Mientras comienza a flexibilizarse la cuarentena, se agudizan la crisis económica y social en todo el país con un fuerte aumento de la pobreza y el desempleo. A millones de trabajadores se les ha recortado el salario a instancias de un acuerdo entre la UIA y la CGT avalado por el gobierno de Alberto Fernández, cuya única medida paliativa para el pueblo trabajador es un Ingreso Familiar de Emergenia (IFE) anunciado en marzo, que no alcanza a cubrir un cuarto del valor de la canasta familiar y que aún no se termina de cobrar. Hay miles de despidos a pesar de un decreto que lo prohíbe con mano blanda. Y mientras se sostiene en un tire y afloje la renegociación de la deuda externa con los fondos buitres, han rechazado tratar el proyecto de ley presentado por Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) para implementar un impuesto a las grandes fortunas.
La referente del PTS en el Frente de Izquierda, Alejandra Arreguez, sostuvo que “está muy claro cuáles son las prioridades de este gobierno: sostener el pago de la deuda externa mientras aplican una reforma laboral de hecho, con un recorte salarial inédito a pesar de que están subsidiando con sumas gigantescas a las grandes empresas. Mientras siguen negándose a tratar un proyecto de ley de impuesto a las grandes forturnas, desbordan los comedores barriales con enormes filas de personas que se quedaron sin nada y la crisis sanitaria sigue haciendo estragos con un aumento exponencial de casos de dengue.
A Manzur lo vemos gestionando los intereses de los dueños de ingenios que especulan con el alcohol y buscando subsidios para grandes exportadores del citrus, pero en nuestra provincia miles de trabajadores temporarios y precarizados como los docentes del plan FINES, entre otros, han quedado sin ningún tipo de cobertura y para los trabajadores de la salud que denuncian la falta de insumos no hay más que amenazas.
Es por eso que desde el Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto de ley de impuestos a las grandes fortunas y patrimonios, que grabaría a las 15.000 personas más ricas del país con un impuesto que permitiría garantizar un ingreso de cuarentena de 30.000 pesos a todas las personas que se hayan quedado sin ingresos, además permitiría iniciar un plan de obras públicas para la construcción de 100 mil viviendas y un fuerte incremento en el presupuesto destinado a la salud pública.
Las patronales están descargando el peso de la crisis sobre los trabajadores, con la complicidad de las centrales sindicales y el gobierno. Es necesario fortalecer la organización en cada lugar de trabajo y rodear de solidaridad la lucha de los trabajadores de la salud y de todos los trabajadores que salen a defender sus puestos de trabajo”. | 
