La jubilación es una conquista histórica de la clase trabajadora. Al igual que los días feriados, la jornada de 8 horas, los seguros de salud y otros, la jubilación tiene como objetivo poner límites a la explotación del trabajo. La ofensiva neoliberal iniciada en los años 80 ya supuso un ataque fuerte a los sistemas de jubilación, ahora, con la agudización de la crisis global capitalista, los trabajadores enfrentaremos no sólo reformas reaccionarias contra nuestras condiciones de vida, sino también un desafío estratégico.
El actual sistema de pensiones en Bolivia mantiene lo esencial de las reformas heredadas del neoliberalismo: la capitalización individual. Su lógica es hacer depender la renta de vejez exclusiva o primordialmente de los aportes que un trabajador haga en su vida laboral activa. La ley vigente, aprobada por el Gobierno del MAS el 2010, sólo añadió un matiz a esta lógica: creó un fondo “solidario” financiado en gran parte por los propios aportes de los trabajadores y por un insuficiente impuesto empresarial.
Sin embargo, el gran interés del capital financiero privado y del propio Estado burgués reside en la administración de los fondos de pensiones. La cantidad de dinero que acumulamos el conjunto de los asalariados en Bolivia es grande. Representa el 47% del PIB, es decir, unos 19 mil millones de dólares.
El capital financiero, de carácter transnacional, se mete al negocio de los fondos de pensiones a través de las llamadas AFPs, que son sólo uno de los tentáculos de grupos financieros (como el grupo Santander, que opera en Bolivia) para transferir como capital barato los fondos de pensiones a sus entidades bancarias. El 60% de todo lo que administran las AFPs está metido en los bancos. Éstos devuelven un interés del 3 o 2 % a las AFPs y utilizan nuestro dinero para ofertar créditos cuyas tasas son del 11, 16 o hasta por encima del 20%. El dinero acumulado de un trabajador se desvaloriza en este negocio, en tanto que ese mismo ahorro, es parte de unos fondos que sirven para suculentos negocios de la burguesía, sobre todo financiera.
Elaboración propia
En términos estrictos. Aquí opera una doble confiscación a los trabajadores. La primera es una confiscación estructural: el salario de un trabajador significa una remuneración de sólo una parte de la jornada laboral. La segunda es una confiscación con medios jurídicos: se deposita parte del salario del trabajador en manos de la misma clase dominante que nos explota, como fuente de sus nuevas ganancias.
Más confiscaciones
Entre los mecanismos tramposos de cálculo de pensión de vejez que nos han impuesto, sobresale uno establecido por la Resolución Administrativa SPVS-P N° 132/2003, de la APS (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros), donde se fija como elemento de cálculo una esperanza de vida de 110 años. El robo es descarademente sencillo. Dividen la cantidad de dinero ahorrado de un trabajador durante su vida activa, pongamos 300.000 Bs, entre la cantidad de meses que le faltan para llegar a 110 años. Imaginemos que un trabajador se jubila con 65 años, la operación es: 300000/540= 555. Serían 555 Bs los que recibiría este jubilado por cuenta de su ahorro individual (muchos jubilados a esta cifran adicionan su compensación de cotizaciones y también una fracción solidaria).
El objetivo de esta maniobra es, como se ve, impedir la devolución de una parte grande del ahorro del trabajador porque sucede que nadie consigue vivir hasta sus 110 años y tampoco dejar derechohabientes, quedando el dinero de una vida de trabajo en manos de las AFPs (o la futura gestora pública). Las estadísticas oficiales del país muestran que sólo 1 de cada 100 bolivianos/as llega a los 100 años, por lo que aplicando una esperanza de vida, por ejemplo, de 80 años (que todavía es alta) se llegaría a subir las rentas en un 20%.
“Devolución” de aportes
Se ha conocido un proyecto de ley para habilitar la devolución individual de un porcentaje del saldo acumulado, dizque para “afrontar la crisis”. La burguesía y sus representantes políticos pergeñan soluciones individuales para problemas colectivos. Paradójicamente, todos ellos se preparan juntos. El Gobierno de Añez ha desembolsado más de 3 mil millones de bolivianos adicionales de nuestros fondos jubilatorios a la banca.
Quieren hacernos creer que esta crisis, los trabajadores la tenemos que afrontar solos, sacando dinero de nuestros propios ahorros para no morir de hambre. La mejor respuesta a semejante despropósito de los empresarios y su gobierno debe ser construyendo una agenda popular nacional para afrontar la catástrofe económica que se avecina.
Propuestas concretas
Dentro del marco anteriormente explicado, proponemos las siguientes reivindicaciones en materia de jubilación:
Mantener el valor del dinero ahorrado en pensiones convirtiéndolo en UFV (unidades de fomento a la vivienda). Esto porque este tipo de unidades de cuenta llamadas UFV se reajustan según la inflación y evitan que el dinero de nuestros aportes pierda valor adquisitivo con el alza del costo de vida.
El pago de la renta a un jubilado debe ser en UFV, con el fin de que los trabajadores pasivos tengan una garantía de que su renta, convertida en monto fijo actualmente, tenga al menos reajustes en función de la inflación.
Rentabilidad mínima del 10%. La normativa legal debe establecer que la Gestora pública que administra las pensiones debe entregar un mínimo de rentabilidad del 10% anual con el fin de permitir que los ahorros de los trabajadores tengan un rendimiento favorable para incrementar su valor..
Anulación de la Resolución Administrativa SPVS-P N° 132/2003, de la APS (Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros), que establece un tramposo cálculo matemático al ahorro de las pensiones de cada trabajador,
Elevación general de la renta universal (Renta dignidad) a 1000 Bs., mediante impuestos progresivos a las ganancias de las grandes empresas privadas. Con el fin de elevar la cobertura del sistema de pensiones y de subir las rentas de vejez de todos los bolivianos, además de sumar a la lucha al llamado “sector informal” (campesinos, pequeños comerciantes, choferes, etc.), es fundamental que la Renta Universal (llamada “Renta Dignidad”) sea en proporciones cada vez más reales al costo actual de vida.
Fondo común para pensión universal y pensión contributiva, usando el 1% de las utilidades de las empresas públicas (YPFB, COMIBOL, ENDE, etc.) que generaron 1.968 millones de dólares el 2017, y donde actualmente una gran parte se dilapida en la corrupción y negociados.
Financiar el fondo común para pensión universal y pensión contributiva con el 1% de la recaudación tributaria. Los impuestos que pagamos los asalariados (IVA, IT, etc.) representan más de 1000 millones de dólares y es uno de los principales ingresos del Estado (más que el IDH que les cobran a las petroleras) y deben volver al menos en un porcentaje a los trabajadores.
Control obrero colectivo a la administración de los fondos de pensiones. Con delegados elegidos por cada federación sindical, sin remuneración adicional y revocables por las bases.
