El Colegio de Médicos del Perú (CMP), mediante un comunicado ha confirmado la muerte de 10 médicos y un bachiller en medicina. En medio del colapso del sistema de salud en Loreto, una de las regiones más afectadas por la pandemia, muchos médicos de esta ciudad han sido contagiados, de los cuales, dos han sido trasladados a Lima por la gravedad de su salud.
Mientras tanto, el presidente Vizcarra, el ministro de Salud, Víctor Zamora, y la señora Pilar Mazzetti (presidenta del denominado comando COVID), han venido sosteniendo que sus políticas en materia sanitaria son eficientes y que, si hay un incremento de los contagios y de las muertes, es por la irresponsabilidad de la población. Con ello han pretendido minimizar las protestas de las y los trabajadores del sector salud ante la falta de EPP y el colapso de los hospitales en Lima y en otras regiones del país.
Y si el Gobierno se hace de los oídos sordos frente a las exigencias de los trabajadores de salud, no tiene el mismo trato para con los grandes empresarios, los banqueros y los dueños de las AFPs. A estos últimos, por ejemplo, el Banco Central de Reserva resolvió brindarles un salvataje financiero hace poco. Lo mismo había hecho el ejecutivo con los grandes bancos y con los empresarios, a quienes se les subvencionó el 35% de sus planillas y se les dio carta libre para despedir a sus trabajadores a través de la aprobación de la suspensión perfecta.
Se demuestra así que a este Gobierno solo le interesa garantizar las ganancias de los empresarios y no la vida y la salud de las y los trabajadores. Este abandono gubernamental ha llevado a que los mismos gremios de médicos vean la forma de encarar esta dura problemática con iniciativas particulares, lo cual quedó evidenciado el miércoles pasado, cuando el Colegio Médico del Perú (CMP), con sus propios recursos económicos se vio obligado a trasladar desde Loreto hasta Lima, vía área, a dos de sus compañeros que se encontraban en una situación grave para que puedan recibir atención especializada.
En una nota del sitio web del CMP, el Decano Nacional, Dr. Miguel Palacios Celi, señalaba: “A falta de apoyo del Gobierno, hemos decidido trasladar hacia Lima a nuestros colegas Juan Merejildo y Boris Segovia, quienes serán atendidos en los hospitales Hipólito Unanue y Edgardo Rebagliati”, además, agregan que el Secretario del Interior del CMP, el Dr. Edén Galán Rodas, “es el responsable de coordinar el trasladado aéreo, así como llevar apoyo de equipos de protección facial y medicamentos, con recursos propios”.
Por su parte la Decana del Colegio de Enfermeras del Perú, Lic. Liliana La Rosa, en un programa de Latina Tv denunció que “Hay 1.278 enfermeras con Covid-19, de este grupo 7 se encuentran en el área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”. En otro momento de la entrevista señaló que hasta ahora han fallecido 2 enfermeras, 1 estudiante de enfermería y 12 técnicas y técnicos de enfermería. Además, denunció que las contrataciones de personal sean bajo la modalidad de “prestación de servicios”, lo cual no les garantiza una estabilidad laboral y mucho menos un seguro de vida a quienes se incorporan al trabajo en esta área de alto riesgo.
Todos estos hechos lamentables ponen en agenda la necesidad urgente de reactivar el sistema sanitario público, pero para que ello pueda ser posible, debemos dotarlo de un significativo incremento presupuestal, el cual deberá provenir del impuesto extraordinario a las grandes fortunas de personajes como Roque Benavides, Carlos Rodríguez Pastor, Ana María Brescia Cafferata, Eduardo Belmont, Eduardo Hochschild, entre otros burgueses nacionales, quienes junto al gran capital imperialista y en complicidad de los gobiernos de turno, fueron los grandes beneficiados del cacareado crecimiento económico.
Así mismo, es necesario que todos los altos funcionarios elegidos por voto popular como el presidente y los congresistas, además de los presidentes regionales y alcaldes, así como los ministros, jueces, fiscales y los altos mandos policiales y militares, pasen a ganar como ganan las y los enfermeros. Basta de derrochar el dinero público en gollerías a la casta política y en beneficios a los grandes empresarios y banqueros.
|
