Una vez más recibimos denuncias acerca del comportamiento de las grandes prepagas durante la pandemia, en este caso una trabajadora de una de las clínicas pertenecientes al Grupo Omint.
Omint es un grupo empresarial que cuenta con un servicio de medicina prepaga, lujosas clínicas, asistencia al viajero, ART y seguros personales, cuenta con más de 500.000 clientes en Argentina y pertenece a la familia Villa Larroudet (que además cuenta con negocios inmobiliarios y agropecuarios), sin embargo, fue una de las empresas que solicitó subsidios al Gobierno Nacional. Adujeron una perdida en la facturación a raíz de la pandemia, cuando durante el año 2019 aumentaron sus cuotas al entre un 60% y 67%, superando la inflación, además de no presentar ningún balance público que pueda demostrar la crisis que plantea este grupo empresarial.
En su testimonio la trabajadora manifiesta que desde que comenzó la pandemia los ella junto a sus compañeros de la clínica se encuentran en una lucha constante para conseguir elementos de protección personal acordes: “tuvimos que reclamarle a la empresa los barbijos N°95. Al principio nos proveyeron 1 o 2, pero después los sacaron directamente alegando que eran de alto costo. Ahora estamos trabajando con los barbijos quirúrgicos que nos dan según las horas de trabajo, por lo general 2 por turno”. El problema es que “ese barbijo no nos llega a proteger lo que realmente necesitamos”. La respuesta que obtiene de la empresa es que “ellos siempre terminan exponiendo el tema económico y termina prevaleciendo el factor económico por sobre el sanitario”. Lo mismo pasa con los camisolines que les proveen.
Además cuenta que son las y los profesionales de la salud los que están constantemente investigando acerca de las medidas infectológicas más allá de las recomendaciones que realizan desde la institución, y que no solo deben velar por su seguridad sino también por la seguridad de los compañeros que pertenecen al equipo de limpieza, dado que no cuentan con los elementos necesarios ni la información correspondiente ya que a veces ingresan a un lugar donde hubo un caso de Covid positivo, sin haber sido informados previamente.
Agrega además que luego de un caso confirmado, fueron las y los trabajadores quienes comenzaron a comunicarse entre ellos dado que desde las jefaturas no lo habían confirmado y ante el reclamo del personal que había mantenido contacto estrecho les respondieron que “no iban a ser exudados de ninguna manera y que estaban protegidos porque habían ingresado con el barbijo”.
Desde que comenzó la pandemia las y los trabajadores de la salud reclaman que, tanto en hospitales públicos como en las lujosas clínicas privadas, las direcciones no aseguran el testeo y niegan los aislamientos. No es casual que desde hace varias semanas contemos con el triste record de ser el país con mayor cantidad de trabajadores de la salud contagiados gracias a la desidia de las direcciones y grandes patronales.
La trabajadora también denuncia que el último sueldo lo cobro en dos partes, mientras la empresa se encuentra a la espera del subsidio por parte del Gobierno Nacional. En ese contexto es importante la complicidad del Sindicato de Sanidad conducido por Hector Daer, que lejos de ponerse a la cabeza de los reclamos de las y los trabajadores, permite que las grandes empresas puedan avasallar sus derechos.
Los trabajadores de la salud, tanto en el sector público como privado, se encuentran en primera línea de atención, merecen condiciones dignas de trabajo y salario. La salud debe ser un derecho, y no el objeto de lucro de unos pocos empresarios. Es urgente la unificación de los recursos públicos y privados bajo la órbita estatal y un impuesto a las grandes fortunas para enfrentar esta pandemia y para brindar una salud de calidad tanto para los pacientes como para los trabajadores. | 
