnos hasta $5.000” para llegar.
Esta situación hace imposible que cientos de personas pertenecientes a las comunidades indígenas wichís del norte puedan acceder al bono de emergencia que emitió el gobierno nacional. Comunidades que vienen siendo golpeadas por el hambre, la desnutrición y enfermedades como el dengue, sin obtener respuestas concretas ni del gobierno nacional de Alberto Fernández ni del provincial a cargo de Gustavo Sáenz. En lo que va del año han muerto por causas asociadas a la desnutrición 35 niñas y niños, y el problema del agua potable continúa sin resolverse. La emergencia en estas comunidades antecede a la llegada del covid-19 a nuestro país, como también la discriminación y postergación por parte de gobiernos racistas que durante décadas les han negado soluciones de fondo.
Es necesario que sus demandas sean atendidas de inmediato para que quienes hayan sido asignados puedan cobrar el beneficio en cercanías a sus hogares. Pero también, se hace imperioso establecer un salario de cuarentena de $30.000 para todas las y los trabajadores que no están percibiendo un salario como las y los integrantes de las comunidades del norte.
La emergencia social, decretada por el gobernador de la provincia a principios de año, parece haber quedado en el olvido con la llegada de la pandemia para los gobiernos de turno. Situación que agrava aún más las condiciones de vida de las y los wichís. Por eso, si ya era urgente que se vuelquen todos los recursos a la salud y los derechos elementales de las comunidades antes de la cuarentena, hoy se vuelve más urgente atender las apremiantes condiciones de los indígenas del norte provincial. | 
