Uno de los programas pilares de la cuarta transformación para intentar “abatir” la cifra de desempleos en la juventud, fue el lanzamiento del programa social “Jóvenes Construyendo el Futro”. El programa está orientado a “capacitar” durante un año a los aprendices en el área que se haya escogido.
En medio de la pandemia, los aprendices han notado irregularidades en los pagos de sus apoyos: “entre a finales de febrero y mi primer pago fue el 13 de marzo, a casi dos meses de ese pago, no nos han vuelto a depositar y pese a preguntar en los grupos oficiales de Facebook, los administradores solo dicen que ya no preguntemos y que este mes se va a pagar con regularidad”.
Según un joven aprendiz que prefirió mantener su anonimato, si bien la falta de pagos no es una constante para todos los aprendices si hay un porcentaje muy importante de jóvenes que siguen laborando y no se les ha pagado en casi dos meses.
Así mismo asegura que entre los grupos oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro, aumentan las denuncias de “desvinculaciones” de diferentes centros de trabajo que sin mediar con los aprendices los dan de baja en el programa y los dejan sin ingresos en medio de la pandemia.
Como esta denuncia que fue totalmente anónima, invitamos a los jóvenes aprendices a denunciar las irregularidades en pagos o desvinculaciones de manera totalmente anónima aquí.
En medio de la crisis económica, el gobierno federal está en serios aprietos: si quiere garantizar estos programas sociales, tendrá que aplicar un plan de “austeridad” mucho más fuerte con despidos y recortes a las dependencias estatales, lo que podría implicar nuevas luchas espontaneas contra estos recortes.
¿Qué hay detrás del programa?
El gobierno federal y algunos abogados laboralistas como Arturo Alcalde, aseguran que Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social que nada tiene que ver con la precarización laboral. Si nos abstrajéramos del panorama nacional y viéramos solo lo que oficialmente dice el programa, habría posibilidad de que esta afirmación pase desapercibida.
Pero esta afirmación necesita verse en medio de dos cuestiones fundamentales: en dónde se hacen estas capacitaciones y qué es lo que se hace en estas supuestas capacitaciones,
Según cifras del propio programa hay 631 mil 304 aprendices en todo el país, de los cuales 404 mil 306 son mujeres. Si bien el programa ofrece a pequeñas y medianas empresas registrarse como tutores, hay un importante número de aprendices en grandes empresas como Coca Cola y un abrumador número de jóvenes se encuentran en distintas dependencias de gobierno ¿por qué?
Otra de las principales promesas de campaña del gobierno federal fue terminar con los privilegios de altos funcionarios, jueces, diputados y senadores. Pero la realidad es que la “austeridad republicana” se transformó en despidos masivos en diversas dependencias estatales, no hay cifras oficiales de este recorte, pero hay aproximaciones de más de 230 mil despidos. ¿Cómo es que esto no impacto en el funcionamiento de estas dependencias?
Parece ser que el boquete fue cubierto por los jóvenes aprendices.
Ahora esta supuesta capacitación no es otra cosa que cumplir funciones de base. Si en las dependencias estatales hubiese sindicatos medianamente democráticos, estas deberían estar regidas por un manual de puestos, pero lo que aseguran los aprendices que escogieron capacitación es que la misma comprende de realizar actividades o funciones que hace el propio personal directamente contratado por las dependencias.
Es decir, por la vía de los hechos, los aprendices cumplen con los requisitos para comprobar que deberían ser contemplados como trabajadores y no como “aprendices”: van a un centro de trabajo para cumplir su jornada laboral y desempeñan funciones de base.
Es decir, si bien JCF es una de las “joyas” de programas sociales de la cuarta transformación, por el otro lado es casi una agencia de subcontratación en la que el gobierno cubre los despidos masivos con jóvenes que realizan las mismas funciones por un menor salario, la única diferencia es que en algunas dependencias salen una o dos horas antes.
En medio de la pandemia este sector que no es reconocido como trabajador, enfrenta “desvinculaciones” y falta de pago, pero ahora el monto de 3 mil 600 pesos al mes, se revela como un “apoyo” cada vez más acotado frente al alza de productos de la canasta básica en medio de la crisis económica internacional. | 
