En la educación superior hay 24 instituciones que suspendieron a 317 personas, entre ellas, seis universidades, tal es el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, con 88 personas que fueron suspendidas y la Universidad La República, que suspendió a 65 trabajadores.
En Arica, la Universidad de Tarapacá también comienza a tomar medidas en medio de la crisis sanitaria. Durante el mes de marzo, las autoridades desvincularon a las y los trabajadores que se encontraban con convenio a honorarios en la institución, siendo los primeros perjudicados. A través de una videollamada Álvaro Palma, Vicerrector de Administración y Finanza de la UTA, anunció los ajustes que se aplicarán, a raíz de las “grandes” pérdidas que ha tenido la institución a causa de la crisis.
A consecuencia de lo anterior, expuso un plan de reducción de los gastos al mínimo, partiendo por una disminución drástica de gastos en honorarios, optimizar los grupos cursos y mayor compromiso docente de los académicos de planta y contrata. Por último, planteó la suspensión de nuevas contrataciones académicas, cero contrataciones por proyectos, entre otras medidas.
Por otra parte, hizo referencia al futuro de la universidad y los impactos de la crisis proponiendo dos tareas: evaluar la reestructuración de unidades académicas y de la administración y la implementación de mallas curriculares racionales, coherentes con la formación inicial y no terminal, entre simulación y práctica. Afirmando que es iluso pensar que la universidad no se vea golpeada por la crisis mundial.
Según sus cálculos realizados, las pérdidas por el COVID-19 han sido de $4.110 millones aproximadamente, sin transparentar con claridad cuáles han sido esas pérdidas y cuanto es el ingreso real que tiene la universidad, ya que pese a la situación que atraviesa el país los costos de aranceles continúan siendo altísimos para los estudiantes, a quienes solo se les ha ofrecido migajas, extendiendo las cuotas del costo por matrícula y la postergación de endeudamiento, mientras sus familias son golpeadas por las leyes del Gobierno empresarial de Piñera.
Finalmente agregó que está en juego la estabilidad institucional y para eso proponen tres opciones: la primera es rebajar sueldos en un 33,3% para no despedir a nadie, la segunda es derechamente reducir el personal y la tercera una combinación de las anteriores. Dejando a los trabajadores entre la espada y la pared, ya que de no aceptar la reducción de sueldo las autoridades despedirán a sus compañeros de trabajo. Además, indicó que solo tienen asegurado el sueldo completo de los trabajadores hasta el mes de agosto del presente año. A toda costa las autoridades pretenden que los costos de la crisis la paguen la clase trabajadora, mientras ellos mantienen sus sueldos millonarios.
Lo paradójico es que mientras les plantea a los trabajadores reducción de sueldo o despidos, les exigen mayor compromiso y rendir de manera óptima, sin siquiera entregarles las herramientas mínimas para trabajar desde la casa. Actualmente gran parte de los funcionarios se encuentra desempeñándose bajo la modalidad de teletrabajo, con jornadas interminables frente al computador respondiendo correos y contestando llamados a deshoras. Sumado a lo anterior, sus jefes les exigen contabilizar las tareas que se encuentran haciendo, poniendo en cuestión su desempeño y su trabajo. En medio de esta situación, el teletrabajo fue una opción que ha permitido a algunos conservar su trabajo, pero que al mismo tiempo ha significado concretamente mayor abuso por parte de las jefaturas, ampliando el horario laboral de los trabajadores, exigiéndoles mayor disponibilidad y flexibilización.
Mientras el Rector Emilio Rodríguez, tiene un sueldo millonario, piensa en suspender y despedir a los funcionarios de la UTA en medio de la crisis. Esta situación abre todo un cuestionamiento a la educación de mercado, por esto debemos exigir que sea 100% gratuita y financiada integralmente por el Estado. El gobierno de Piñera aporta millones para salvar a las grandes empresas, pero no aumenta el presupuesto a la educación pública en medio de esta pandemia, dejando a la deriva a los trabajadores de las instituciones educacionales.
La Asociación de Funcionarios Profesionales, Asociación de Funcionarios no Académicos y la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá deben ponerse a disposición con el objetivo de enfrentar esta crisis y organizarse para impedir posibles despidos y suspensiones de las y los trabajadores, rompiendo la tregua con las autoridades. No podemos esperar mientras los trabajadores y sus familias pagan los costos de la crisis social y económica. |
