Este viernes había vencido el plazo para que los acreedores acepten la oferta de reestructuración de Martín Guzmán. Los especuladores exigen más concesiones. Y el Gobierno insiste en llegar a un acuerdo, para lo cual el propio Alberto Fernández anunció por Twitter que el plazo seguirá para renegociar seguirá abierto por lo menos hasta el lunes 11 de mayo.
"Cuando este plazo venza definiremos los pasos a seguir", agregó. "Como siempre, nuestro objetivo es asumir compromisos que podamos cumplir", escribió el mandatario en su red social.
Esto sucedió después de la reunión con el ministro de Economía en la residencia de Olivos. El Presidente aseguró que "continúa el diálogo de buena fe con los acreedores con el objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible".
Aún no hay una comunicación oficial con el resultado de la oferta de canje presentada por el Gobierno y su nivel de aceptación por los acreedores. El resultado final se conocerá de manera oficial el día lunes cuando lo devele la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos.
Ese ente es el que regula las operaciones de bonos en dólares de Argentina bajo jurisdicción extranjera. ¿Por qué? Porque así está estipulado toda vez que los gobiernos fueron aceptando la condición de jurisdicción externa en renegociaciones anteriores. "Este “detalle” es una expresión cabal de la relación de dependencia asimétrica en la que se encuentra nuestro país con los centros financieros internacionales: ellos ponen las reglas, el árbitro y se llevan los recursos", aseguró el economista Pablo Anino en este mismo medio.
Llegar un acuerdo para pagar la deuda odiosa o entrar en default, son las únicas alternativas que presenta el Gobierno y el capital financiero como salida a esta crisis de deuda. Pero ninguna de estas opciones son favorables al pueblo trabajador.
Para frenar el saqueo nacional es necesario imponer el no pago soberano de la ilegal e ilegítima deuda externa, como plantea el Frente de Izquierda, junto con un conjunto de medidas para la protección y movilización de los recursos del país para revertir las urgencias sociales y para frenar la fuga de capitales, como la nacionalización de los bancos y el monopolio del comercio exterior.
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