La familia Blaquier posee una fortuna de 550 millones de dólares, nunca dejó de producir durante la pandemia y, por si fuera poco, recortó el 30% de salarios a papeleros y les niega paritarias a los azucareros. Sin embargo, ¿por qué el gobierno nacional tiene que asistir al grupo Ledesma pagando parte de los salarios y rebajando los aportes patronales al ANSES?
La empresa fue beneficiada por el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) que lanzó el gobierno nacional para patronales que no son consideradas esenciales y/o tienen un gran perjuicio en su actividad producto de la pandemia. Dicha situación no resulta aplicable a Ledesma que se encuentra produciendo y vendiendo con total normalidad durante toda la cuarentena, incluso con subas del precio del azúcar del 132% en un año, ¿por qué entonces el Gobierno Nacional tiene que subsidiar a Blaquier?
Durante esta semana los trabajadores dependientes de Ledesma SAAI se ilusionaron en que recibirían un plus en sus magros salarios. Sin embargo, el día de hoy en sus cuentas sueldo encontraron un depósito que corresponde al "ATP-Aporte del Gobierno Nacional" cubriendo prácticamente la totalidad de la quincena. Además entre los beneficios que recibe la empresa se encuentra una reducción de hasta un 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.
Cuando consultaron se les aclaró que sus salarios se mantienen igual y que el Estado está cubriendo el 50% de una parte de los trabajadores. La empresa venía negociando percibir el ATP desde hace un mes, ya que al firmar el recorte del salario en un 30% de papeleros, se cuidó de estampar una cláusula que establecía "en el caso de que se declare aplicable en algún momento el programa denominado Asignación Complementaria al salario...el importe a cargo del empleador se reducirá en idéntica cuantía a la del pago que efectúe la Anses o el Ministerio de Trabajo". Que adivinos ¿no?
El decreto 332/2020 firmado por Alberto Fernández establece explícitamente en su art. 4° que se encuentran excluidas las empresas que realizan actividades declaradas esenciales en la emergencia sanitaria. Sin embargo, la excepción a dicho artículo refiere a circunstancias especiales que hayan impactado negativamente sobre el desarrollo de una actividad y crea el "COMITÉ DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN" encargado de elaborar un dictamen fundamentado en criterios técnicos. Al día de la fecha ningún dictamen fue publicado, pero ello no impidió que el Jefe de Gabinete -Santiago Cafiero- amplíe el listado de actividades y servicios exceptuados, por lo tanto ampliar las empresas que perciben esos beneficios.
Esta política de destinar el gasto público para beneficiar a las grandes empresas es lo que ha guiado al Gobierno Nacional los últimos meses. En este sentido la economista Agostina Constantino recopiló anuncios mediáticos –a falta de información oficial- e indica que el 72% del gasto público por la cuarentena se destina a las empresas sin considerar las facilidades fiscales.
Esta falta de información se constata con la ausencia de un informe contable que explique la supuesta crisis económica de la empresa, sin embargo, cualquier empresario puede conocer a libro abierto los míseros sueldos de los obreros; pero cuando el pueblo pretende conocer la ganancia de las patronales estas mantienen sus libros contables cerrados bajo cuatro llaves.
La patronal de los Blaquier que mejoró sus ganancias operativas un 128% el año pasado, fue y sigue siendo, una empresa consentida por todos los gobiernos tanto nacionales como provinciales. El macrismo los benefició con la quita de las retenciones a las exportaciones y una suba del reintegro de los derechos de exportación al 5 %, así como el acuerdo que firmó Gerardo Morales con Macri en 2017que implicó una reducción de la alícuota de los ingresos brutos del 3,5 % a 0,75 %. Años anteriores durante el gobierno de Cristina Fernández fue favorecido con el reparto de la cuota interna anual de bioetanol, así como durante los años 2006-2012 la eximieron del pago de los impuestos a las ganancias.
Como afirmó Alejandro Vilca, diputado del PTS- FIT en la provincia de Jujuy, “La UCR y el PJ no quieren tocar un peso de los millonarios que pactaron con la CGT bajas salariales” y lo mismo ocurre a nivel nacional, desde el Frente de Izquierda fueron los únicos consecuentes que presentaron un proyecto de impuestos a las grandes fortunas. En el caso de la familia Blaquier que posee una fortuna de 550 millones de dólares según la Revista Forbes debería ser alcanzado por este impuesto, con el cual se podrían financiar partidas específicas de salud en pandemia, salarios de cuarentena de 30 mil pesos y la construcción de viviendas sociales. Que el proyecto de impuestos a las fortunas presentado por Nicolás Del Caño y Romina Del Plá no se haya siquiera ingresado al tratamiento en la sesión del Congreso es por decisión del bloque de diputados del Frente de Todos y de Cambiemos. Un derrotero muy veloz del Gobierno Nacional que en el transcurso de días pasó de agitar el impuesto a las fortunas a subsidiarlas.
