A más de un año y medio de su sanción, y en medio de una polémica que atraviesa al peronismo tucumano, la legislatura local se encaminaría finalmente a debatir en el recinto la ley Micaela. Tres proyectos en debate y una misma estrategia: derechizar todo lo posible los reclamos de las mujeres.
Micaela García, una joven entrerriana militante del Movimiento Evita, murió en 2016 víctima de femicidio. Su violación y posterior asesinato reimpulsó el reclamo por Ni Una Menos, con miles de jóvenes que salieron a las calles, en todo el país, para reclamar justicia. Su mamá y su papá promovieron en ese marco un proyecto de ley, que proponía la capacitación obligatoria en el abordaje de las problemáticas de género para los tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Recién en diciembre de 2018, ya entrando al año electoral, el gobierno de Mauricio Macri agilizó su tratamiento en el Congreso. La indignación por el fallo de la justicia marplatense, que dejó sin condena a los acusados de la violación y el femicidio de Lucía Pérez, así como la enorme repercusión que tuvo la denuncia de Thelma Fardín contra el actor Juan Darthes, obligaron en esos días a promover su sanción en sesiones extraordinarias, en un intento por contener la bronca que, nuevamente, venía de las calles.
En enero de 2019 la ley fue reglamentada, y para marzo de ese año casi todas las provincias habían adherido, excepto Tucumán. Aunque el proyecto fue llevado al recinto provincial, el lobby de las Iglesias y de los sectores más reaccionarios, tanto al interior de Cambiemos, como del bussismo y el PJ, impidió que la capacitación se convierta en ley.
Sin embargo, en medio del agravamiento de la violencia contra las mujeres, así como de las tensiones dentro del propio peronismo, la ley volvió a ponerse en estos días en el temario local. La iniciativa la tuvieron el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el jefe del bloque Justicialista por Tucumán, Roque Tobías Álvarez. Y fue luego de que el gobernador Juan Manzur, con quien ahora se encuentran enemistados, decretara la postergada atención a las víctimas de violencia, adelantándose así al debate que estaba previsto en el recinto tucumano.
La maniobra del ex ministro de salud de Cristina Fernández de Kirchner; tensionó los vínculos dentro del PJ e indignó a legisladores del oficialismo y de la oposición por igual. En respuesta a esa “desautorización” del gobernador, que anunció la medida por los medios, Tobías Álvarez hizo reserva del proyecto de adhesión a la Ley Micaela. Nadie, absolutamente nadie, excepto el Frente de Izquierda y el movimiento de mujeres, cuestionó la demagogia del anuncio de Manzur, que decretó que la emergencia no supere los $4.500 de asistencia a las víctimas de violencia.
Sin dudas, como señala Alejandra Arreguez, dirigente de la agrupación Pan y Rosas y el PTS en el Frente de Izquierda local, el régimen político tucumano atrasa más de cien años. El debate de estos días sobre la ley Micaela, lo confirma. Ante el anuncio del tratamiento, que se esperaba para el jueves pasado, desfilaron por la legislatura decenas de proyectos y firmas que proponen limitar su aplicación, e incorporar artículos como el de “objeción de conciencia” y la capacitación a cargo de organismos privados (como bien podrían ser, entre otras, las ONG’ vinculadas a las cúpulas rekigiosas, que ya tienen peso en la educación sexual).
Los legisladores de Fuerza Republicana, el partido que conduce el hijo del genocida Bussi, firmaron de hecho un proyecto alternativo, ya que aseguran que “se está intentando meter por la ventana” la adhesión a una Ley que “prioriza el adoctrinamiento ideológico por sobre la real protección a las mujeres". "No conozco asesinatos por su condición de mujer. Conozco hombres que han asesinado mujeres por celos, envidia, drogas", afirmó de hecho Bussi, en conversación con FutuRock.
Raúl Albarracín, aliado para este proyecto, propuso además además una “cláusula de consciencia”. “La Ley Micaela busca el enfrentamiento o la dialéctica entre el varón y la mujer, cuando debemos buscar la protección de la mujer, y no este odio entre varón y mujer”, sostuvo, y aunque pueda parecer un comentario marginal, añejo o inocuo, no lo es.
Ante el último anuncio de Alberto Fernández, confirmando (otra vez) que enviaría un proyecto propio -alternativo al de la Campaña por el Derecho al aborto-, para su debate en el Congreso, las declaraciones de estos sectores, así como los límites promovidos por Manzur, el vicegobernador Jaldo y el resto del peronismo, no pueden dejar de interpretarse como parte de la estrategia que llevarán estos sectores, de abrirse el debate, a la Cámara de Diputados.
“El peronismo está en el gobierno, pero la Iglesia está en el poder”
“Todas las medidas que las mujeres y disidencias conquistamos con nuestra lucha, en Tucumán se someten siempre a un desfile de funcionarios y legisladores que debaten a favor y en contra de nuestros derechos, o que directamente garantizan que no se implementan”, dice Alejandra Arreguez.
La referente del movimiento de mujeres, que fue parte activa de la campaña por la absolución de la joven Belén -encarcelada injustamente-, así como de la denuncia por las torturas a las que fue sometida una niña de 11 años violada y embarazada, sin poder acceder al derecho a la ILE, sostiene que “desde el punto de vista de las conclusiones, en el movimiento de mujeres de Tucumán, tenemos algo muy en claro: sabemos que en la provincia el peronismo está en el gobierno, pero la Iglesia está en el poder”. “Al margen del bloque político, todos terminan coincidiendo, siempre, en dar a lo más rancio de las Iglesias el poder de tomar las decisiones que hacen a las políticas públicas”, agrega.
La foto de Juan Manzur en 2018, junto a referentes de las Iglesias y de todas las fuerzas mayoritarias, marchando con sus pañuelos celestes por las calles de Tucumán, tras declararla “provida”, fue otra muestra de ese pacto oscurantista y feudal con el que siguen sometiendo la libertad de las mujeres. “Con mucha indignación, estamos viendo ahora que este debate sólo sirve para fortalecer, de nuevo, a estos sectores”, dice Alejandra, y advierte que “lo otro que muestra todo esto, sin embargo, es la fuerza de nuestros reclamos. En la provincia de Manzur y de las cúpulas de las Iglesias, las mujeres seguimos organizadas y seguimos demostrando que podemos dar vuelta la agenda”.
La interna peronista y los derechos de las mujeres
El mapa del peronismo y del régimen tucumano es complejo pero lo que más subraya Alejandra es que siempre, “a pesar de sus internas”, los partidos mayoritarios terminan confluyendo en medidas que cercenan los derechos más elementales.
El caso de la aplicación de la Ley Micaela es, lamentablemente, sólo un ejemplo. Tanto Cambiemos, que tiene entre sus referentes a la polémica ex senadora Silvia Elías de Pérez, como la fuerza que lidera el hijo del genocida Ricardo Bussi, que en estos días salió a comparar la ley con la “ideología feminista”, al feminismo con la gestapo y a los femicidios con homicidios, tienen su representación en la legislatura. Y a la hora de legislar, confluyen y concuerdan -todes- en lo elemental. Eso también explica porqué se postergó nuevamente el tratamiento del proyecto para el jueves que viene, según habrían confirmado tanto Jaldo como Manzur al papá de Micaela.
Las tensiones, de momento, se mantienen, y este sábado hubo novedades que muestran que para oficialistas y opositores, las prioridades siguen siendo otras. ¿Los ejemplos? El video que “se filtró” en las redes del vicegobernador Jaldo, despotricando frente a un público evangelista contra “la ideología de género”, como si se estuviera hablando de otra cosa que no fueran los derechos de las mujeres y personas LGTTB. ¿Más ejemplos? El bussismo y un sector de “Vamos Tucumán” anticipando que asistirán el jueves al recinto pero con un dictamen propio, que dividiría los votos.
La violencia en el marco de la pandemia, mientras tanto, crece y se profundiza. Pero ningún gobierno, ni el nacional ni el provincial, tiene en su perspectiva dar una respuesta a la emergencia que recrudece de manera preocupante en medio de la pandemia.
Según un informe del Observatorio de Género de La Izquierda Diario, hay un femicidio cada 24 hs desde que se decretó el aislamiento obligatorio. Sin embargo, mientras el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad de la Nación se limita a difundir la línea 144, de asesoramiento a las víctimas; la capacitación en género para los poderes del Estado; el barbijo rojo y otras medidas similares, en Tucumán sigue sin haber un sólo refugio para las víctimas de este flagelo, y las trabajadoras del Observatorio de la mujer denuncian que están sin contrato y no cobran desde enero. A nivel nacional, la situación es en espejo: recursos más que escasos, presupuesto de 11 pesos por mujer y ataque a las condiciones de trabajo de quienes sostienen los programas de atención a las víctimas.
Alejandra cuenta que el próximo jueves, de realizarse la postergada sesión, el movimiento de mujeres tucumano asistirá a la puerta de la legislatura, para exigir que se apruebe la ley y para reclamar por medidas de fondo. "Está claro que nuestros derechos no vendrán de ninguno de estos sectores: ni del partido gobernante, ni de la oposición reaccionaria, ni de la cúpula clerical".
"Nuestra fuerza está en las calles, y en la confianza en nosotras mismas, en la capacidad para unirnos con quienes hoy salen a reclamar por sus derechos, para imponer una salida de fondo ante la crisis en curso, para que no haya una muerta mas por la clandestinidad del aborto, para que las víctimas de violencia puedan acceder a la vivienda, al salario, a los derechos elementales que garanticen su autonomía. Con esa perspectiva nos preparamos también -cuenta- de cara al próximo 3 de junio, a 5 años del primer Ni Una Menos".
