Ayer, la Sala Constitucional IV del departamento de La Paz falló en contra del polémico comunicado de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Recordemos que el mismo determinaba que a partir del mes de junio, los prestatarios deberían empezar a pagar sus créditos en conformidad a su plan de pagos.
Dicho comunicado, pasó por alto, que, durante los meses de abril y mayo, la población no tuvo la oportunidad de trabajar debido a la prolongación de la cuarentena. Situación que hace que las y los trabajadores y varios sectores económicos de nuestro país, caracterizados por la informalidad, la flexibilización y precariedad laboral, se enfrenten a un escenario muy crítico una vez se levanten las restricciones de circulación y trabajo.
Ante la incertidumbre que causó el mencionado comunicado de la ASFI, acompañado de su repudio generalizado en redes sociales, la Confederación de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), planteó una “Acción de Cumplimiento”, mediante la cual pidió a la justicia que obligue a la ASFI a cumplir la Ley 1294 que dispone la congelación de créditos por el tiempo que dure la emergencia sanitaria y hasta 6 meses más.
En otras palabras, la ASFI y los bancos deben respetar el plazo de 6 meses a partir del levantamiento de la cuarentena, para el pago de las cuotas diferidas. Usted no está obligado a pagar su crédito en junio.
Es importante aclarar que este plazo establecido en la norma, solo posterga el pago de las cuotas, lo que significa que las mismas no se condonarán, ya que los prestatarios tendrán que pagarlas en algún momento. No obstante, éste es un pequeño respiro ante la asfixia económica por la que están atravesando las y los trabajadores bajo la excusa de la crisis sanitaria.
Esta semana la incertidumbre generada por el tan cuestionado comunicado de la ASFI, tuvo un cambio cualitativo, ya que varios sectores empezaron a manifestarse en su contra, tal es así, que inclusive se incluyó el pedido de aplicación del diferimiento de pagos conforme a ley, entre las demandas de la movilización que ya lleva tres días en la localidad de K’ara K’ara-Cochabamba. De igual forma, se adhirieron a este pedido la Confederación de Transporte Urbano, la Confederación de Microempresarios y otros. Crearon así otro conflicto más para el régimen de Áñez, que se vio involucrado estas últimas semanas en graves escándalos de corrupción, narcotráfico y uso indebido de bienes del Estado, cuestionado también por las medidas atentatorias a las libertades democráticas que adoptó para perseguir a sus detractores.
Si bien el intento de favorecer los intereses de la banca por parte del Gobierno de Áñez, resultó fallido, debemos considerar que el Movimiento al Socialismo (MAS), con los dos tercios que poseé en la Asamblea Legislativa Plurinacional, podría imponer leyes más beneficios para los sectores populares, como la creación de un impuesto a las grandes ganancias, para que la crisis la paguen los ricos. En lugar de ello prefiere mantener el “status quo” dejando vía libre para que el Gobierno patronal de Áñez cargue en las espaldas de los trabajadores los efectos de la paralización económica de nuestro país.
Esta sentencia constitucional que obliga a la ASFI y a los bancos a respetar la suspensión de pagos de créditos y deudas debe ser el primer paso en la lucha por la condonación de todas las deudas de los pequeños y medianos prestatarios. Es por ello que es de vital importancia para las y los trabajadores empezar a discutir cómo impulsar la organización para luchar por la recuperación de nuestras organizaciones sindicales para pelear por una salida que no signifique solo un momentáneo paliativo.
Debemos pelear por la condonación de todas las deudas de los pequeños y medianos prestatarios. Sin embargo, ante la magnitud de la crisis económica en marcha esto solo no va a ser suficiente. Frente a ello también debemos exigir la nacionalización de todo el sistema bancario y la creación de una banca estatal única controlada por sus trabajadores y trabajadoras para de esta manera poder dar créditos baratos a los y las pequeños productores, artesanos, constructores, agricultores, etc. Porque esta vez debemos organizarnos para exigir que la crisis la paguen los ricos y no el pueblo trabajador. | 
