El martes 12 de mayo el gobierno ingresó un proyecto de Ley a la Cámara de Diputados con el cual Sebastián Piñera, junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, y el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, despacharon al Congreso una propuesta que, en sus fundamentos, altera de manera sustancial el acuerdo suscrito por Chile para dar reconocimiento jurídico a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.

Lo que buscas modificar esta ley es delegar al actual ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, como primer filtro ante la Corte Penal Internacional, dejando en sus manos si se acepta o no una eventual sentencia de La Haya. Rol que cumple actualmente el Ministerio Público.

EL objetivo de Piñera es otorgar un marco de impunidad, ante los fuertes cuestionamientos sufridos a nivel nacional e internacional por las graves violaciones de los derechos humanos cometidos por uniformados militares y de los cuerpos policiales a expensas de su gobierno con el objetivo de reprimir las manifestaciones que atravesaban el país durante la rebelión de octubre.

El proyecto buscaría que sea el poder ejecutivo quien tenga la capacidad de discernir sobre la pertinencia de aplicar la justicia internacional en el país en materia de derechos humanos, lo que sin duda sería un enorme sesgo, que de todas maneras tampoco dista mucho de la realidad ante la evidente colaboración institucional entre el ministerio público y los tribunales de justicia quienes han aplicado duras condenas contra los manifestantes detenidos por el estado mientras garantizan la impunidad de los uniformados involucrados en los abusos.