Crisis en el bloque golpista empuja al autodenominado Gobierno de transición a mayor represión. Crecen las manifestaciones de rechazo a Áñez y su gabinete. Los trabajadores y el pueblo ante desafíos estratégicos.
Ayer domingo, a las 19 hs, se llevó a cabo en todo el país la segunda manifestación de protestas contra el autoproclamado Gobierno de Áñez, donde un importante sector que protesta exige “elecciones ya”. La ruidosa expresión de bronca contra el Gobierno mediante petardos y cacerolas, gozó de mayor amplitud y duración que la realizada el pasado 30 de abril.
En esta ocasión no hubo manifestaciones callejeras y bloqueos como en la primera jornada debido al agravamiento de la militarización e intimidación desde el Gobierno. Aún así no pudo ocultarse el creciente descontento popular que en esta ocasión abarcó diversos barrios de clase media no necesariamente vinculados al MAS.
El bloque golpista en crisis y un Gobierno cada vez más débil
La promulgación del DS 4232 que acelera el uso de transgénicos en la agricultura nacional y que fue saludado de manera exultante por parte de todas las cámaras empresariales, ganaderas y agrarias, fue recibido con intenso rechazo por parte de las comunidades indígenas, organizaciones y sindicatos campesinos, así como también de diversos sectores de la clase media, ONG’s y fundaciones ambientalistas que formaron parte del movimiento cívico de octubre y que hoy ven con desagrado que el Gobierno que ayudaron a encumbrar, va aún más lejos que el MAS en las medidas al servicio del gran capital agroindustrial.
Esto seguramente contribuyó a engrosar las filas de quienes ayer expresaron su ruidoso repudio al Gobierno golpista de Áñez, Murillo y demás personeros al servicio del imperialismo y la gran industria. El respaldo al Gobierno de Áñez por parte de diversos personeros del movimiento cívico, que inició el golpe de Estado, como el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, y reconocidos periodistas como John Arandia o Amalia Pando entre otros, se desmorona ante los escandalosos casos de corrupción y el manejo discrecional de los bienes del Estado. Un reciente ejemplo de ello se evidenció en la decisión del ministro de la Presidencia, Yerko Nuñez, de trasladar a una ex miss Rurrenabaque en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) a La Paz, o el mismo uso que hizo una diputada de otro avión de la FAB para ir desde Tarija a una fiesta de cumpleaños del sobrino de Áñez en La Paz.
Incluso la Iglesia Católica, otro componente del bloque golpista de noviembre, en palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, el cura Ricardo Centellas, vertió duras criticas al Gobierno por la falta de transparencia, el manejo de la pandemia sin insumos de bioseguridad y el nepotismo y discrecionalidad en la distribución de cargos en el Estado pese a la “religiosidad” manifestada por Áñez y sus ministros.
La crisis de gabinete producida los últimos días, con el cambio de varios ministros y funcionarios, aumentando el peso directo de agroindustriales como Oscar Ortíz, y personal de trasnacionales en la dirección de las empresas públicas, como en YPFB, evidencian esta pérdida creciente de respaldo y legitimidad, empujando al gobierno cada vez más a sostenerse de manera casi exclusiva en las fuerzas represivas y en un agravamiento de la persecución judicial.
Decreto “mordaza” 4231 y periodismo mercenario
Así mismo, ayer 10 de mayo, día del periodista, se dio a conocer el texto del DS 4231 que endurece aún más las disposiciones establecidas en el DS 4200, estableciendo que “las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”. Con esta disposición, se pretende amedrentar aún más al periodismo independiente y a la población en general, buscando acallar las denuncias y las crecientes manifestaciones de rechazo al actual Gobierno, en sintonía con la cada vez mayor presencia militar en las calles.
Por otro lado la debilidad del Gobierno y la polarización política en aumento está empujando a algunos medios de comunicación directamente a violentar la realidad con groseras mentiras, sin que por ello se vean afectados por el decreto mencionado.
Así ayer, mientras se producía la manifestación de rechazo al Gobierno, la red UNITEL difundía en sus titulares que la manifestación era el pedido de la población para que se cancele la personería jurídica al MAS, en una expresión que solo puede ser calificada como “periodismo mercenario”, es decir, puesto al servicio del gobierno y del bloque golpista aunque esto signifique mentir groseramente sobre la realidad.
La cada vez mayor debilidad del Gobierno, su pérdida de legitimidad en los sectores de clase media que la ayudaron a llegar al poder, el malestar en las filas policiales por la multiplicación de los contagios con el COVID-19, el creciente distanciamiento de importantes factores de poder como la Iglesia Católica o incluso de semifascistas como Camacho y otros derechistas, hacen suponer que el autonombrado Gobierno de Áñez podría desmoronarse rápidamente.
Sin embargo, es esta misma situación la que empuja a este gobierno a respaldarse cada vez más en el rol protagónico que vienen teniendo las fuerzas armadas como garantes de la estabilidad, aprovechando una cuarentena que se mantiene rigurosa en los principales centros urbanos del país y que impide que las manifestaciones de protesta puedan expresarse abiertamente. El respaldo que tiene el gobierno de Áñez del imperialismo, expresado no solo en la OEA sino también en personeros de su Gobierno como el auto titulado “agente de la CIA” Erick Foronda, así como el respaldo de lo más concentrado del capital financiero, agro industrial y trasnacional, no son suficientes para garantizar la gobernabilidad, si no fuera por este papel que vienen cumpliendo las instituciones represivas del Estado.
Ante esta situación, las y los trabajadores y el pueblo, no pueden limitarse a esperar la realización de elecciones como propugnan desde el MAS o desde Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa así como otros partidos del bloque golpista hoy distanciados de Áñez.
El Gobierno ya ha manifestado su rechazo al nuevo calendario electoral establecido en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y ha interpuesto recursos de nulidad e inconstitucionalidad de la nueva ley electoral, buscando con ello prolongar indefinidamente una gestión a la que presentaron como “transitoria”.
Día que pasa significa un agravamiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías que hoy vienen sufriendo despidos, bajas salariales, y una cuarentena que se hace insostenible ante el fantasma del hambre que acecha en las barriadas obreras, campesinas y populares. Solo impulsando en forma urgente la organización, recuperando nuestras organizaciones sindicales, sociales y barriales hoy en manos de una burocracia colaboracionista, avanzando en la auto organización independiente y preparando un verdadero plan de lucha en minas, fábricas, empresas, comunidades y juntas vecinales, podremos encontrar la salida de fondo a la dramática situación que cientos de miles de trabajadores del campo y la ciudad están viviendo hoy.
Tenemos que sacar lecciones revolucionarias de los 14 años del MAS y de 6 meses de golpismo
La organización de las y los trabajadores del campo y la ciudad para hacer frente a los ataques brutales que vienen llevando adelante los golpistas, es un requisito básico para poder discutir y formular un programa que permita enfrentar la catástrofe que amenaza a las familias del pueblo.
Muchos trabajadores del campo y la ciudad depositan sus esperanzas en que las eventuales elecciones puedan ofrecer una salida a estos padecimientos. Desde la LORCI defendemos el derecho democrático de cientos de miles que quieren librarse de un Gobierno de facto que sembró de luto a los trabajadores en Sacaba, Senkata y Ovejuyo y que hoy amenaza en sumergir en la miseria a la gran mayoría. Sin embargo afirmamos que este derecho democrático no puede quedar en manos de burócratas y politiqueros como Luis Arce Catacora (candidato presidencial del MAS), Eva Copa (presidenta del senado) y otros funcionarios del MAS que negociaron con los muertos y le dieron legalidad a un Gobierno golpista.
Es necesario extraer lecciones de lo sucedido en estos años donde las políticas del MAS alimentaron y robustecieron a los concentrados grupos económicos y empresariales quienes finalmente dieron el golpe en noviembre. Es urgente empezar a discutir como ponemos en pie nuestra propia herramienta política independiente, para que las energías que las y los trabajadores despliegan en su lucha contra el golpismo y por mejores condiciones de vida no sean nuevamente conducidas al pantano de las negociaciones con la clase dominante. Necesitamos empezar a discutir la construcción de un partido revolucionario de los trabajadores, genuinamente socialista e internacionalista, única forma de que el anticapitalismo deje de ser una frase vacía y se convierta en el horizonte de una sociedad sin explotadores y explotados.
