El Ministerio de Economía aún no difundió información oficial sobre el nivel de aceptación de la oferta de reestructuración de deuda en jurisdicción extranjera por unos U$S 66.000 millones.
Sin embargo, el plazo para que se cierre el proceso de renegociación llegó a su límite este viernes a las 18 hs, que es el horario estipulado por la Argentina ante la SEC (la Comisión de valores de los Estados Unidos) para recibir las ofertas de los acreedores.
El Gobierno buscará alcanzar un acuerdo con los especuladores de la deuda apuntando como nueva fecha clave el 22 de mayo, cuando se cumpla un mes de impago de vencimientos por U$S 500 millones.
De la dureza de "no alcanza" a la flexibilidad de las condiciones
Antes de que se cierren las operaciones, el ministro de Economía Martín Guzmán ya había afirmado que el país se mantiene "abierto al diálogo" y afirmó que sigue siendo "flexible" para "escuchar" las contraofertas de los acreedores.
Se espera que mañana haya nuevos anuncios oficiales sobre los pasos a seguir con el objetivo de alcanzar un acuerdo y evitar que se consume un default.
"La Argentina permanece abierta al diálogo. Hicimos una oferta sostenible de buena fe y apreciamos que parte de nuestros acreedores ya la hayan aceptado", dijo el ministro de Economía y principal negociador de la deuda en una entrevista con la agencia Reuters.
"Continuamos trabajando para lograr el objetivo de restablecer la sostenibilidad de la deuda, volver a poner al país de pie y establecer una relación sostenible y duradera con nuestros acreedores", agregó el funcionario a la agencia internacional.
La "dureza" del gobierno también se vio cuestionada cuando en el día jueves 7 de mayo se predispuso a pagar U$S 320 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), cuando aún no se llegó a una renegociación de esa deuda con el organismo por U$S 44.000 millones desembolsados entre 2018 y 2019, ni los términos y condiciones que buscarán imponer a cambio al pueblo trabajador.
Respecto a la renegociación con acreedores privados, de acuerdo a Ambito.com tres grandes grupos de tenedores de bonos como Blackrock, Fidelity, Ashmore y otros se encuentran trabajando en una contrapropuesta conjunta que le harán llegar a las autoridades argentinas a partir de la semana que viene.
Asimismo, según trascendidos, las ofertas ya presentadas serian del orden del 20% al 30% del monto total a renegociar. Se estima que los inversores locales habrían aceptado la propuesta argentina en un 70% de sus tenencias, pero no superan los U$S 5.000 millones, una minoría entre los U$S 66.000 millones en canje.
Esta aceptación local contrasta con la actitud de los bonistas extranjeros cuya presencia habría sido prácticamente inexistente.
Ni pagar la deuda odiosa ni entrar en default: por una salida soberana al problema de la deuda
Las únicas dos vías que presentan tanto los bonistas como el gobierno es alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda, que implica convalidar la deuda odiosa de Macri, utilizada para beneficio de especuladores y fugadores seriales, o ir hacia un default, que significa "incumplir" los vencimientos de capital e intereses.
Ninguna de estas opciones son favorables al pueblo trabajador. En el primer caso, aún consiguiendo posponer los plazos de pago, sólo se posterga el problema a costa de legitimar una vez más el conjunto de mecanismos de usura impuestos con la deuda, pero no se evita que la economía vuelva a caer en una restricción de divisas más adelante y nuevamente el riesgo de default.
En el caso del default, tampoco se cortan los lazos de dependencia al capital financiero, sino que por el contrario, así como sucedió con los canjes de 2005 y 2010 y la experiencia del litigio de los fondos buitres entre 2014 y 2016, más temprano que tarde los especuladores buscan cobrarse la deuda y con creces.
Para frenar el saqueo nacional es necesario imponer el no pago soberano de la ilegal e ilegítima deuda externa, como plantea el Frente de Izquierda, junto con un conjunto de medidas para la protección y movilización de los recursos del país para revertir las urgencias sociales y para frenar la fuga de capitales, como la nacionalización de los bancos y el monopolio del comercio exterior.
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