El gobierno de Donald Trump aprovechó la crisis del COVID para introducir nuevas medidas contra las personas migrantes. La más sonada, la expulsión sumaria de los migrantes que sean detenidos en la frontera, sin derecho de solicitud de asilo, con el argumento racista de que “representan una amenaza a la salud pública”.
Esta medida fue establecida inicialmente el 21 de marzo y durante el mes de abril fue extendida mediante orden ejecutiva hasta el 20 de mayo. Pero autoridades migratorias afirmaron que se podría extender, incluso después de que se reduzcan las medidas de confinamiento en el vecino del norte.
Su cinismo no tiene límites: mientras Trump anuncia la reapertura de la economía poniendo en riesgo a millones de trabajadores, anuncian la continuidad de estas medidas “para proteger la salud pública”. Esta disposición fue acompañada de otras, como la suspensión sin fecha límite de los trámites para la regularización migratoria.
Aquí denunciamos el conjunto de las políticas antimigrantes de Trump, como la deportación -durante el primer trimestre del año- de más de 57 mil mexicanos, una cifra aún más alta que la del 2019, quienes en muchos casos reingresan al país por vía terrestre, en ciudades con alta cantidad de contagios, como Tijuana. O la situación terrible que se vive en los centros de detención, donde se detectaron numerosos casos de infección a partir de los custodios.
Migrantes, las personas más explotadas y oprimidas en EE. UU.
La Casa Blanca está utilizando la crisis pandémica para reforzar sus políticas xenófobas contra las personas migrantes; a la vez, y de cara a las próximas elecciones presidenciales de noviembre, busca afianzar su electorado con medidas que den respuesta a las expectativas de los sectores más reaccionarios de su base social.
El discurso del presidente estadounidense contra las y los trabajadores migrantes y sus familias se basa en una retórica de “protección del empleo”, responsabilizando de forma reaccionaria a la población migrante del aumento del desempleo y busca así dividir a la clase trabajadora estadounidense.
Pero los más de 30 millones de nuevos desempleados en EEUU son consecuencia directa de las políticas de los grandes empresarios, que despiden masivamente mientras fueron beneficiados por un salvataje multimillonario autorizado por Trump y los partidos demócrata y republicano.
Como plantea aquíJimena Vergara, de Left Voice, las y los migrantes son parte de quienes están en la primera linea, trabajando en el llamado sector esencial. Ellas y ellos -quienes no fueron beneficiados por las ayudas del gobierno ni tienen seguro médico, son obligados a continuar exponiéndose, sino quieren quedar desempleados. Además, gracias a las declaraciones xenófobas de Trump, son quienes enfrentan los ataques racistas de grupos supremacistas blancos en varios estados.
Es el caso de las y los jornaleros agrícolas que son forzados a ir a trabajar. O de los empacadores de carne -un 70% de los cuales son migrantes-, un sector que Trump ha presionado para que continue funcionando. En ambos sectores -donde proliferan las grandes empresas trasnacionales- ha habido numerosos casos de COVID y las condiciones de trabajo son deplorables en cuanto a seguridad e higiene. De conjunto, los migrantes enfrentan una situación de precarización laboral extrema. Mientras son víctimas del racismo, laboran en condiciones de extremo riesgo para su salud. Eso es lo que no dicen los capitalistas ni la Casa Blanca.
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El gobierno mexicano: cómplice del racista Trump
Andrés Manuel Lopez Obrador y su canciller Marcelo Ebrard no escatimaron elogios a Trump. “Amigo”, “persona solidaria”, “comprensivo”, son algunos de los adjetivos utilizados. Aceptaron las decenas de miles de deportaciones; una política criminal que expulsa a las personas migrantes de uno de los epicentros de la pandemia a sus comunidades de origen. Y además colaboraron activamente con la deportación de más de 15 mil migrantes centroamericanos, actuando junto a su Guardia Nacional como vigilantes fronterizos al servicio de Trump.
Nada dicen de la situación en la que enfrentan la pandemia los millones de migrantes mexicanos. Esto es consecuencia de su subordinación, en todos los niveles, al gobierno estadounidense. Esta subordinación se expresa también en la apresurada reapertura económica que están instrumentando las autoridades mexicanas, y que pone en riesgo a millones de trabajadores de la industria y los servicios, y sus familias.
Las personas migrantes son uno de los sectores más explotados y oprimidos de la clase trabajadora, de lo cual se aprovechan los capitalistas y sus gobiernos.
La política antimigrante y las restricciones impulsadas por Trump están al servicio de tener un amplio sector precarizado y sin derechos, con salarios miserables, en beneficio de los empresarios. Lo cual permite de igual forma aumentar la precarización laboral y mantener a raya los salarios y las conquistas laborales de los demás sectores de la clase trabajadora.
Ante eso, es fundamental defender los derechos de las y los migrantes mexicanos, centroamericanos y caribeños contra los ataques racistas y xenófobos y pelear contra la precarización laboral que enfrentan. A la par, luchar contra la opresión imperialista de Estados Unidos contra México y contra la subordinación del gobierno mexicano a la Casa Blanca.
Eso es una tarea que deben tomar en sus manos las organizaciones sindicales y de izquierda de ambos lados de la frontera, para soldar una poderosa unidad contra los capitalistas y sus gobiernos. Por alto a las deportaciones, plenos derechos civiles y políticos para todas y todos los migrantes, y acceso a la salud publica y gratuita. Esa es la perspectiva internacionalista y antiimperialista que levantamos, a ambos lados de la frontera, Left Voice de Estados Unidos y el Movimiento de los Trabajadores Socialistas de México.
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