Hace poco se dieron motines en algunas cárceles de alta concentración de reos, así como diversas protestas en casi todas las prisiones del país. Esto fue motivado por la propagación masiva del Covid-19 entre la población carcelaria.

En lo que va de la cuarentena se han producido cuatro motines, en los establecimientos penitenciarios de Piura, Lambayeque, Lima y Trujillo. Más de 30 reclusos han muerto a manos del accionar policial en estos motines. La principal motivación que llevo al desencadenamiento de estos hechos, tiene que ver con la situación que viven muchos de los reos que se encuentran contagiados con el Covid-19, ya que su situación es bastante crítica, porque no reciben atención medica ni medicamentos necesarios para combatir este virus.

Frente a ello, el presidente Vizcarra ha sido enfático en señalar que “No abriremos la cárcel para que salgan criminales, violadores o feminicidas, eso no lo vamos a permitir. Saldrán quienes merezcan salir, quienes tengan una pena de 1 o 2 meses, mujeres embarazadas, pero de ninguna manera permitiremos que salgan criminales”. Sin embargo, el mandatario calla en todos los idiomas cuando personajes como Keyko Fujimori o Susana Villarán – de abierta y comprobada vinculación a las mafias empresariales de la construcción – son liberadas de sus respectivas prisiones.

Lo cierto es que la situación en los penales es lamentable, la misma que ha sido potenciada y puesta en evidencia a raíz de la propagación del Covid-19. Para tener una idea más objetiva de ello, desde La Izquierda Diario Perú, hicimos una breve investigación periodística que nos arrojó algunos datos que mostramos a continuación.

Los niveles de hacinamiento en las cárceles peruanas son altísimos, por eso, en las 68 prisiones que existen en todo el país, se albergan a más de 97.600 presos cuando la capacidad de estos centros penitenciarios es para apenas 40.600 personas.
Del total de las y los reos, solo el 60% cuenta con sentencia, mientras que el otro 40% aún no son procesados y no existe sentencia alguna, sin embargo, se mantienen encarcelados. La cantidad de internos procesados y sentenciados por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar es de 2.821, que representa una población del 3%.

La población de internos mayores de 60 años, es de 6.761, representando así el 5.9% del total de la población penitenciaria. Muchos de estos adultos mayores padecen enfermedades crónicas como cáncer, diabetes, asma, etc., lo cual los convierte en población altamente vulnerable frente al contagio del Covid-19.

Según estimaciones del Ministerio de Salud, el número de internos con tuberculosis es de 2.228 contagiados. A estas cifras se suman ahora los infectados del Covid-19, siendo uno de cada cuatro presos los que se encuentren enfermos con este virus.
Frente a esta dura problemática, el Ministerio de Salud (MINSA) solo brindo 1000 pruebas rápidas para que se les realicen a personal del Instituto Nacional Penitenciario INPE y a reos de diferentes cárceles a nivel nacional. Además de ello, a los presos se les han restringido las visitas, por eso los familiares denunciaron que no los dejan entregar medicamentos, útiles de aseo y comida. Los familiares también han denunciado que los reos no cuentan con elementos de seguridad como mascarillas, guantes y alcohol, lo cual hace que la propagación del virus sea más rápida entre la población carcelaria.

Para entender mejor el papel de las cárceles en la sociedad capitalista, a continuación, reproducimos parte del artículo de Daniel Satur y Eyelen Day, el cual fue publicado en La Izquierda Diario Argentina, bajo el título: “La pandemia de los “motines” (o la cárcel como fatal caja de resonancia social)”.

¿Para qué sirven las cárceles?

Vale preguntarse entonces para qué sirven las cárceles. En el pensamiento jurídico se fueron conformando distintas teorías. Hay quienes se inclinan por identificarlas directamente como retribución e intento de resocialización del sujeto penado. Es la posición unánime plasmada hoy en tratados y jurisprudencia internacional.

Por ejemplo, en las reglas mínimas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el tratamiento de los reclusos se establece que la privación de la libertad de las personas es para “proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia” y que eso se puede lograr si se aprovecha el cumplimiento de la pena en la cárcel “para lograr la reinserción de los reclusos en la sociedad para que puedan vivir de acuerdo con la ley y mantenerse con su trabajo luego de su liberación. Por eso, las cárceles deben ofrecer educación, formación profesional y trabajo. También deben ofrecer otras formas de asistencia, como la asistencia recuperativa, moral, espiritual, social y la asistencia basada en la salud y el deporte”.

Otra posición teórica sobre la finalidad de la pena y la cárcel es la que las define como método institucional de castigo. Y no faltan quienes las piensan como recursos válidos para incapacitar a una persona considerada un “peligro” para la sociedad.
Pero otra será la respuesta si se considera que gran parte de los “delitos” o “crímenes” que hoy se castigan con pena y cárcel (en algunos países como Estado Unidos, incluso, con la muerte) son categorizados como tales en función del sistema de explotación y dominación capitalista.

De allí, entonces, que gran parte de las personas apresadas por ese sistema pertenezcan a las clases explotadas y oprimidas, quienes caen en las mazmorras de un régimen político-social depredador, con pocos recursos y conocimientos para conseguir defensas que puedan “salvarlas”.

Huelga decir que hay un universo muy grande de crímenes ejecutados por el poder económico, político y policial cuyos autores no irán jamás presos, porque la legalidad burguesa no los perseguirá con toda la fuerza de su aparato coercitivo. Es el caso de empresarios que despiden saltándose prohibiciones legales; ricos que fugan capitales vía empresas fantasmas en paraísos fiscales; funcionarios que toman deuda pública sin respetar requisitos legales, consuman negocios privados y dejan al país peor de lo que estaba; o patrones que descuentan aportes del sueldo obrero, pero no los aportan al fisco. Para ellos (y tantos más) no está destinada la cárcel.

Y también está ese otro universo, el del crimen organizado, cuyos gerentes están absolutamente protegidos por el propio Estado. Mientras miles van presos por el “narcomenudeo” o el consumo personal de drogas, los grandes narcos están a salvo. Si algún jefe mafioso va preso es porque algo falló en el sistema y el sacrificio del caído en desgracia operará para salvar al sistema en su conjunto. Lo mismo con delitos como la trata, el juego clandestino o la prostitución organizada.

El delito de no pensar otra sociedad

En nuestras sociedades la existencia de las cárceles parece algo tan natural que es muy difícil imaginar la vida social sin ellas, aún frente a la evidencia de que cada reforma de las leyes y cada política aplicada en la materia no morigera la cantidad de delitos.

El sistema penal, definitivamente, no sirve para ninguno de los propósitos que se le asigna en la letra de las constituciones y en los tratados internacionales. Lo único que avanza es la degradación de la vida de franjas cada vez más grandes de la sociedad con la excusa de preservar la vida y la seguridad de las otras franjas.
Lejos de pensar en lo conveniente de una mayor represión y tortura a quienes reclaman derechos elementales en los penales, la clase trabajadora y los sectores populares (muchos de cuyos hijos son parte de esas poblaciones carcelarias) deben tomar en sus manos la denuncia de esta situación, exigiendo que cuanto antes se garanticen los derechos humanos de todos y todas las personas detenidas.
Empezando por comida, infraestructura, salud, educación y trabajo. Porque la prisión es, según todos los libros de derecho, la privación de la libertad ambulatoria y no otra cosa.

Siguiendo por resolver urgentes situaciones procesales irregulares y totalmente represivas sobre miles de personas que deberían estar libres. No puede ser natural que un 70 % u 80 % de la población carcelaria pase años tras las rejas siendo inocente, porque no se ha demostrado lo contrario, y termine recibiendo penas menores al tiempo transcurrido en la cárcel e incluso absuelta.

Y continuando con un debate en serio sobre qué son las cárceles, para qué sirven y qué responsabilidad les cabe a todos los gobiernos y sus funcionarios en haber calentado a fuego lento esta verdadera olla a presión que la pandemia sólo vino a recalentar.

El “problema” de las cárceles que hoy estalla en todo el mundo no puede pensarse separado del “problema” del sistema social que genera las desigualdades, la miseria extrema, el hambre y la precarización de la vida de millones de seres humanos. Pensar en soluciones al complejo contexto de los lugares de encierro penal no puede disociarse de un pensamiento profundo sobre cómo terminamos con los delitos, esos hechos categorizados, tipificados y penalizados por el mismo sistema que los crea y reproduce.