Una vez más no se toma en cuenta la opinión de las y los trabajadores de la educación, los estudiantes y sus apoderados que hoy están siendo golpeados por las leyes adoptadas por el gobierno: suspensiones y despidos de miles de trabajadores a nivel nacional.
La aplicación de la prueba sería “reformulada” a modo de “diagnóstico”, sin que tenga consecuencias para los establecimientos. Lo mismo que dijo Marcela Cubillos el año pasado en medio de la revuelta cuando quería retomar la normalidad mediante la aplicación del Simce.
En normalidad este test es utilizado para clasificar a los colegios, lo realiza la Agencia de Calidad de la Educación y en algunos casos incluso puede significar el cierre de una unidad educativa.
El ministro Raúl Figueroa señalo en su Twitter “Ésta es una herramienta muy importante para conocer la realidad de los establecimientos, sobre todo en un período que ha sido altamente complejo para el sistema educativo. La información que arroja la prueba es valiosa y necesaria para el país, porque nos permite ir en ayuda de las escuelas que más requieren apoyo".
En otras de sus declaraciones habla de adecuaciones curriculares y de evaluaciones a final de año con fechas establecidas por la misma Agencia de Calidad de la Educación.
¿Puede una prueba estandarizada como el Simce analizar la realidad educativa de cada escuela?
¿Cuál es el verdadero trasfondo de aplicar esta prueba en plena crisis en el país?
¿Puede la agencia de calidad ayudarnos como trabajadores de la educación a retornar al aula mediante esta prueba?
El año pasado en medio de la revuelta los trabajadores del Mineduc rechazaron el Simce y llamaron a boicotearlo, finalmente tuvieron que posponerlo por las mismas manifestaciones a pesar que Marcela Cubillos quería realizarlo a toda costa. Ella y el actual ministro Figueroa comparten la misma obsesión por continuar con la aplicación del Simce, defender su modelo educativo basado en lógicas de competencia, incentivos y sanciones.
El Simce no es un instrumento pedagógico, mide la capacidad de memorización y aplicación del conocimiento. No es inclusiva, no esta adecuada para las necesidades educativas especiales y no consulta ni incluye la labor docente.
Hoy no existen las condiciones pedagógicas y técnicas para su rendición, los estudiantes jóvenes y niños están en una situación de mucho nerviosismo junto con todo su entorno familiar. Pero la insistencia por parte del gobierno de aplicar esta prueba no tiene fundamento pedagógico, sino económico.
El negocio del Simce
La educación de mercado es un pilar del modelo neoliberal en Chile, por lo tanto, todo esta regimentado en base a las ganancias millonarias que genera la Subvención Escolar Preferencial (SEP) a través de “mejoramiento de resultados del simce”.
El año 2008 durante el gobierno de Bachelet fueron beneficiados las Asistencias Técnica Educativa (ATE) empresas que ganan millones de pesos en asesorías y talleres de mejoramiento de resultados Simce.
También hay datos del año 2013 que dicen que 2 mil millones fueron destinados a ejecución y aplicación del Simce. Este año 135.721 millones de pesos fueron destinados para programas de mejoramiento en la “calidad de la educación”. El año pasado $550 millones destinados a revisión del Simce por la empresa Seleduc Ltda y así van sumando los millones que a desembolsado el estado en educación y que no ha mejorado en nada durante todos estos años.
El discurso de “calidad educativa” fue instaurado en dictadura a través de pruebas de evaluación externa que les permite generar una competencia por resultados y no incluye culturas ni necesidades educativas especiales.
En el año 1989 ya las escuelas municipales mostraban resultados muy desiguales con los colegios pagados y así se fue desarrollando el discurso de problemas de calidad en los colegios municipales.
El ministro Figueroa sigue firme sus principios defendiendo la aplicación del Simce en plena crisis sanitaria, defiende lo que en 1983 la dictadura de Pinochet a través de su Ministra de educación Mónica Madariaga instalo con fuerza en la educación: sanciones por bajos resultados y cierre de establecimientos.
Hoy mas que nunca es necesario que el colegio de profesores exija al gobierno la eliminación del Simce, es una demanda histórica de los profesores, estudiantes y apoderados poder poner fin a esta evaluación que no ha servido de ningún beneficio a la educación.
Tomemos ejemplo del SUTE Sindicato Único de trabajadores de la educación que en los 70 a través de lucha y organización logro parar la aplicación del “Test” de ese tiempo. La dictadura instaló nuevamente una prueba de evaluación que fue perfeccionada por 30 años por los gobiernos de la Concertación y la derecha, pero que la revolución pingüina el 2006, la lucha por la educación gratuita el 2011 y la revuelta del año pasado dejo en claro que no queremos que exista más la evaluación del Simce.
Además, los profesores debemos enfrentar los despidos que están afectando a las familias de los estudiantes, porque no podemos dejar la crisis sanitaria la paguen las y los trabajadores, queremos dar una salida a esta crisis organizándonos junto con apoderados y estudiantes para enfrentar esta pandemia, no para estar preocupados del rendir una prueba.
Terminar con la educación de mercado y con toda la inestabilidad impuesta en esta pandemia por el gobierno de Piñera deben ser las prioridades de los trabajadores de la educación, para que de una vez por todas dejen de existir leyes que favorezcan a los empresarios. | 
