Una fábrica textil autorizada a comenzar con las actividades, fue suspendida luego de comprobarse que no cumplía con el protocolo aprobado. Delegados textiles y metalúrgicos reclaman problemas en los protocolos aprobados por el Gobierno a las apuradas por presión de las patronales. Denuncian falta de control. Nuevamente los empresarios se imponen por sobre el beneficio de toda la población.
Hace una semana, parte de las industrias textiles y metalúrgicas de Tierra del Fuego comenzaron a producir. Para el inicio de las actividades, en el marco de la actual pandemia, debían tener aprobados los protocolos sanitarios que garantizasen el estado de salud de sus trabajadores. Sin embargo, este miércoles el mismo Gobierno suspendió el permiso que había otorgado a la firma Australtex ante el incumplimiento de los protocolos.
El apuro por la reactivación industrial está más cerca de una nueva presión de los empresarios sobre el gobernador Melella, que de una necesidad económica de la provincia, y sobre todo, de un cuidado de la población y de los trabajadores en particular. Sin ir más lejos, Ushuaia comenzó las actividades casi en la misma fecha que Río Grande, sin considerarse el elevado nivel de contagio de la capital fueguina.
Delegados, tanto de las empresas textiles como de las metalúrgicas, cuestionaron los protocolos –aun no publicados y resguardados por los empresarios- porque no garantizan la salud de los trabajadores; y el control que el Estado hace de los mismos es, por lo menos, deficiente.
Jorge Ramos, delegado de Australtex confirmó que ya venían denunciando que la empresa había empezado a producir, pero que no estaba cumpliendo con los protocolos, lo que se confirmó días después por la inspección del Ministerio de Trabajo. “La primera vez que se hizo recorrido de la planta no nos citaron. Se suponía que estaba todo bien, pero el martes se hizo una nueva inspección y ahí se pudieron ver varios problemas”.
El delegado aclaró que ellos no estaban buscando que cierren la planta “Pero queremos cuidar a los compañeros. Todos vieron los problemas que hubo cuando tomaron la temperatura, que daba 20 o 22 grados, y después para que les diera mejor los resultados te pegaban “la pistola” en el cuello; querían adecuar la temperatura del cuerpo a lo que dice el protocolo”.
Esta semana los delegados pudieron recorrer la planta. “Vimos que había gente trabajando; son los supervisores, aunque están haciendo el trabajo de operarios. Pudimos comprobar que faltaban muchas cosas, como vasos descartables en los dispenser, ¿esas personas están todo el turno sin tomar agua? El área donde se higienizan los trabajadores de mantenimiento es impresentable”.
“Nosotros los delegados podemos ver las fallas que hay porque somos los que estamos siempre ahí, en el puesto de trabajo. No entendemos por qué primero le aprobaron el protocolo y ahora surge que hay que hacer modificaciones cuando ya hay gente trabajando”.
La convocatoria a trabajar también formó parte de las desprolijidades; en vez de mandarles un telegrama con 48 horas de anticipación, se los convocó dos horas antes por teléfono o incluso por WhatsApp.
“No entendemos esta situación, nosotros no queremos desprestigiar a nadie, pero sabemos que es muy grave. Nosotros venimos reclamando capacitación y también que nos den el protocolo, pero no tenemos acceso aunque debería ser público. ¿Qué seriedad tiene esto si se aprueba el protocolo y hay tantos errores?”.
Una zona de grises
En el sector de la industria metalúrgica la situación no es mucho más alentadora. El protocolo armado por la provincia establece grupos de riesgo más acotados que Nación, como por ejemplo diferenciar diabéticos de insulinodependientes. Además, no queda establecido que en el caso de los cuidados para los hijos a cargo en periodo escolar, se debe pagar la licencia, o el caso de las mujeres en periodo de lactancia, que no quedaron dentro de los exceptuados de ir a trabajar, pero tampoco se hizo la adecuación de los lactarios.
Entre muchos “grises” que mencionan los delegados se encuentran serias discrepancias acerca del aislamiento preventivo de los operarios. Es el caso de BGH por ejemplo, empresa a la que el cuerpo de delegados le presentó una nota denunciando que se obligó a que un operario trabaje mientras tendría que estar en aislamiento porque su hijo llegó del exterior y comparten los mismos espacios dentro de su casa.
Comenzó la actividad industrial con permisos de circulación con domicilios desactualizados y las declaraciones juradas que debían hacer los trabajadores indicando factores de riesgo, no solo no fueron realizadas ni presentadas en tiempo y forma, sino que no fueron debidamente evaluadas, por lo que aún siguen apareciendo nuevos casos de trabajadores que se enteran por los comentarios o noticias que no deberían estar trabajando.
Pero los únicos perjudicados no son los metalúrgicos. El personal tercerizado, como es el de limpieza, en algunas fábricas trabajó durante toda la cuarentena con jornada completa y aún siguen en las mismas condiciones. A esto se suma que el Gobierno prohibió los comedores, pero en lugar de “exigir”, solo “recomendó” a los empresarios que le den una vianda a la salida de la jornada laboral.
Pisando fuerte
La presión de los empresarios para comenzar a producir no es desconocida para el Gobierno ni para los trabajadores. La pandemia fue aprovechada para recortar el sueldo de los obreros con el aval del Gobierno, sin tener en cuenta el impacto negativo en los bolsillos ya devaluados, el derrame social que implica los salarios de los metalúrgicos en la economía local; así como el enorme capital ganado por el sector empresarial, teniendo en cuenta que la mano de obra es menos del 5 por ciento del precio en góndola de los productos.
La mayoría de los empresarios accedieron a los montos establecidos por los ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción); montos que van desde los 18 mil hasta los 34 mil pesos aproximadamente, lo que significa hasta el 83 por ciento de la remuneración bruta; el equivalente mínimo al 50 por ciento de los sueldos, y a la vez la exención del 95 por ciento de las cargas patronales, dejando a las familias con obra social privada a tener que pagar el adicional del 3 por ciento de su propio bolsillo.
La solución del gobierno nacional fue una ayuda de neto corte empresarial
Desde el Frente de Izquierda, venimos proponiendo que las y los trabajadores se organicen en comisiones de seguridad e higiene para que no se ponga en riesgo su salud y la de sus familias. También, como lo sostuvo Nicolás Del Caño el miércoles en el Congreso Nacional, es urgente que se trate el proyecto de un impuesto excepcional del 3 por ciento a las grandes fortunas del país, lo que permitiría poder abonar un salario de cuarentena de 30 mil pesos para todos los trabajadores y trabajadoras. Este proyecto que tanto el peronismo, como Juntos por el Cambio se negaron a tratar, permitiría que el pueblo trabajador no tenga que exponerse al contagio, por la desidia de empresarios y gobiernos.
Contra los constantes ataques al conjunto de los derechos laborales, recortes, pago de salarios en cuotas, suspensiones y despidos, hoy se movilizaron en todo el país precarizados y precarizadas que ya venían luchando de manera aislada contra los atropellos de las patronales. En esta jornada, organizados en una Red Nacional, dieron un primer paso para luchar y defender sus derechos. Para que la crisis no la terminen pagando las y los mismos de siempre.
