Sigue la cuarentena, y luego de cincuenta días de aislamiento social obligatorio, no hay un plan para reforzar seriamente el sistema sanitario, ni medidas de emergencia para quienes viven hacinados, pierden sus empleos o sufren suspensiones y rebajas salariales.
El Sistema de Salud ya se encontraba en emergencia tras años de desfinanciamiento por parte de los distintos gobiernos de turno. En la provincia de Buenos Aires, Salud pasó de tener un 8% del presupuesto provincial bajo el gobierno de Solá en el 2003, a un 6,3% bajo el gobierno de Scioli y a un 5,5% durante el gobierno de Vidal, presupuesto que Axel Kicillof prorrogó.
Durante estos cincuenta días, no se avanzó en medidas estructurales como la centralización del sistema sanitario, unificando todos los recursos disponibles, públicos y privados, para hacer frente a la pandemia. Por el contrario, un “tibio” anuncio del Ministro Ginés González despertó la queja de los empresarios de clínicas y laboratorios y rápidamente el gobierno retrocedió ante esta presión. El Estado no tendrá así injerencia en cómo se administran los recursos y camas disponibles.
Las consecuencias son visibles: trabajadores y trabajadoras de la salud tienen que hacer frente al coronavirus “con el presupuesto provincial más bajo de la historia, con falta de insumos, de elementos de protección personal, con salarios de pobreza, mas de 100 mil trabajadores y trabajadoras que no cobraron el bono de 5 mil pesos, y miles con contratos precarios, incluidos los más de 1500 incorporados por la emergencia, que aún no cobraron su salario.
La crisis social y económica se agudizó gravemente desde el inicio de la cuarentena, golpeando fuertemente a los sectores más vulnerables. En el país ya había antes de la cuarentena 14 millones de pobres, 3 millones de indigentes y un 40% de trabajadores y trabajadoras en la informalidad. A partir de la cuarentena, miles se vieron privados de sus ingresos diarios por no poder salir a trabajar y ya son millones los y las que sufren reducciones salariales, además de los miles de despidos y suspensiones. Y de las 11 millones de personas que se anotaron para cobrar el IFE, de apenas 10 mil pesos, muchos recién van a poder percibirlo…en junio!.
Pero en medio de esta situación, el Gobierno no tocó ni un centavo de la ganancia de los bancos y de las grandes empresas. Las patronales festejan que el proyecto del impuesto a las fortunas esté cajoneado e imponen de la mano de la UIA y la CGT la rebaja salarial para miles de trabajadores y trabajadoras. Mientras tanto el decreto de prohibición de despidos y suspensiones es papel mojado. Como en el lock out patronal del frigorífico Penta en Quilmes, donde la policía de Kicillof reprimió a los trabajadores, que siguen luchando por recuperar sus 240 puestos de trabajo; o en Dánica donde el gobierno premió a la patronal avalando el preventivo de crisis.
Y a pesar del parate económico, Kicillof vuelve a mostrar su vocación de pago, discutiendo a contra reloj una nueva restructuración por un vencimiento de 110 millones de dólares de la odiosa deuda con los fondos buitres.
En el Estado provincial ya suenan con fuerza los rumores de una Resolución del gobernador para eliminar los pagos de horas extras y viáticos que desde hace décadas cobramos como compensación frente a los magros salarios, que año a año pierden contra la inflación tras paritarias miserables y en cuotas que ha negociado la burocracia sindical con los gobiernos de Scioli y Vidal. Compensaciones que en salarios promedio de 24 mil pesos, alcanzan al 30%, el 40% y hasta el 50% del salario final de los y las estatales. Si bien todavía no se efectivizó, hay ejemplos en algunas estructuras de que el gobierno va a intentar echar mano al salario de trabajadores y trabajadoras.
La situación además se agrava para las y los precarizados del Estado provincial que ven peligrar su fuente de trabajo y que no cobran su salario en tiempo y forma. Y ni que hablar de las personas travestis, trans que deberían ingresar a partir del efectivo cumplimiento del cupo laboral trans, más aun ante la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran desde la pandemia.
En este contexto, y a pesar de una nueva entregada de la CGT, ya hay decenas de ejemplos de trabajadores y trabajadoras que empiezan a organizarse contra los intentos de los empresarios y el gobierno de descargar la crisis sobre nuestras espaldas.
Como las y los trabajadores de Mondelez (ex Stani), que en una numerosa asamblea rechazaron las suspensiones ilegales que Daer avaló. Los y las trabajadoras de la salud, de la tercerizada GPS de Aerolíneas, de las app que vienen de un importante paro contra la precarización. Y en nuestra región están las y los trabajadores de La París, de Amiplast, del resto Bar de Islas Malvinas, de la Dirección General de Cultura y Educación, de Vialidad y también de la empresa de limpieza Distribon de las Torres 1 y 2 de La Plata que están luchando contra los despidos.
Todos estos sectores ya confluyeron en una primera acción coordinada frente a la Municipalidad. Son los primeros pasos de coordinación de la región. Tenemos que seguir este ejemplo y organizarnos para que los despidos no pasen y para evitar que avancen sobre nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo.
ATE recién convoca para dentro de unos días al primer plenario de delegados y delegadas de la región capital desde el inicio de la cuarentena, cuando ya se viene desarrollando ésta situación y luego que desde varias juntas internas y desde la Marrón Clasista lo exigiéramos. Del mismo tiene que surgir el estado de alerta y un plan de lucha serio, en coordinación con los sectores que ya están peleando, para enfrentar los despidos y en defensa del salario, por el pase a planta y la implementación del cupo laboral trans, entre otras demandas.
Tenemos que discutir desde las bases, contemplando el distanciamiento necesario, cómo nos organizamos para imponer otra salida y que esta vez la crisis la paguen los que siempre ganan: los ricos, las grandes empresas, los bancos y los terratenientes. | 
